El Gobierno inicia querella por fraude agrario de 187 mil has en Beni
La Paz, 26 ago (ABI).- El Poder Ejecutivo anunció este martes que iniciará una querella en contra de más de una veintena de personas, incluidos funcionarios del INRA, por el presunto delito de fraude agrario, al pretender legalizar tres extensas áreas de tierra fiscal que suman en total 187 mil hectáreas en las provincias Cercado, Mamoré, Marbán e Iténez del departamento de Beni.
Así lo anunció el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, en rueda de prensa, y adelantó que la denuncia será presentada ante el Ministerio Público en las próximas horas.
Los casos están referidos a la familia del ex senador del MNR y ex prefecto de Beni, Fernando Romero Pantoja, que demanda 74 mil hectáreas en los Polígonos 122-147-128, el otro del empresario brasilero Vladimir Martins que reclama 27 mil hectáreas en el Polígono 139.
Y el tercero referido a los traficantes de tierras, que solicitan 88 mil hectáreas en el Polígono 106.
En los tres casos se pretendieron apropiar fraudulentamente de tres extensas áreas de tierra fiscal que suman en total 187 mil hectáreas en las provincias Cercado, Mamoré, Marbán e Iténez del departamento de Beni.
En la investigación, de acuerdo al viceministro Almaraz, se constató que Romero, Martins y los traficantes solicitan el reconocimiento de extensos asentamientos en tierras fiscales posteriores a 1996, declarados ilegales por la Ley INRA 1715.
Según la información oficial, ex funcionarios del INRA negligentes socaparon esa ilegalidad y ayudaron a los solicitantes a acaparar enormes extensiones de tierra.
Las empresas contratadas para sanear y verificar la Función Económica Social (FES) de las propiedades hicieron su trabajo en una oficina y no en campo como manda la ley, y permitieron que los interesados modifiquen una y otra vez la forma, ubicación y extensión de las áreas.
Almaraz reveló, además, que en los registros documentales de los tres trámites se hallaron fotocopias sin valor legal, documentos falsos, documentos duplicados o viciados de nulidad (haciendas “clonadas”).
Además de expedientes agrarios de propiedades que no existen o que fueron declaradas “inubicables” (haciendas “fantasma”) y expedientes de propiedades situadas a varios kilómetros de distancia del área demandada (haciendas “voladoras”).
EL PRIMERO: ROMERO – PANTOJA
En el primer caso, de acuerdo al Viceministro, la familia Romero Pantoja reclama 74 mil hectáreas con papeles de sólo 10 mil hectáreas.
El 29 de septiembre de 2004, Fernando Romero Pantoja, Julio Romero Barea y Miriam Daysi Pantoja Ruiz de Romero solicitaron el saneamiento de los polígonos 122, 147 y 128 de una superficie de 30 mil hectáreas.
Respaldaron su solicitud con antecedentes agrarios de cinco predios: Laguna Romero, El Rincón, El Chapaco, El Chapaco II y Bella Vista que abarcan una superficie aproximada de 10 mil hectáreas. No declararon y/o respaldaron la posesión de una superficie excedente de 20 mil hectáreas.
En las pericias de campo, los Romero Pantoja presentaron papeles de nuevas propiedades y ampliaron el área demandada hasta 37 mil hectáreas.
Según el viceministro Almaraz, apareció documentos duplicados de un mismo predio, expedientes de propiedades situadas a 80 kilómetros distancia del área solicitada (expedientes “voladores”) e inclusive antecedentes agrarios viciados de nulidad absoluta, según un informe del antiguo Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA).
Algunos expedientes fueron declarados “no identificables geográficamente”.
Se dejó pasar los expedientes “voladores” porque el INRA incumplió normas y procedimientos para la verificación de FES y pasó por alto la etapa de Relevamiento en Gabinete. El ex funcionario del INRA Beni, Omar Vaca, en el ejercicio de funciones públicas actuó como abogado en la transferencia de dos propiedades, y posteriormente como representante legal en el saneamiento de otros dos predios.
La empresa privada encargada del saneamiento CHTAS hizo pericias de campo y verificó la FES “en gabinete”, tomando en cuenta documentación fraguada (fotografías de mejoras, georeferenciación de mejoras, conteo de ganado vacuno y croquis prediales) y documentos de transferencia de dudosa legalidad.
