La primera acción estatal contra el latifundio
Miguel Lora Fuentes
Bolpress
El Viceministerio de Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) intentan recuperar de manos privadas las haciendas Yasminka (12.587 hectáreas) y Laguna Corazón (14.364 hectáreas) ubicadas en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. En extensión, ambas propiedades son más grandes que las ciudades de La Paz y El Alto juntas.
El INRA anuló el proceso de saneamiento de Yasminka y ordenó su reversión a favor de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Guarayos; en tanto que el Viceministerio pidió al INRA nacional anular obrados del trámite de saneamiento del predio Laguna Corazón hasta la etapa de pericias de campo.
Se trata de la primera acción directa del Estado contra el latifundio. La Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, vertebral en el programa de gobierno de Evo Morales, debuta afectando los intereses de los hacendados cruceños Marinkovic, familiares del líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz Branco Marinkovic, principal impulsor del bloque cívico opositor de la “media luna” y alto dirigente de la burguesía agroindustrial del oriente.
El gobierno alega estar reencausando los viciados trámites agrarios de Yasminka y Laguna Corazón que se llevan adelante desde 1997-98, los cuales ejemplifican cómo gente poderosa vinculada a la producción de soya se apoderó de miles de hectáreas en el oriente del país con la complicidad de ex autoridades del INRA, jueces y dirigentes indígenas sobornados, violentando leyes y alterando datos de sus expedientes agrarios.
En el gobierno hay gente que no se conforma con eliminar la posesión “ilegal”, sino que quiere ver presos y hacer pagar a quienes pretendieron robar tierras a los indígenas. Marinkovic se ha declarado “perseguido político”.
El contexto
La Ley del INRA N. 1715 estableció como regla de oro en el saneamiento y titulación de las TCOs que nadie puede tomar tierras de hecho y todo asentamiento posterior a la promulgación de la norma (octubre de 1996) es considerado ilegal y pasible al desalojo con la fuerza pública. Los derechos de terceros asentados pacíficamente antes de esa fecha y con títulos en regla se respetan, pero la tierra ilegal se revierte a favor de las TCOs indígenas, precautelando su derecho al uso y aprovechamiento de los recursos naturales del territorio. Los predios Yasminka y Laguna Corazón fueron tramitados por la familia del actual presidente del Comité Cívico de Santa Cruz después de 1996.
El 30 de agosto de 1996, el pueblo guarayo, como parte de las 16 demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), pidió la titulación de sus tierras que abarcan una extensión de 2,205.369 hectáreas con 8.945 metros cuadrados. La demanda fue admitida por el INRA y la tierra fue inmovilizada en julio de 1997. La Ley INRA reconoció los derechos territoriales de los pueblos indígenas y en la disposición transitoria tercera de la Ley 1715 estableció un mandato con fuerza de ley para el saneamiento y titulación de las 16 solicitudes de indígenas de tierras bajas en un plazo de 10 meses.
Una parte de Yasminka está dentro de la tierra comunitaria de origen reclamada por el pueblo indígena guarayo. El 100 por ciento del predio Laguna Corazón se encuentra dentro de la Reserva Forestal de Guarayos creada por decreto supremo 08660 de 1969, que prohíbe expresamente asentamientos humanos y la otorgación de derechos agrarios en la Reserva.
Historia de Yasminka
El 14 de octubre de 1998, los esposos Robert Jakuvek Fojs y Yasminka Catarina Marinkovic de Jakuvek solicitaron al director departamental del INRA de Santa Cruz José Luis Santiestéban la tenencia de cinco mil hectáreas de “terrenos baldíos y vírgenes”, a 120 kilómetros de Ascensión de Guarayos para darles función social. Respaldó su solicitud José Torres Torres, ejecutivo de la Central Campesina de la Provincia Guarayos.
