Se prevé que saneamiento de tierras del Mutún concluya en julio - ABI
La Paz, 02 jun (ABI).- El presidente del directorio de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Guillermo Dalence, informó este lunes que se prevé que el proceso de saneamiento de las tierras del Mutún concluya en julio, requisito imprescindible para entregar el área de contrato a la empresa Jindal.
Dalence indicó que el Servicio Técnico de Geología y Minería (Sergoetecmin) terminó el trabajo de delimitación del área de contrato; sin embargo, aún hace falta el saneamiento de las tierras a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Sin embargo, paralelamente, dijo, se realizan otros trabajos para impulsar el megaproyecto como la exploración o perforación geológica del cerro del Mutún, que ya comenzó.
Con la adjudicación de la empresa Jindall Steel And Power, el proyecto de explotación del yacimiento de hierro del Mutún, ubicado en el departamento de Santa Cruz, se convertirá en uno de los primeros recursos naturales en ser industrializado.
La empresa india, cuyo patrimonio alcanza a 5 billones de dólares, invertirá en el proyecto 2.300 millones de dólares, que le permitió adjudicarse por 40 años el 50 por ciento de la reserva, que alcanza a 40 mil millones de toneladas.
Comibol dará terrenos de Pari Orcko – El Potosí
Con la finalidad de evitar tráfico o beneficio ilegal de algunas personas, las autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) serán las encargadas de efectuar la entrega a los directos beneficios de los terrenos de Pari Orcko, según se conocido a través del gerente regional de la estatal minera, José Manuel Farfán.
La autoridad indicó que el acta de compromiso y entendimiento firmada en pasados días define que será la Comibol quien se encargue de efectuar los trámites para la aprobación de planos, tal como define la Ley 3485 de 22 de septiembre de 2006.
Los beneficiarios de los predios deberán respetar el derecho propietario de la Comibol de los terrenos del sector Pari Orcko Bajo y abstenerse de interferir en el trabajo de la comisión que se encargará del trámite de aprobación de planos.
Los beneficiarios de los predios deberán cubrir los gastos correspondientes que demande el proceso de aprobación de los planos, tal como se estableció con absoluta claridad.
Si alguno de los beneficiarios obstaculizan la labor de dicha comisión se asumirán las acciones legales necesarias para la reversión de los terrenos pero, además de tramitará la reversión de los mismos.
Esas definiciones evitarán que personas que nada tienen que ver con la Comibol y no están comprendidas en la Ley 3485, reclamen supuestos derechos como lo hicieron en el pasado reciente.
Precisamente, debido al interés de algunas personas de lograr un terreno, se formaron varios grupos, cada uno de los cuales reclamaban su legalidad y el hecho de ser beneficiarios de los terrenos de propiedad de la Comibol que se encuentran en la zona Pari Orcko Bajo.
En una oportunidad dos de esos grupos llegaron a agredirse ya que los dirigentes consideraban que eran legítimas sus listas lo cual será superado porque las autoridades de la Comibol tienen las listas de los que deben ser beneficiados con esos predios.
El acta de entendimiento en la que intervinieron autoridades del área de bienes de la central de la Corporación Minera de Bolivia pone fin a un conflicto que, incluso, llevó a que se presentarán denuncias de uno y otro lado con la finalidad de conseguir los predios para determinado grupo de los ex trabajadores.
Los mineros chicos cuestionan reforma sobre concesiones – El Potosí
Consideran que prohibir la venta o la herencia de las mismas es una medida que tendrá efectos muy negativos para esta actividad económica que requiere de mucha inversión
Los mineros chicos consideran que el gobierno se equivoca al modificar el Código de Minería, en la parte que corresponde a los derechos de los concesionarios mineros, ya que limitar sus atribuciones afectará la inversión privada en el ámbito minero.
El proyecto planteado en el parlamento sobre los derechos concesionarios mineros se refiere a la imposibilidad de que se venda, transfiera, hipoteque o deje en herencia el mismo ya que se trata de un bien patrimonial del Estado boliviano.
Se remarca que los artículos del Código de Minería que parangonan el derecho minero al de un bien inmueble se equivocan pues los recursos naturales son una propiedad inalienable del pueblo boliviano y no puede ser transferido a manos privadas.