Luego generó información falsa y cometió el delito de falsedad material en la ubicación geográfica de propiedades.
Concluidas las pericias de campo, la empresa CHTAS certificó a favor de los Romero Pantoja una superficie de 74 mil hectáreas en los cantones San Pedro, San Ramón y El Carmen de las provincias Cercado, Mamoré e Iténez, respectivamente. “Más del doble de lo que la familia había solicitado”, advirtió Almaraz.
Imágenes satelitales de los años 1992, 2004 y 2006 y un análisis del Plan de Uso del Suelo permiten concluir que los predios se encuentran en áreas de uso forestal maderable, con rasgos de monte alto y con escasas áreas aptas para la ganadería extensiva, por lo que se deduce fraude en los trabajos de pericias de campo y verificación de FES.
En una inspección ocular en campo realizada el 13 de febrero de 2008, el INRA Nacional confirmó la inexistencia física de dos predios del Polígono Romero Pantoja, y constató que uno de ellos es un asentamiento menonita de data reciente.
Almaraz detalló que el antecedente agrario del predio Laguna Romero cuenta con doble numeración (57614 y 57888).
La familia Romero Pantoja aprovechó esta irregularidad para generar documentos de transferencia de dos predios diferentes y de esta forma duplicar el tamaño del predio. Además, el antecedente agrario está viciado de nulidad debido a una sobre posición con el predio Maracaibo.
“Para agrandar sus propiedades, algunos latifundistas presentan documentos duplicados de un mismo predio conocidos como ‘expedientes gemelos’, los cuales se diferencian sólo por su número de registro en Derechos Reales. También se han visto predios con doble titularidad”, indicó.
Por este caso son acusados Fernando Romero Pantoja y el Julio Romero Pantoja por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
También están Alfredo Tababeria Arteaga, Quenier Román Hurtado, Rubén Santos Cruz, Nataly Castellón, Robín Gómez Gutiérrez, por los delitos de complicidad y falsedad ideológica.
Además del funcionario del INRA, Omar Paul Vaca Angulo, por los delitos de complicidad, uso indebido de influencias y falsificación de documento privado.
SEGUNDO CASO: MARTINS
En el segundo caso, el empresario brasilero Martins armó un latifundio de 27 mil hectáreas con documentos falsos, según la denuncia del Viceministro.
El empresario brasilero Vladimir Martins reclama la propiedad de ocho predios de una extensión total de 27 mil hectáreas. Varios de estos predios comprados a la familia de Walter Ali Parada cuya propiedad no fue comprobada, según Almaraz.
El año 2000, los Alí Parada intentaron que el INRA les reconozca derechos sobre varias propiedades con supuestas sentencias agrarias de 1992, pero su solicitud fue rechazada en 2001 por no existir indicios suficientes de la existencia de los predios.
En ese momento se determinó que los trámites agrarios de las supuestas propiedades no aparecen en los registros del viejo Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA).
Almaraz, explicó que la familia Alí presentó una segunda solicitud de reposición de expedientes el año 2004, la cual fue aceptada por la Directora de Asuntos Agrarios del INRA Nacional.
De manera oficiosa, la autoridad sugirió dejar sin efecto la resolución de rechazo de 2001 (ya ejecutoriada) y dio luz verde para que las propiedades de la familia Alí sean introducidas en la base de datos del INRA como “procesos en trámite”.
El 1 de junio de 2004, Vladimir Martins solicitó priorizar el saneamiento de las propiedades El Tigre, Villa Olga y Villa Elsa de una superficie de 15 mil hectáreas, y un mes después, el 4 de julio de 2004, Walter Ali Parada pidió la ampliación del área añadiendo antecedentes de los predios El Esfuerzo, Lagarto Tuerto, San Pedro y Santa María de una superficie aproximada de 21 mil hectáreas.
La empresa privada LIMITE SRL, contratada para realizar el saneamiento, determinó en pericias de campo la existencia de ocho predios en el Polígono 139-Martins (El Tigre, Villa Olga, Villa Elsa, Santa Martha, Bettel, Nueva Esperanza, Santa María y El Esfuerzo) de una superficie total de 27 mil hectáreas de tierra fiscal.