El 30 de noviembre de 1998, el matrimonio Jakuvek-Marinkovic demandó saneamiento de 12.152 hectáreas ubicadas a 60 kilómetros de la comunidad Santa María en el camino carretero Santa Cruz–Beni (a 120 kilómetros al norte de Ascensión de Guarayos, dentro del cantón Yaguarú), “en mérito a la pacífica posesión de hecho y de derecho desde 1993”. Adujeron que cumplían con la Función Económica Social de ley, cuando un mes antes habían reconocido que las tierras “baldías” pertenecían al Estado. La contradicción fue comunicada al director departamental del INRA en el informe técnico jurídico N. 097/2001.
El INRA aceptó el trámite de “saneamiento simple” del predio ubicado dentro de una TCO en proceso de saneamiento que estaba inmovilizada, y no tomó en cuenta imágenes satelitales de 1996 que mostraban sólo monte alto y no actividad humana en la zona demandada. En las pericias de campo realizadas en julio de 2000, los técnicos del INRA evidenciaron un desmonte de 100 hectáreas y alrededor de 30 vacas. Estirando las normas como chicle para favorecer al máximo a los Marinkovic –grafica el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz– certificaron el cumplimiento de la FES en 2.500 hectáreas.
La norma instruye reconocer solo la superficie que cumple la FES cuando no hay un título perfecto o cuando el título tiene vicios de nulidad, pero a los empresarios les convalidaron 2.500 hectáreas, dizque por la existencia de servidumbres ecológicas. La familia tendría que haberse dado por sobre satisfecha, pero quería más.
El 21 de agosto de 2002, los Marinkovic firmaron un “acta de conciliación” con los dirigentes guarayos Tomas Rojas Iraipi, Sigfredo Terrazas y Hildeberto Arinori, que se les reconocía la FES de otras 10 mil hectáreas. De esta forma Yasminka creció en extensión de 2.558 hectáreas y 9239 metros a 12.587 hectáreas y 4019 metros.
En el acta de conciliación aparecen las firmas de Henry Escalante, como abogado de los guarayos (comenzó trabajando para los indígenas en el CEJIS, pero con el tiempo se fue entendiendo mejor con los latifundistas; hoy es alto funcionario de la Prefectura de Santa Cruz) y Jorge Amantegui, asesor legal de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz - FEGASACRUZ (actualmente jefe de gabinete del Prefecto Rubén Costas).
Además, firmaron la conciliación la directora interina del INRA Santa Cruz de entonces Eliane Beatriz Capobianco Sandoval (actual constituyente de Podemos) y Silvia Ximena Ovando Bilbao la Vieja, ex directora nacional de TCOs. Ambas autoridades violentaron la normativa y validaron el mecanismo ilícito de la “conciliación” para beneficiar a los empresarios, y ahora el gobierno las enjuicia por la comisión del delito de uso indebido de influencias.
La Ley del INRA dice expresamente que la función económica social (FES), la base para el reconocimiento de derechos, se verifica en pericias de campo (arts. l66 I 3 de la Ley 1715 y 290 – 293 del D.S. 25763). La verificación de la FES significa contar las vacas y medir el terreno haciendo uso de tecnología de punta. Sin embargo, a fines de los 90, las ex autoridades utilizaron la novedosa figura de “conciliación entre partes” para entregar derechos propietarios de la tierra y admitieron documentos privados de dudosa validez como pruebas de cumplimiento de la FES. En el caso de Yasminka, se recibieron “notas de entrega” y “notas de crédito”, documentos privados de carácter doméstico sin valor probatorio alguno.
Lo que sorprende al Viceministerio de Tierras es que cuatro años después de las pericias de campo, en 2004, apareció misteriosamente en el plano del predio Yasminka un punto geodésico que no se había visto antes, el cual extendió la propiedad de los Jakuvek-Marinkovic hasta un pequeño, antiguo y legal descampado de 35 hectáreas anterior a 1996 denominado “Once por ciento”. Alguien manipuló los planos para que esta propiedad sea utilizada para justificar que el asentamiento de los Marinkovic era anterior a 1996. Almaraz asegura que el propietario del pequeño predio, Santos Méndez Carrillo, ni siquiera se ha enterado de que se valieron de sus tierras y se atribuyeron su trabajo para acreditar derechos inexistentes.
