El INRA espera una orden del Palacio de Gobierno para continuar con el saneamiento de 157 mil hectáreas en Alto Parapetí
Ganaderos alistan un bloqueo en Camiri y Almaraz está en apronte
Camiri / El Deber y La Prensa.- Como anoche el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, no abandonó Camiri, dentro del plazo de 24 horas que le fijaron los cívicos, ganaderos y legisladores de oposición de esa zona, estos últimos determinaron ir a un bloqueo de caminos desde las cero horas del miércoles para paralizar actividades en la provincia Coordillera de Santa Cruz.
Almaraz dijo que pese a las fuertes presiones, se quedará en la zona junto a una comitiva del Instituto de Reforma Agraria (INRA) para llevar adelante el proceso de saneamiento de tierras, demandado por los pueblos indígenas. Sin embargo, dijo que dada la susceptibilidad en la zona, se evaluará la situación por parte otras autoridades del Gobierno.
“Si se realiza un bloqueo, sería un atropello muy grave contra Camiri, contra Santa Cruz y contra el país al bloquear una carretera internacional tan importante, sólo para que salga un funcionario, y peor aún, para preservar el latifundio. Sería realmente un atropello gravísimo”.
El diputado Ronald Moreno (Podemos), quien entregó el ultimátum a Almaraz, confirmó a El Deber la realización de la protesta.
Édgar Gutiérrez, ganadero de Alto Parapetí, adelantó que los bloqueos se darán en el municipio de Cabezas, Abapó, Boyuibe y Macharetí. “Vamos a agarrar ambas puntas y, a medida que vayan ocurriendo las cosas, vamos a tomar otras determinaciones”.
Hasta el cierre de edición, El Deber informó que Alto Parapetí, distante a unos 80 kilómetros de Camiri, en la provincia Coordillera de Santa Cruz, vivía una tensa calma con rumores de posibles enfrentamientos entre grupos comandados por los ganaderos y otros de efectivos policiales e indígenas que respaldan al Gobierno.
En Alto Parapetí se mantenía una vigilia en la hacienda “Caraparicito”, al igual que en las localidades de Cuevo e Ipati.
La situación se complicó el viernes, cuando por segunda vez en el año —la primera fue el 29 de febrero—, funcionarios del INRA y del Viceministerio de Tierras fueron agredidos por grupos organizados de la zona a pedradas y balazos en puertos de la hacienda “Caraparicito”, de propiedad del estadounidense Ronald Larsen. Según el Viceministerio de Tierras, en el incidente del viernes resultaron heridos un policía y un indígena.
De acuerdo con ese reporte, ese día se dieron cita en el lugar 40 funcionarios estatales y similar número de policías.
Según El Deber, Duston Larsen negó el uso de armas de fuego durante la refriega, dijo que eran cohetes. “Nos enteramos que venían cuando pasaron por (la localidad de) Ipati. Entonces, pusimos una chata (remolque) porque no tenían a qué entrar a mi propiedad. Pero llegaron y la jalaron con un vehículo y quisieron entrar por la fuerza. Ellos decían que iban solo a pasar a otra propiedad, pero no confiamos en el Gobierno, ellos hablan una cosa y después hacen otra”.
En un comunicado, el INRA aseguró que Larsen “en compañía de un grupo de sujetos que portaban palos, piedras y algunas armas impidió en forma violenta el paso de los servidores públicos” hacia la comunidad Itakuatía para asisitir a una reunión de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que demandaba el saneamiento que favorecerá a más de 10 mil familias de pequeños propietarios.
El sábado, la Alcaldía de Lagunillas, próxima a la zona, se proclamó “autónoma” y en un documento que tenía el respaldo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, del diputado Moreno de Podemos, de dirigentes cívicos y ganaderos locales, no permitirá el proceso de saneamiento, titulación y expropiación en la zona y dejaron todo en manos del referéndum del 4 de mayo, fecha para la cual la Prefectura convocó a la consulta sobre autonomías departamentales.
Según el INRA, en Alto Parapetí existen 157 mil hectáreas pendientes de saneamiento y ratificó que se respetará la propiedad privada de quienes cumplan con la Función Económica y Social (FES), que consiste en realizar actividades productivas.
Los Larsen tienen cinco haciendas y vínculos con los cívicos
La familia Larsen, que el viernes se opuso al saneamiento de tierras en Alto Parapetí, provincia Cordillera de Santa Cruz, es dueña de tres haciendas en la región ganadera. Además posee otras dos propiedades en el municipio de San Julián.
Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el estadounidense Ronald Larsen y su hijo Duston Larsen, ex mister Bolivia 2004, son dueños de “Caraparicito I” (ver infografía) que tiene una extensión de 3.377 hectáreas; Caraparicito II, 3.399 hectáreas y Yaguapoa, 2.696 hectáreas.
La familia Larsen tiene además otras dos propiedades en el municipio de San Julián: el predio Los Remates, situado en Cuatro Cañadas, con 2.068 hectáreas, y la propiedad Montegrande, en la misma zona con 3.846 hectáreas. La suma de las cinco propiedades totalizan 15.387 hectáreas.
Según el Viceministerio de Tierras, los Larsen están vinculados “con la jerarquía política de Santa Cruz”. Asegura, tomando como fuente el diario cruceño El Nuevo Día, que el 4 de junio de 2007, recibieron en su hacienda al prefecto Rubén Costas, al presidente del comité cívico, Branko Marinkovic, y al entonces presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) Gabriel Dabdoub.
En ese entonces, Caraparicito fue elegida por la Prefectura para lanzar las nuevas políticas ambientales. La hacienda cuenta con 2.800 hectáreas, de las cuales 2.335 constituyen una “Reserva de Patrimonio Privado Natural” y el resto se utiliza para cultivos de maíz frutas y cría de ganado.
El Viceministerio informó que Ronald Larsen, relacionado con el Cuerpo de Paz, llegó al chaco boliviano en 1968 en respuesta a una invitación del general René Barrientos Ortuño.
Larsen adquirió la hacienda Caraparicito en 1969 y se concentró en la producción agrícola y ganadera. Con los años, su hacienda se convirtió en un complejo turístico con atractivos naturales, una casa de estilo rústico, gimnasio y sala de juegos.
“Sanearemos junto a la fuerza pública” -
Alejandro Almaraz, viceministro
La Prensa
Primero, hace un mes, a balas. Esta semana, a pedradas. El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, halla resistencia al proceso de saneamiento en el Alto Parapetí, Camiri. Ambos enfrentamientos fueron al ingreso de la hacienda “Caraparicito”, del estadounidense Ronald Larsen. Pese a la presencia policial, la comitiva del Viceministerio y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) recibieron el rechazo. Un ultimátum no amedrenta a Almaraz, que cuenta a La Prensa cuál es la situación en el epicentro de esa confrontación armada.
—¿Cuál es la situación actual de la Comisión del INRA y del Viceministerio en Camiri?
—Estamos bien en Camiri. Nos apersonamos para dar una oportunidad al diálogo ante el pedido que nos hicieron en el territorio de Alto Parapetí la Comisión que llegó de Santa Cruz. Estaba el diputado (de Podemos Ronald) Moreno, quien junto a los ganaderos nos pidieron que dialoguemos antes que continúe la intervención del INRA con apoyo de la fuerza pública y a objeto de evitar situaciones de violencia y tensión, porque siempre buscamos el diálogo y si no se produjo, fue por la renuencia del sector ganadero.
Aceptamos eso y ayer estuvimos reunidos. En horas de la noche se nos presentó un documento firmado por el sector ganadero en el que cambian las demandas, retornando a una postura confrontacional, en el cual nos emplazan a abandonar la provincia Cordillera en 24 horas, anunciando que en caso contrario adoptarían medidas de fuerza.
Retoman la posición extrema de rechazar la realización de todo proceso agrario, el absoluto desacato a la ley y vincula este documento, esta posición extrema y sediciosa, con su respaldo, su adhesión al referéndum de aprobación al estatuto autonómico del 4 de mayo. Entonces, ese documento anula la posibilidad de diálogo que estábamos impulsando. Lamentamos el retorno a la beligerancia, pero de ninguna manera esto va a detener la aplicación del proceso que ya se empezó.
—¿Qué va a hacer la Comisión: se va o se queda?, y si se queda, ¿cuáles son las acciones adoptarán?
—Las 24 horas se cumplen a las 19.00 de hoy (ayer domingo), por supuesto que no nos vamos de aquí. Aunque esta gente tenga haciendas de dudosa legalidad, Camiri no es su propiedad y nosotros nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario hasta cumplir con el proceso de saneamiento.
—¿Quiénes firman el documento?, ¿hay sólo ganaderos o gente también del comité cívico?
