Considerando:

Que,
las políticas agrarias implementadas por los anteriores gobiernos
en nuestro país sólo han promovido el desarrollo de los grandes
latifundios, el tráfico de tierras, la especulación y el avasallamiento
sistemático de tierras comunitarias, condenando a los sectores
mayoritarios del área rural, indígenas, originarios, campesinos
y colonizadores a la extrema pobreza, y además de consolidar
el despojo de nuestros territorios ancestrales.

Que,
a diez años de la implementación de la Ley INRA no se ha logrado
sanear ni el 20% de la tierra en Bolivia, dilapidándose cuantiosas
sumas de dinero que sólo han servido para favorecer a unos
cuantos, consolidar la postergación y el recorte de las demandas
indígenas, originarias y campesinas en el marco de un proceso
lento, moroso, politizado y burocrático

Que,
los pueblos indígenas, originarios, campesinos, colonizadores
y sin tierra venimos exigiendo en el marco de la Ley en los
últimos años el cumplimiento de los objetivos de la Ley INRA
celebrando para ello innumerables acuerdos y compromisos con
el Poder Ejecutivo los que han sido burlados e incumplidos
permanentemente

Que,
los terratenientes, los gamonales y traficantes de tierra
han utilizado la fuerza persiguiendo, amedrentando y asesinando
a hermanos campesinos, colonizadores, indígenas y originarios
sin tierra, y en muchas oportunidades han utilizado los mecanismos
del Estado para justificar esa violencia.

Que,
desde el mes de julio de 2006, se viene discutiendo en el
Parlamento Nacional un proyecto de Ley de modificación de
la Ley Nº 1715 (INRA), denominada de "Reconducción Comunitaria
de la Reforma Agraria", por primera vez consensuada con todos
los sectores sociales y empresariales del país

Que,
este Proyecto de Ley está destinado a resolver los problemas
más urgentes de la tierra, estableciendo mecanismos claros
y justos para agilizar y transparentar el proceso de saneamiento
y titulación agraria, liquidar el latifundio improductivo,
terminar con la tenencia especulativa de tierras a manos de
terratenientes ilegales, ampliar la participación social en
la Comisión Agraria Nacional y posibilitar una equitativa
redistribución de tierras para indígenas, originarios y campesinos
que los incorpore al desarrollo nacional, garantizando sus
usos y costumbres, modos de producción y reproducción cultural;

Que,
además el plazo para la conclusión del saneamiento y titulación
de tierras señalado en la Ley INRA concluye el 18 de octubre
de este año 2006, para lo cual el proyecto de Ley en discusión
establece la posibilidad de prórroga de ese plazo para dar
continuidad a los procesos iniciados, tomando en cuenta que
más del 80% del país todavía no ha sido saneado hasta la fecha.

Que,
este proyecto está siendo irresponsablemente obstaculizado
en la Cámara de Diputados, a través de varias maniobras politiqueras,
por parlamentarios que no están de acuerdo en afectar los
intereses de los especuladores y traficantes de tierras, postergando
indefinidamente su tratamiento y aprobación. Permitiendo con
ello que algunos prefectos aprovechen la situación y pretendan
engañar con ofrecimientos de distribución de tierras y fuentes
de agua en flagrante atentado contra la Constitución y las
normas vigentes.

Por
tanto, las organizaciones sociales de todo el país reunidas
en la ciudad de Sucre, y ante esta injusta situación

Resuelven:

PRIMERO.-
Solicitar públicamente a las directivas de las cámaras de
Diputados y Senadores, así como a las jefaturas de bancada,
recibirnos en audiencias públicas, así como lo han hecho con
los sectores empresariales, a objeto de escuchar nuestra posición,
misma que inexcusablemente debe ser atendida. Les exhortamos
a cumplir con sus obligaciones constitucionales.

SEGUNDO.-
Exigimos al plenario de las cámaras de Diputados y Senadores
concluir de manera inmediata el tratamiento y aprobación de
la "Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria", en
los términos consensuados con todas las organizaciones sociales,
pueblos indígenas originarios y sectores empresariales del
país.

TERCERO.-
Declararnos estado de emergencia y movilización y de no aprobarse
la ley antes del 9 de octubre, advertimos a los parlamentarios
que iniciaremos movilizaciones indefinidas en todo el territorio
nacional.

Por
la unidad de originarios, colonizadores, campesinos e indígenas
de Bolivia.

Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB)
Federación Nacional de Mujeres Indígenas, Originarias y Campesinas
- Bartolina Sisa (FNMC-BS) Confederación de Pueblos Indígenas
de Bolivia (CIDOB) Consejo Nacional de Markas y Ayllus del
Qullasuyo (CONAMAQ) Coordinadora de Pueblos Ètnicos de Santa
Cruz (CPESC) Central de Pueblos Ètnicos Mojeños del Beni (CPEMB)
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Movimiento de Trabajadores
Campesinos Sin Tierra de Bolivia (MST - B) Asociación Nacional
de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable (ANARESCAPYS)

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