El caso Laguna Corazón
La estrategia desplegada para apoderarse de este paraíso terrenal con una laguna de 1.400 hectáreas fue similar a la empleada en el caso Yasminka, es decir falsear la realidad de ocupación y posesión y hacerla aparecer anterior a 1996. Pero, la responsabilidad penal se agrava porque en este caso la familia Marinkovic presentó títulos de propiedad con datos falsos.
El enmarañado trámite de saneamiento del predio Laguna Corazón comenzó el 13 de julio de 1997, cuando el padre de Branco, Silvio, solicitó saneamiento de tres expedientes o antecedentes agrarios de los predios Laguna Corazón, Chuturubí y un tercero sin nombre.
El fundo rústico Laguna Corazón, adquirido a Blanca Fernández viuda de Gutiérrez, tiene una extensión de 894 hectáreas y encierra una laguna de 1.400 hectáreas. En los croquis de los documentos originales de reforma agraria el predio abarca una cierta cantidad agua, pero la familia ahora se atribuye la propiedad de todo el espejo de agua, el que inclusive fue alambrado. La única posibilidad de que la propiedad encierre a la laguna es que sea un anillo, una lonja de tierra en torno a al espejo de agua, pero ninguno de los planos presentados por Marinkovic elaborados por el Instituto Geográfico Militar (IGM) muestra eso.
El predio Chuturubí es una supuesta posesión de 5.521 hectáreas sin antecedente agrario comprada a Norberto “Buby” Salomón Soria según minuta del 14 de agosto de 1996 y reconocida en sus firmas casi un año después, el 14 de julio de 1997. “Buby” Salomón, ex militar, es padre de René Salomón, gerente de la CAO en ese tiempo y que luego fue Director del INRA. Imágenes satelitales demuestran que no había ninguna intervención salvo un pequeño descampado de 100 hectáreas que no justificaba la posesión y menos la acreditación de un derecho propietario de más de 5 mil has.
El tercer predio sin nombre fue obtenido por S. Marinkovic a través de un interdicto contra su vecino al norte de Laguna Corazón de nombre Rojas Suárez, quien jamás supo de la existencia del proceso. Este interdicto, que es un juicio rápido de resultado provisional, fue tramitado ante el juez instructor de la ciudad de Cotoca Lucas Saucedo Justiniano, quien en una sentencia judicial otorgó a Silvio Marincovic la posesión de un área 4.958 hectáreas.
Según el viceministro Almaraz, este juicio no existió en realidad sino que se lo hizo aparecer con el propósito de acaparar más tierras alrededor de la laguna. Fue un proceso totalmente irregular, primero porque se sustanció en ausencia del demandado; segundo porque los Marinkovic pidieron que les reconozca tierras ubicadas al norte y se les concedió tierras hacia el este, y tercero porque Saucedo no tenía competencia de conocer interdictos sobre propiedades rurales.
Mediante memorial del 15 de octubre de 1997, Radmila Jovicevic, la esposa de Silvio y madre de Branco, solicitó el saneamiento de una cuarta propiedad, el fundo rústico denominado Soledad o Montenegro, de 1.575 hectáreas, adquirido a Warnes Cortez Asbún. Esta propiedad fue transferida el 12 de noviembre de 2001 a la empresa agropecuaria Laguna Corazón, representada en ese entonces por su hijo Branco.
A Soledad se la conoce como “la propiedad de los árboles caminantes” porque en las pruebas de posesión y cumplimiento de la FES que los Marinkovic presentaron en su solicitud de saneamiento aparecen tres fotografías de un descampado con un grupo de árboles y de vacas, que son exactamente las mismas fotografías mostradas por Silvio en el trámite de saneamiento de Laguna Corazón, que está situada a kilómetros de distancia.