—En efecto, firma el diputado Moreno por Podemos, firma un representante del Comité Cívico Pro Santa Cruz y otros ganaderos.
—¿Grandes ganaderos, o también medianos y pequeños?
—Es difícil saberlo, porque sólo es de los ganaderos. También es difícil saber la posición de todos los que se reunieron ayer en Lagunillas, en todo caso mayormente son medianos y grandes.
En el caso de los pequeños ganaderos, si todavía hay alguna adhesión en este momento es muy pequeña, porque nos hemos dado a la tarea de informar con transparencia y cabalidad sobre los alcances de la ley, en ese marco, demostrarles lo importante que es seguir el proceso de saneamiento. Son los ganaderos benianos y sobre todo los grandes, como el señor Larsen, el señor Malpartida, el señor Chávez, como Santiesteban, quienes condujeron esos movimientos, amedrentando personas, apedreando policías, etcétera.
—¿Cuándo se reunieron por última vez y cómo fue el ambiente?
—Nos reunimos antes, luego sucedió lo que se conoce y ayer nos reunimos en el lugar donde se registró en el punto de bloqueo, con los ánimos más calmados, hubo un contacto con quienes bloqueaban y hubo charla con la comisión. Ayer (el sábado) ya los contactos fueron telefónicos, conversamos varias veces y en la noche vinieron aquí sólo para entregar el documento, no quisieron conversar, demandaron que deje el lugar.
—Esta resistencia de los hacendados ya llegó incluso a la confrontación armada, ¿cómo avanzarán en el proceso de saneamiento con ese ambiente?
—Lo primero que se busca una situación de tranquilidad para la región. Hay un compromiso entre las comunidades y el presidente Evo Morales y su Gobierno: el que el proceso de saneamiento en el Alto Parapetí tiene que ejecutarse.
Mi posición es que a través del INRA, supervisar que se realice ese proceso, para eso estoy acá. Si se lo puede hacer con diálogo, con la participación organizada, concertada y pacífica de los sectores, será lo ideal, es por lo que nos hemos organizado mucho. Pero en última instancia, si no existe esa actitud pacífica, el proceso hallará complicaciones, porque de todas maneras el saneamiento se va a hacer.
—¿Cómo lo harán, si los enfrentamientos son latentes?, ¿cómo van a sobrellevar el proceso en los hechos?
—En ese caso vamos a tener que involucrar a la fuerza pública.
—¿Fuerzas Armadas también?
—No lo sé, ese es un tema cuya decisión corresponde a otras autoridades del Ejecutivo, al Ministro de Gobierno, entre otros.
—¿Van a haber acciones legales contra las personas que protagonizaron la última agresión contra la Comisión?
— Sí, en el Viceministerio tenemos preparada una denuncia contra Ronald Larsen, propietario del predio “Caraparicito”, quien hace un mes personalmente nos disparó hace un mes, además incautaron las movilidades que llevó la comisión y robaron varios equipos.
Entonces, la denuncia apunta a sedición, por agredirnos en nuestra condición de autoridades públicas que queremos cumplir con nuestras labores designadas por ley.
Es el mismo predio en el que ayer, al intentar trabajar, fuimos recibidos por a piedras, ya no por el señor Larsen, él no estaba sino su hijo. Ayer, probablemente debido a que había un resguardo policial, no se usaron ni mostraron armas de fuego, pero que en todo caso las hay.
—¿Cuánta gente de la Comisión está en Camiri?
— De momento somos alrededor de 40 personas, sobre todo gente del INRA y el resto del Viceministerio. Pero estamos bien aquí, la gente no tiene nada en contra nuestra, es más, existe cierto rechazo a algunos representantes ganaderos, lo que demuestra la impopularidad de esas personas.
La población de Camiri repudió a su Subprefecto, que hace un mes dijo expulsarnos y reclamó que no hubiésemos entrado a su provincia sin haberle pedido permiso para ingresar a Camiri, como si la comunidad fuera su propiedad. Estamos bien aquí, aunque hubo algunas actitudes de provocación por completo intrascendentes.
—¿Volverán inmediatamente a Caraparicito?, ¿qué acciones consideran son inmediatas?
— Eso no lo sé, porque quienes deben tomar las decisiones son las autoridades superiores del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos a la espera de lo que se nos instruya. El regreso a Caraparicito es parte de las órdenes que emanan de ellos.
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