El Gobierno expropia 180 mil hectáreas para los guaraníes
La Prensa
Reconducción. El Gobierno de Evo Morales promulgó ayer un decreto con el que dispone la expropiación de 180 mil hectáreas, con indemnización, en las provincias Luis Calvo y Hernando Siles del departamento de Chuquisaca para entregarlas a comunidades guaraníes sujetas a la servidumbre.
Entre los 14 pueblos beneficiarios están: Tierra Comunitarias de Origen Itikaraparirenda, Asociación Comunitaria Zona Huacareta, Tentayapi, Asociación Comunitaria Zona Machareti, Avatiri Ingre, capitanías guaraníes de Ingres, entre otros.
El Estado pagará —dice el director nacional interino del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas— las 180 mil hectáreas a un precio de mercado que oscila entre 20 y 40 dólares por hectárea, lo que da unos siete millones de dólares, que incluye además las inversiones realizadas.
El número de familias indígenas beneficiadas supera las 500.
Ésta es la primera expropiación que se realiza en el marco de la nueva Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de noviembre de 2006, cuyo reglamento fue promulgado el 2 de agosto pasado. Esa norma estableció la posibilidad de expropiación con indemnización exclusivamente en beneficio de los pueblos indígenas que no pueden ser reubicados.
La norma
El artículo 1 del decreto señala: “El presente decreto supremo tiene por objeto establecer la existencia de la causal de expropiación por utilidad pública de reagrupamiento y redistribución de la tierra, con fines de dotación a favor del pueblo indígena guaraní del departamento de Chuquisaca”.
El ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo, anunció que además de la expropiación el Gobierno impulsará un plan integral de recuperación de estas comunidades que incluye la dotación de insumos para la siembra, salud, educación, capacitación, entre otros beneficios.
El artículo tres del decreto de expropiación determina que el Tesoro General de la Nación (TGN) programe “los recursos económicos necesarios para la cancelación de los montos de indemnización”.
En la zona del Chaco guaraní, los comunarios vivían en un régimen de servidumbre: personas sin tierra que trabajaban para el patrón a cambio de comida, ropa y techo. Aunque nominalmente recibían un pago pero nunca veían del dinero puesto que el dueño les vendía esos artículos con sobreprecio, de modo que ellos quedaban endeudados al final de cada mes. Hay adeudos heredados a los hijos.
Las razones
Entre los argumentos del decreto figura que “se ha determinado que el pueblo guaraní del departamento de Chuquisaca (...) no ha sido ni podrá ser, como resultado del proceso de saneamiento y distribución de tierras fiscales, dotados con tierra suficientes en cantidad, calidad y ubicación geográfica para asegurar su subsistencia física y reproducción étnica, concluyéndose que las necesidades espaciales del pueblo guaraní no han sido satisfechas (...)”.
El viceministro Alejandro Almaraz, en agosto pasado, anunció que la expropiación de tierras beneficiará a los pueblos tapiete, wenayec y yaminawa, además de los guaraníes, quienes fueron los primeros en ser beneficiados con ese mecanismo. La extensión que será afectada con este procedimiento en favor de los indígenas llegará al millón de hectáreas.
El decreto debía ser presentado ayer en la comunidad Huacareta, en el municipio de Monteagudo, pero el Presidente Evo Morales no pudo llegar debido a problemas en las combinaciones aéreas y el acto fue postergado para hoy.
Pero Morales anunció ayer esta acción en la promulgación de la Ley de Renta Dignidad, realizada en una ceremonia en la plaza Murillo, donde hizo mención a la abolición de la “esclavitud en el Chaco”.
Rogelio Molina: (36 años)
Estaba entre la muchedumbre guaraní que esperaba ayer en la Plaza de Huacareta la llegada del presidente Evo Morales, con más cansancio que ilusión. “Yo ahora voy a trabajar cuando yo quiero”, cuenta, pero admite que nació en una hacienda, de donde salió recién hace tres años.
No sabe leer, ni escribir. Su padre tampoco. Y su abuelo tampoco sabía. Y desde ese ancestro nació su familia en un pueblo cercano a Huacareta. “Es que hace 30 años no había escuela y él más cercano era Sucre, por lo que no podíamos asistir, pero luego, cuando ya hubo escuelita, ya no podía asistir porque había que trabajar”.
Dice que él, como toda su familia —ya que tiene mujer, la conoció en la hacienda, y sus nueve hijos— cooperaban en la siembra del maíz y del ají, pero ahora queda poco de ese trabajo, ya que algunos de los hacendados hace una década dejaron la agricultura y se pasaron a la ganadería.
“Eso ya requiere poca mano de obra”, por lo que también es barata”. Él dice que no sufrió lo que su padre, “a mí sí llegaron a pagarme, por eso ahora cuando quiero, trabajo con el patrón”, entonces trabajo por jornal en lo que “le caiga”: un día es carpintero, otro día es peón, otro es vaquero.
Es más, desde hace tres años ya tiene una pequeña chacra donde cosecha lo que se pueda, el maíz sólo abastece para alimentar a la familia.
Los comunarios como él estaban congregados en la plaza de Huacareta para el acto de promulgación del decreto de expropiación de 180 mil hectáreas en dos provincias del departamento de Chuquisaca, donde se denuncia que aún existe el sistema de servidumbre.
Tres haciendas rervertidas al Estado
El director nacional interino del INRA, Juan Carlos Rojas Callizaya, dijo que en el proceso de saneamiento se identificó en las provincias Luis Calvo y Hernando Siles tierras insuficientes para favorecer a los pueblos guaraníes, que es el área donde históricamente han vivido.
“Por ejemplo, en el caso de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Abatire Ingre, sólo develó 20 hectáreas a favor de esa TCO, ya que son más de 10 comunidades que hacen más de 500 familias y tienen una demanda por más de 80 mil hectáreas y un estudio hecho por el INRA incluso demuestra que deberíamos dotarle de una cantidad mayor”.
El precedimiento se inicia a denuncia o de oficio si se considera que una porción de tierra no está cumpliendo la Función Económico Social (FES). Pero además este proceso se desarrolla porque hay relaciones servidumbrales (los peones trabajan a cambio de comida y no tienen tierra) que se ejercen en las haciendas de esa región entre trabajador y contratante.
Son tres las haciendas expropiadas, territorio que es objeto de saneamiento desde noviembre de 2006: dos en Huacareta y otra en el Cañón del Ingre, camino a Monteagudo. “Estas se convertirán en tierra fiscal”.
El decreto de expropiación indica que el proceso no puede llevar más de dos a tres meses, pero Rojas explica que por tratarse de la primera vez en el país, posiblemente la tramitación se alargue antes de que la tierra sea entregada a las comunidades indígenas guaraníes.
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