El 4 de septiembre de 2002 Branco Marinkovic complementó documentación para el saneamiento de siete propiedades: Laguna Corazón (894 ha), San Pablo (5.266 ha), Montenegro o Soledad (1.575 ha), otro San Pablo (de 1.500 ha), Santa Teresita (2.062 ha), San Gerardo (2.000 ha) y Las Liras (1.067 ha), haciendo un total de 14.364 hectáreas.
El 18 de octubre de 2004, el empresario presentó un testimonio de fusión de las propiedades, en el que ya no aparecen el predio Chuturubí y el obtenido mediante interdicto. En su lugar surgieron nuevas propiedades con antecedentes agrarios que parecen ser auténticos y tramitados ante el INRA: la cooperativa San Pablo, Santa Teresita y San Gerardo, todas acomodadas alrededor de la laguna.
Los últimos dos predios, Santa Teresita y San Gerardo, conocidos como los “expedientes gemelos”, fueron adquiridos después de las pericias de campo. Llama la atención de los técnicos del Viceministerio de Tierras el hecho de que ambos tienen un número de registro en Derechos Reales correlativo, pero con un mes de diferencia entre uno y otro, lo que supondría que en ese mes nadie registró ni una sola propiedad en todo el departamento de Santa Cruz.
Las irregularidades
Luego de las pericias de campo en 2001 las autoridades evidenciaron dos delitos graves en el trámite de saneamiento de Laguna Corazón: alteración de fichas catastrales y modificación irregular de las coordenadas de ubicación de los predios, lo que vulgarmente se conoce como “expedientes voladores”.
Según las coordenadas que aparecen en los antecedentes agrarios, Santa Teresita y San Gerardo están situadas a 24 y 27 kilómetros de distancia de la laguna, respectivamente, pero en los documentos de transferencia presentados ya por no Silvio sino por su hijo Branco ambas propiedades aparecen alrededor de la laguna, es decir en una ubicación geográfica distinta. Ocurre lo mismo con Las Liras y San Pablo. En los antecedentes agrarios, el predio Las Liras está ubicado a 27 kilómetros al norte de la laguna, y San Pablo, a 195 kilómetros al sur.
En los antecedentes agrarios de las cuatro propiedades se observan unas coordenadas y en los documentos de transferencia, otras con un claro objetivo: cercar la laguna, aunque un análisis técnico del Viceministerio de Tierras confirma que alrededor de la laguna nunca hubo alguna propiedad, ni en los hechos ni en los papeles.
El delito denominado “vuelo de expedientes”, también tipificado como falsedad ideológica, es un mecanismo muy usado en los fraudes del saneamiento.
Por otro lado, la imagen satelital del predio Laguna Corazón en 2001 mostraba cultivos de soya en 900 hectáreas con sus características murallas rompevientos. Es indiscutible que se trataba de cultivos porque se hizo análisis de reflectancia y se comparó con otras imágenes más modernas de mejor resolución. Alrededor de los cultivos, se observaba 600 hectáreas y pico de pastizales.
En la ficha catastral llenada y firmada por Branco Marinkovic el 30 de septiembre de 2001 se registra 3.600 cabezas de ganado, un hato considerable existente sólo en las haciendas más grandes. Lo curioso es que en la ficha aparece un borrón con corrector líquido en la casilla correspondiente a la superficie ganadera de potrero, sobre la cual se reescribió la cifra 1.859 hectáreas. Un perito del Instituto de Investigaciones Criminalísticas, a solicitud del Viceministerio de Tierras, hizo un análisis a contraluz y descubrió que debajo aparece el número 600 y pico.
¿Por qué borraron? Porque en 600 hectáreas de potreros no se puede criar 3.600 vacas, salvo que las reces hayan aprendido a vivir sobre la soya o que sean acuáticas, ironiza el viceministro Almaraz.
