Extaractado
de La Razon - El escenario de confrontación por el carácter
originario de la Asamblea Constituyente y el mecanismo de
votación para decidir las reformas constitucionales llegó
hasta los ámbitos judiciales, mediante dos demandas y un conflicto
que se desató en el seno mismo del Poder Judicial. En el primer
caso, se encuentra una denuncia penal de los indígenas y campesinos
de Chuquisaca contra los cívicos y prefectos que anunciaron
el desacato a las reformas constitucionales que se aprueben
por mayoría absoluta y una demanda presentada por el ex diputado
masista, Manuel Morales Dávila. A ello se suma una disputa
surgida en el Poder Judicial, tras el pronunciamiento de la
Corte Suprema de Justicia sobre la ilegalidad del carácter
originario de la Asamblea Constituyente, hecho que inmediatamente
fue calificado como una ´intromisión´ por el Consejo de la
Judicatura. En el caso de la denuncia penal, será presentada
por las organizaciones campesinas e indígenas de Chuquisaca
a la fiscalía de este departamento, según anunció el abogado
Williams Laruta, asesor técnico de los constituyentes que
representan a estas organizaciones en la Asamblea.

Los delitos de los que acusan a los cívicos de las cuatro
regiones son ´sedición y atribuirse los derechos del pueblo´,
tipificados en el Código Penal. A ello se suma la denuncia
presentada el 26 de septiembre por el abogado Morales y un
grupo de ciudadanos a la Fiscalía General de la República,
en la que denuncian que el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas,
pagó la suma de 200 bolivianos por persona y armó con toletes
de madera a los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista para
hacer cumplir el paro cívico de las cuatro regiones, realizado
el viernes 8 del anterior mes. Agrega que en Tarija se promovieron
acciones parecidas con la creación de la ´juventud tarijeñista´
y que los cívicos amenazaron con ´separatismo´, por lo que
pide a la Fiscalía ´iniciar de oficio una acción penal pública´,
por los delitos de ´organización de grupos irregulares, atribución
de los derechos del pueblo, conspiración e instigación de
delinquir´. A estas demandas que coinciden en la tipificación
de los delitos, se sumaron voces oficialistas como las del
constituyente Raúl Prada y del representante del estado mayor
del pueblo, Hugo Moldiz, quienes sugirieron al Ejecutivo tomar
acciones legales contra estos sectores que en su criterio
convocaron a la sedición.

Mientras, el carácter originario de la Asamblea concentró
la atención en el Poder Judicial, tras que la Suprema emitiera
un comunicado en el que rechaza esta condición y aclara que
el proceso es derivado, ya que los asambleístas tienen la
única función de aprobar un nuevo texto constitucional, respetando
el vigente. ´Caso contrario, significará trastocar el orden
legalmente constituido, subvertir el sistema social y democrático
de derecho, poniendo en riesgo la integridad nacional, la
paz social y la seguridad nacional´, advierte. El consejero
Rodolfo Mérida opinó que la Suprema no debería intervenir

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