De manera inexplicable, desaparecieron del trámite los predios Lagarto Tuerto, San Pedro y Villa Elsa.
Según Almaraz, durante la recopilación de información en campo y el registro de datos de los predios, Limite SRL aceptó fotografías de mejoras y conteo de ganado vacuno fraguados; documentos de transferencia de dudosa legalidad y curiosos documentos de transferencia con doble titularidad.
Martins y Alí intentaron justificar la antigüedad de la posesión presentando documentos (planos y sentencias) de propiedades situadas a 40 kilómetros del área demandada.
Almaraz denunció que la empresa no verificó el cumplimiento de la FES con trabajos de campo, realizó el saneamiento en gabinete, generó información falsa y también cometió delitos de falsedad material en la ubicación geográfica de propiedades.
Imágenes satelitales de 1992, 1996 y 2001 muestran de manera clara que en el área no existe trabajo humano, ni asentamientos anteriores a 1996 en los predios Villa Olga, Villa Elsa, Santa María y Bettel, indicó.
Por este caso se procesará a Walter Alí Parada, Fidelia Moisés Justiniano de Alí, Alí Moisés y Warner Walan Ali Moisés, por los delitos de falsedad material y por uso de instrumento falsificado.
Así también a Ana María Melgar por los delitos de complicidad y falsedad material.
TERCER CASO POLÍGONO 106
En el tercer caso, una red de traficantes de tierra integrada por comunarios, autoridades municipales y representantes institucionales pretendió perfeccionar derechos individuales y colectivos de 85 mil hectáreas de tierra fiscal a través de un supuesto “Convenio de Cooperación” suscrito por el director departamental del INRA Beni, Pablo Greminger, y el alcalde de San Javier, José Antonio Melgar, en agosto de 2007.
En dicho convenio, Greminger autorizó que personas ajenas al INRA y empleados de la Alcaldía de San Javier ejecuten el saneamiento de tierras en el Polígono 106, ubicado en los cantones San Javier y San Pedro de la provincia Cercado de Beni, reveló Almaraz.
El personal que realizó el saneamiento certificó la existencia de ocho predios en el Polígono 106: Comunidad Campesina Curva del Río Negro, Comunidad Campesina Nueva América, Comunidad Campesina Villa Nazaret, Puesto Nuevo, Kenia, Maraza, Los Leones-Marayau y La Ilusión, que abarcan una superficie total de 85 mil hectáreas.
El alcalde Melgar, de acuerdo a Almaraz, participó directamente en este trámite irregular.
“La autoridad ‘certificó’ las posesiones agrarias de algunos miembros de las comunidades campesinas Río Negro y Nueva América, y también fungió como ‘comunario’ de la Comunidad campesina Villa Nazareth en un trámite de 2005”, apuntó.
“El ex director departamental del INRA Beni fue cómplice del fraude porque permitió que la Alcaldía contrate personal al margen del procedimiento normal, colaboró en la rápida ejecución del saneamiento, elaboró de inmediato su informe técnico legal”, denunció el Viceministro.
Además, habría reconocido derechos de asentamientos ilegales posteriores a 1996, algunos ficticios y otros creados por acaparadores y traficantes de tierra que no viven en la zona, apuntó.
Almaraz señaló que la mayoría de las propiedades no cuenta con fichas catastrales debidamente llenadas y verificadas que registren la superficie real de los terrenos, la actividad agrícola, ganadera y las mejoras que se hayan hecho.
Advirtió que ex funcionarios del INRA, autoridades municipales y dirigentes campesinos suscribieron el Convenio de Cooperación y participaron activamente en el saneamiento del Polígono 106 con el único objetivo de perfeccionar derechos en tierras fiscales que se habían distribuido entre ellos.
Por este caso están siendo denunciados el ex director del INRA en Beni, Pablo Greminger, y José Antonio Melgar Bolin por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles por el ejercicio de sus funciones públicas, nombramientos ilegales y conducta antieconómica.
Además de Miguel Ángel Vaca, Roberto Arakaki Banzer, Natalio Mollo, Milton Herrera y Roberto Egüez Rivero por los delitos de anticipación y prolongación de funciones y falsedad ideológica.
Jcch/Rdc/Dgav ABI
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