Estas irregularidades se confirmaron luego con el propio plan de ordenamiento predial (un plan sobre cómo se usará la tierra con categoría de declaración jurada) que los Marinkovic presentaron a la Superintendencia Agraria a fines de 2001, reconociendo 600 hectáreas de potrero y 900 de cultivos.
Branco aseguró que las tierras observadas no son suyas sino de sus hermanas. La hacienda Yasminka efectivamente es reclamada por su hermana y su cuñado, pero Laguna Corazón, que es la más valiosa, originalmente fue tramitada por una sociedad anónima constituida por Silvio, Yasmila y Branco. Después se consumó la transferencia de los padres a sus tres hijos, Yasminka, Tatiana y Branco, y este último pasó a controlar de 10 a 45 por ciento de las acciones de la empresa. Branco se convirtió en representante legal de la empresa en 2001, cuando se hicieron las pericias de campo y cuando se cometieron los fraudes.
El proceso a seguir
Los casos Yasminka y Laguna Corazón han generado cuatro procesos penales, dos en contra de la familia Marinkovic-Jakuvek por la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, uso indebido de influencias y prevaricato.
Un tercero fue entablado por Branco Marinkovic en contra del Viceministro Almaraz por los delitos de difamación, injurias y calumnias.
Curiosamente, el 20 de julio de 2007 apareció una cuarta demanda iniciada por Rubén Darío Bascopé Hurtado, ciudadano anónimo que presenta su denuncia y luego desaparece. El proceso es curioso porque los imputados Branco, Yasminka, Silvia Ovando y Eliane Capobianco se presentan voluntariamente ante el fiscal para que se les recepcione sus declaraciones informativas en las que se someten al derecho al silencio.
Se presume que este cuarto proceso fue “fabricado” para trasladar los dos primeros casos al distrito judicial de Santa Cruz, donde el líder cívico goza de amplias influencias. El plan de Marinkovic dio resultados, pues los procesos fueron trasladados a competencia de jueces de la ciudad de Santa Cruz.
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Las propiedades de los Marinkovic en Santa Cruz
Las haciendas Laguna Corazón y Yasminka no son las únicas propiedades de los Marinkovic en Santa Cruz. Según los archivos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la familia tiene al menos otros nueve predios en las provincias de Guarayos, Chiquitos, Ñuflo Chávez, Sarah y Obispo Santiestéban.
Nilson Medina y Tatiana Marinkovic son dueños de Las Londras y Sudán de una extensión de 4.357 hectáreas con 7.072 metros en la provincia Guarayos. Tatiana también es poseedora de la propiedad Santa María de 1.914 hectáreas con 4127 metros en Guarayos. Son de propiedad de Radmila Jovicevic de Marinkovic las haciendas Las Petas I y II, de 3.132 hectáreas con 4113 metros, ubicadas en Chiquitos. Yasminka Catarina Marinkovic posee un predio de 3.173 hectáreas con 2972 metros denominado Los Alamos en Chiquitos.
Yasminka también es dueña de la hacienda La Esmeralda de 250 hectáreas ubicada en Chiquitos, en tanto que Tatiana aparece como co propietaria de la Agropecuaria Modelo y Montenegro (junto a Elvio Luis Perrogón Toledo), un predio de 18.433 hectáreas con 9879 metros ubicado en Chiquitos. Ambas carpetas se encuentran en la oficina departamental del INRA de Santa Cruz.
Silvio Marinkovic Svarcic es dueño del predio Perico San Antonio 1 de siete hectáreas con 4645 metros en la provincia Ñuflo de Chávez. En el expediente 730-SC aparece como titular inicial Luis Paz Zambrana, siendo Marinkovic el sub adquiriente.
Silvio también es propietario de El Alamo, un predio de 1.317 hectáreas con 1294 metros ubicado en la provincia Sarah. El INRA identificó el antecedente agrario N. 13686, con número de título pro indiviso 386560 a su nombre, pero se desconoce si existe un proceso de saneamiento actualmente.
