Nuevo estudio ratifica las denuncias de servidumbre
Extractado de Bolpress
El documento “Familias Guaraní Empatronadas – Análisis de la conflictividad” del equipo técnico del Programa “Fomento del Diálogo Intercultural en el Chaco Boliviano” del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica – DED se suma a la larga lista de trabajos de análisis e investigación realizados en la última década que observan con preocupación la existencia de comunidades indígenas guaraníes sometidas a un régimen de explotación laboral considerado por Naciones Unidas como una forma moderna de esclavitud.
“El Estado boliviano tiene en sus manos la enorme responsabilidad de resolver uno de los casos más dramáticos de trabajo forzoso y discriminación étnica que subsiste en el país –y en todos los países andinos–, mismo que se creía superado con la Reforma Agraria de 1953”, refiere este documento basado en información obtenida en una incursión a los municipios de Monteagudo, Muyupampa, Huacareta, Cuevo y Camiri en octubre de 2007.
El equipo investigador revisó documentos de la Defensoría del Pueblo, de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), y diversos textos legales generados en los últimos cuatro años. Otra parte de sus datos proviene del Taller “Análisis de Conflictos y Construcción de una Visión de Cambio y Paz para el Chaco Boliviano”, realizado por el DED en diciembre del 2007 en la ciudad de Santa Cruz.
El estudio describe que en un espacio territorial histórico guaraní sobreviven remanentes de un modelo de latifundio desarrollado a fines del siglo XIX, sustentado en una alta concentración de tierras, escasa inversión en tecnología pecuaria y agrícola, y el uso prioritario de fuerza laboral no remunerada.
Según el documento, a lo largo del siglo XX el Estado boliviano no sólo ignoró este sistema de dominación sino que lo alentó dotando grandes superficies de tierras a algunas familias vinculadas a las elites políticas regionales. De ahí que el latifundio chaqueño se expandió gracias a la “desidia y a un solapado respaldo estatal”. La Reforma Agraria de 1953 no tuvo mayores efectos en el Chaco boliviano, pues las haciendas mantuvieron a sus peones bajo las mismas condiciones de sujeción.
La crisis agropecuaria de los años 70 provocó que una parte de los guaraníes empatronados dejaran de ser utilizados como mano de obra. Muchos de ellos debieron partir de las haciendas y otros fueron contratados temporalmente por retribuciones en especie, en jornadas laborales que excedían las ocho horas.
Las familias que aún viven sometidas bajo un régimen de trabajo empatronado se encuentran en haciendas ubicadas en los municipios de Huacareta y Muyupampa (Chuquisaca) y en la jurisdicción que corresponde a la Capitanía del Alto Parapetí, municipios de Cuevo y Lagunillas, en Santa Cruz. La misma situación existe en las provincias Gran Chaco y O’ Connor del Chaco tarijeño.
El documento de la cooperación alemana en Bolivia observa que las familias guaraníes no acceden a educación escolar fuera de las relaciones de servidumbre, la paulatina pérdida de sus tradicionales formas de reproducción económica y de elementos culturales propios; el ejercicio limitado de derechos ciudadanos y de participación política; escasa integración con la economía regional y violencia física.
Citando información del Proyecto para la Liberación de las Comunidades Cautivas y Empatronadas Guaraníes (MDS; APG: 2005), el estudio menciona que existen 96 familias guaraníes empatronadas en el municipio de Lagunillas y 353 en Cuevo (Santa Cruz); y 500 en Huacareta y 100 en Muyupampa (Chuquisaca), haciendo un total de 1049 familias empatronadas.
La investigación “Familias Guaraní Empatronadas – Análisis de la conflictividad” identifica dos causas importantes de la conflictividad asociada con la servidumbre guaraní, una de carácter histórico y social; y otra que tiene que ver con la intervención estatal.
Son causas estructurales del conflicto el paulatino despojo de tierras a los guaraníes por parte de los hacendados en los últimos cien años, que se ha dado de manera simultánea a la construcción de una estructura de poder controlada por los propios hacendados o sectores afines a éstos.
El estudio identifica que la sociedad chaqueña se construyó sobre sistemas de valores de los grupos de poder. Desde esa perspectiva, el indígena fue considerado como “salvaje” “flojo” o inferior, con menos derechos que el “blanco/mestizo” y obligado a someterse a su patrón. Eso explicaba y justificaba la sanción o represión de cualquier acto de “rebeldía” y la indiferencia de la sociedad chaqueña frente a la existencia de poblaciones empatronadas.
En cuanto a la intervención del Estado, se puede decir que los gobiernos anteriores a 2003 no protegieron los derechos humanos de las familias empatronadas. Al contrario de lo que sucedió en la parte andina del país, la Ley de Reforma Agraria del 53 fortaleció el poder de los hacendados chaqueños, en desmedro de la población guaraní y en contradicción con sus propios postulados.
La Ley INRA de 1996 también favoreció a los propietarios de haciendas agropecuarias. En el marco de aplicación de esta Ley, los hacendados lograron la titulación de la mayor parte de la superficie que demandaron. Sin embargo, a la población guaraní se le concedió superficies mínimas, o simplemente no se la contempló en el proceso. La posibilidad de demanda de TCO que contemplaba dicha Ley, asumida por las comunidades de Alto Parapetí, fue constantemente postergada.
El poco interés por encarar el problema de la servidumbre guaraní se explica por el hecho de que los hacendados han formado parte o se relacionaron con los grupos de poder a través de partidos políticos. Ha existido una especie de complicidad entre intereses de hacendados y sus representaciones corporativas y las diferentes instancias del Estado, a nivel local y/o nacional. Así pudieron neutralizar cualquier intento de política pública a favor de la erradicación del empatronamiento y del trabajo forzado.
Por otro lado, la débil presencia estatal en la región no permitió la aplicación de procedimientos funcionales básicos de justicia que garanticen el ejercicio de derechos humanos de la población guaraní.
Según el documento, las normas legales vigentes, los tratados internacionales a los que se halla adscrito el Estado, el respaldo de la Cooperación Internacional y de numerosas organizaciones no gubernamentales, así como la decisión política de las organizaciones políticas guaraníes configuran un escenario favorable para transformar de manera definitiva y pacífica la realidad de las familias guaraníes empatronadas.
Cada vez más familias empatronadas conocen sus derechos y empiezan a ver de otra manera sus relaciones con los hacendados, aunque todavía no han desarrollado capacidades organizativas y políticas lo suficientemente fuertes como para jugar un rol protagónico en el conflicto.
Los hacendados han percibido que su precaria situación legal en relación con sus trabajadores y como propietarios de tierras; por lo que comprenden que los espacios de poder que detentaban en la región están cambiando.
La investigación deja sin respuesta tres preguntas centrales en la actual coyuntura:
¿El Estado será capaz de responder a las expectativas de las familias empatronadas (nuevos asentamientos con condiciones de vida dignas) y de las organizaciones indígenas (reconstitución territorial del pueblo guaraní) sin atizar aún más la confrontación? ¿Podrá brindar seguridad al personal involucrado en la aplicación de los procedimientos legales establecidos (saneamiento)?
¿Tendrá disposición política de promover la convivencia intercultural y pacífica entre los diferentes actores regionales involucrados que comparten el espacio territorial chaqueño?
VER DESCARGAR - El documento completo de “Familias Guaraní Empatronadas – Análisis de la conflictividad” del equipo técnico del Programa “Fomento del Diálogo Intercultural en el Chaco Boliviano” del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica – DED
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