Finalmente, Adam Marinkovic Yaksic y José Masanes Sole se presentan como propietarios de la hacienda La Estacada de 250 hectáreas en la provincia Obispo Santiestéban; se desconoce si existe un proceso de saneamiento actualmente.
En total, la familia del presidente del Comité Pro Cívico de Santa Cruz poseería al menos 14.150 hectáreas, sin contar la Agropecuaria Modelo y Montenegro de 18 mil hectáreas, que es propiedad compartida, y sin tomar en cuenta a Yasminka (12.587 hectáreas) y Laguna Corazón (14.364 hectáreas).
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Marinkovic taló árboles en una reserva forestal protegida
El empresario y líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz Branko Marinkovic ha talado al menos 972 hectáreas de bosque en la hacienda Laguna Corazón. El 100 por ciento del predio está dentro de la Reserva Forestal de Guarayos creada por decreto supremo 08660 de 1969, el cual prohíbe expresamente asentamientos humanos y la otorgación de derechos agrarios en la zona.
La Superintendencia Forestal sancionó en tres oportunidades a Marikovic por desmontes ilegales que se suceden desde el año 2000. Según un reporte oficial, el empresario tuvo que pagar multas y patentes por contravenciones en 2000, 2004 y 2006.
Marinkovic fue multado por talar 47,9 hectáreas en 2000 y 163,63 hectáreas en 2006 en la hacienda Laguna Corazón. En 2004, la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón fue multada por derribar 761, 25 hectáreas de bosque en el mismo predio.
Además, la Superintendencia sancionó a la Empresa en 2006 por desmonte de 213 hectáreas en Tierras Bajas del Norte, mientras que Branco fue observado el mismo año por desmontar 126 hectáreas en El Tiluchi y Jacarandá, ubicados en la provincia Chiquitos, municipio de Pailón.
Hace poco, el empresario trasladó a un grupo de periodistas hasta el predio Laguna Corazón con el fin de demostrar que cumple la función económico social. El director regional del INRA Santa Cruz Dionisio Rivas declaró que Marinkovic se delató al intentar mostrar que este predio es productivo. “Todo el mundo sabe que Laguna Corazón está dentro de una reserva forestal. Si él (Marinkovic) está mostrando a la prensa que está desmontando en esa zona, lo que estaría haciendo más bien es desnudar que está atentando contra el medioambiente, que está haciendo actividad donde no debería hacer”, declaró Rivas.
Según el director general de Tierras Comunitarias de Origen del Viceministerio de Tierras, Bienvenido Zacu, la familia Marinkovic cometió un gran error y se metió en problemas al comprar tierra a acaparadores. “Su asesor jurídico le hizo meter la pata, lo engañaron, lo estafaron en otras palabras. Es indudable que hizo trabajos (en Laguna Corazón), pero lo hizo sobre un área protegida. Hace actividad agropecuaria en una zona de aprovechamiento forestal. Es como si alguien construyera su casa sobre un área verde. Ahora no le queda otra que reconocer sus errores”, observó la autoridad.
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En Guarayos inventaron un nuevo método para concentrar tierras: la “conciliación”
Hace algunas semanas apareció en La Paz un grupo de dirigentes de la denominada Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos, liderados por Freddy Torrico, para defender las tierras de Branco Marinkovic. Torrico y otros tres dirigentes –Saturnino Moreno, Carlos Vaca y Felipe Male U.– tienen orden de declarar ante al Ministerio Público por vender irregularmente 26 mil hectáreas de su pueblo a empresarios privados. A Torrico se lo acusa, inclusive, de firmar “contratos de riesgo compartido” con latifundistas.
La provincia Guarayos de Santa Cruz es conocida en el INRA como la tierra de las conciliaciones, un método muy usado por latifundistas que no cumplen la función económica social (FES) y que “concilian”, o mejor dicho negocian, con dirigentes indígenas para tramitar predios ante el INRA.
Sólo en la provincia Guarayos se firmaron 48 actas de conciliación fuera de la ley que validaron la posesión de enormes extensiones de tierras a favor de empresarios, con la venia de ex autoridades como Silvia Ovando, asegura Bienvenido Zacu, director general de TCOs del Viceministerio de Tierras.
Zacu, antiguo dirigente guarayo y que ahora ocupa funciones de gobierno, conoce muy bien quién es quién en la provincia Guarayos y es uno de los líderes indígenas que denunció en 2004 que los Marinkovic alambraron la Laguna Corazón y le pusieron candado, pese a que el cuerpo de agua es un bien de dominio de público que no puede ser privatizado.
El director de TCOs recuerda que los indígenas pagados por Marinkovic intentaron secuestrarlo dos veces en lo que va del año con el fin de amedrentarlo. En abril, el mismísimo Branco Marinkovic lo hizo llamar para advertirle que tenía gente en Guarayos que saldría en defensa suya. “Es una vergüenza, (Marinkovic) ni siquiera es dueño de la tierra, es un inquilino, pero cierra la laguna, construye su cabaña y amenaza a las autoridades”, protesta la autoridad.
Ranking de los vendedores de TCOs en Guarayos
Un “Tribunal disciplinario” conformado en la asamblea realizada en San Pablo en noviembre de 2005 investigó las conciliaciones realizadas por dirigentes de la provincia Guayaros y logró estructurar un ranking de los líderes indígenas que más dinero recibieron por vender tierras a los empresarios.
El primer lugar aparece Walter Bruno Banegas, que habría recibido por sus servicios al menos 287.500 dólares. Le siguen los dirigente Santiago Bejarano, Fermín Aricoi y Serafín Aricari, quienes habrían obtenido hasta 210 mil dólares por vender tierra guaraya.
En el ranking de los vendedores de tierras figuran luego Sigfredo Terrazas y Estanislao Tamacuine (175 mil dólares); Ignacio Cossío y Dominga D. Montero Justiniano (122.825 dólares; Eduardo Apiresai M. (100 mil dólares); Angel Moirenda, Jorge Daza Perez, Hildeberto Arinori y Sigfredo Terrazas (80 mil dólares); Enrique Nuñez Suárez (47.500 dólares); Pedro Urañe, Juan Bautista Abacay, Estanislao Abiyu, Tomas Castro Uranongar, Anselmo Yabandier y Adrian Cuñanpuary (45 mil dólares); Estanislao Tamcuine,
Serafín Aricari, Tomas Abiyuna Yabamdire y Mario Vaca Román (28.440 dólares); Severo Lopez Villarroel (30 mil dólares); Angel Moirenda Amae y Sigfredo Terrazas Urugo (9.500 dólares); Fermín Aricoi Yapori y Jose Arandia Malpartida (8 mil dólares); y Concepción Moinguir de Iraipi, que habría ganado cinco mil dólares por “conciliar” con los latifundistas.
Este tribunal disciplinario calculó que se vendieron hasta 109 mil hectáreas de la TCO de Guarayos por un valor aproximado de 1,1 millones de dólares, y recomendó a la Asamblea indígena que todos los individuos que hayan sido parte de estos delitos “reciban un castigo de acuerdo a nuestros usos y costumbres, así también de acuerdo a las leyes penales vigentes”.
El tribunal recomendó que todos los bienes que hayan sido obtenidos a través de la comercialización de la TCO Guarayos sean transferidos en beneficio de la organización matriz COPNAG y de las centrales comunales afectadas.
Se pidió investigar y congelar las cuentas bancarias de dirigentes involucrados en el negocio ilegal de la tierra, y traspasar el dinero a nombre de la organización matriz y de las centrales comunales. Los vendedores fueron declarados “enemigos de la organizaciones” y se pidió que nunca más tengan derecho a participar y ocupar cargo dentro de la estructura orgánica del movimiento indígena.
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Valdimir Marinkovic, abogado de la familia:
“Es un ataque político”
Se demostró lo que pregonamos siempre: que las acciones del gobierno en los casos Yasminka y Laguna Corazón no pasan de ser un mero ataque político a una persona que cumple coyunturalmente determinadas funciones. Estamos convencidos de que si Branco Marinkovic no hubiera sido presidente del Comité Cívico, probablemente no tuviéramos que sufrir estos ataques, afirma Valdimir Marinkovic, abogado de la familia cruceña.
Según el abogado, las recientes pericias de campo realizadas en el predio Laguna Corazón demuestran que no hay “árboles ni vacas voladoras”, y que la función económica social de los dos predios se cumplen en demasía en lo que se refiere a carga animal e inversión.
Marinkovic siente que sus defendidos están siendo avasallados por el gobierno con demasiada mala influencia política y mal uso de poder, pero confía en que se aclararán los impasses con las autoridades. El abogado defensor prefiere no entrar en detalles porque entiende que la defensa en los dos casos debe darse en el marco de la legalidad jurídica y administrativa.
P. Las autoridades reconocen que la familia Marinkovic efectivamente ha invertido en las propiedades en litigio, pero es como si hubiese construido en área verde. Una de ellas se encuentra en una reserva forestal y otra en una tierra indígena…
R. Ese tema tendrá que ser dilucidado en los ámbitos en los que enfrentamos estos procesos injustos. Tendrán que demostrarlo.
P. ¿Es posible que la familia Marinkovic haya sido estafada en el predio Yasminka al comprar tierra inmovilizada que se encuentra dentro de la TCO Guaraya?
R. Tenemos elementos suficientes como para demostrar que lo que afirma el Viceministerio y algunos dirigentes no está dentro de lo real. Como no queremos levantar más olas y generar más pleitos, esto se resolverá en los estrados administrativos y judiciales.
P. La Ley INRA invalidaba asentamientos posteriores a 1996 y las demandas de saneamiento de Yasminka y Laguna Corazón datan de 1997 y 1998…
R. Yo soy abogado y no puedo emitir criterios en contra o a favor de estos temas. Estoy convencido de que lo que estamos haciendo va dentro de la normativa legal en vigencia. Tenemos suficientes elementos para demostrar que las acusaciones son falsas.
P. ¿Considera que la figura de las “conciliaciones” es legal?
R. Está dentro de los parámetros del anterior reglamento que era parte formal de la ley INRA. Son temas que se dilucidarán administrativamente.
P. Pregunto esto porque gracias a las “conciliaciones”, algunos empresarios pudieron hacer crecer inmensamente sus propiedades sin necesidad de demostrar que cumplen la FES, con la venia de ex autoridades…
R. Repito que nosotros actuamos dentro del marco legal, tenemos elementos formales y administrativos suficientes como para demostrar lo que afirmamos. Si ex autoridades y funcionarios validaron esto tiene que ser por algo. Si la actual administración de gobierno demuestra lo contrario, lo arreglaremos en los estrados correspondientes.
P. En el caso Laguna Corazón se han movido coordenadas para que los predios queden alrededor de la laguna…
R. Si tienen las pruebas, que lo demuestren.
P. Los documentos del INRA demuestran que en los antecedentes agrarios figuran unas coordenadas y en los documentos de transferencia, otras…
R. El INRA es parte de la administración de gobierno. El hecho que me dice deberá demostrarse con las pruebas para sustentar lo que están afirmando, caso contrario deberán ser pasible a las sanciones que la ley establece.
P. ¿Por qué presentaron las mismas fotografías en el trámite de saneamiento de Laguna Corazón y del predio Soledad?
R. Tenemos todas las pruebas necesarias para demostrar que esto no es así. El gobierno tienen que demostrarlo.
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Presentación de los documentos que hizo el Viceministro Almaráz sobre grandes concentraciones de tierras en el oriente. -
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