El presidente de la Cámara Departamental de Minería (Cademin), Augusto Ramírez, sostiene que no se puede aplicar conceptos a priori a la hora de hablar del derecho propietario de los yacimientos mineros pues son del país y nadie se los está apropiando.
Sin embargo, considera que no se puede negar que por la concesión o la mina tengan capacidad para acceder a un crédito ya que no todos los mineros tienen millones de dólares para encarar una ampliación del proceso o la mecanización del mismo e incluso la exploración del yacimiento.
Hipotéticamente comenta que un empresario para explotar una concesión invierte una suma considerable y si al poco tiempo muere su familia no podrá beneficiarse de esa inversión que pasará al Estado como una especie de confiscación de los recursos que se invirtieron para mejorar la producción.
Los mineros chicos tendrán un congreso nacional de las cámaras de minería el 5 y 6 del presente, oportunidad en la que los potosinos plantearán la necesidad de sumar fuerza con los cooperativistas mineros y encarar una lucha conjunta en defensa de sus intereses.
Con una lucha unitaria contra el IVA y en defensa del acceso y uso adecuado de los recursos naturales del Estado esperan frenar las iniciativas parlamentarias que buscan afectar al sistema minero aparentemente con la finalidad de beneficiar al Estado bajo una visión de un capitalismo que ya mostró que no es viable en el ámbito de la producción.
Cooperativistas temen que el IUE se cargue al sector – El Potosí
Los cooperativistas mineros cuestionan el Decreto Supremo 29577, que reglamenta el cobro del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) por que consideran que ese tributo les afectará debido al efecto de traslación.
En la reunión de secretarios generales que se desarrolló ayer, los mineros dieron a conocer que el incremento del 12.5 por ciento al 25 por ciento del IUE define un tributo del 35.5 por ciento que las empresas intentarán cargar a alguien.
El presidente de la Cooperativa Minera Compotosi, Richard Alave, sostiene que las cooperativas mineras son parte de toda una cadena y, por lo tanto, dependen de lo que le pasa a alguno de los otros eslabones de esa estructura.
Señala que los dueños de los ingenios, al momento de comprar las cargas incrementan el 1 por ciento del Impuesto a las Remesas de Capitales al precio que deben pagar a los cooperativistas y lo propio pasará con el IUE.
El asesor de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Ramiro Paredes, reconoció que los cooperativistas negociaron el aumento del IUE para las empresas privadas, pero en el orden del 10 por ciento; sin embargo, el gobierno "nos enchufó" un 12.5 por ciento.
Paredes señaló en todo momento, que el aumento del IUE no afecta a los cooperativistas ya que ese tributo está vigente desde hace muchos años y no se produjo el efecto de traslación a los productores.
Los dirigentes hicieron notar que si en el pasado no se les cargó el dinero que los empresarios entregan al Estado por el IUE era por una sencilla razón, que ese tributo era acreditable al Impuesto Complementario Minero (ICM).
Durante todo el año el empresario pagaba el impuesto minero y al final si su deuda por el IUE era igual a esa suma no pagaba un solo centavo o solo entregaban la diferencia si la suma era mayor.
Los cooperativistas mineros sostienen que este tema debe ser incorporado en la lucha que definieron en los últimos días pues no están dispuestos a enfrentar más cargas como la que intenta aplicar el gobierno del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Precisamente contra la posibilidad de que se les cobre el IVA por ventas internas de minerales declararon pie de movilización y tienen previsto encarar la toma de las instituciones públicas el venidero 6 del presente.
El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), Benedicto Llano, sostiene que no se pueden aceptar cargas tributarias ahora que los mineros no tienen ni mercado para su producción pese a las buenas cotizaciones.
Cuestionan política tributaria nacional – El Potosí
Contribuyentes al Estado en el Régimen General de Bolivia (Comapesbo), consideran que la actual política tributaria afecta a este sector.
Reconocen que cada persona debe aportar de acuerdo a sus posibilidades al sostenimiento del Estado pero también están convencidos que los regímenes económicos para tributar deben basarse en principios de justicia social.
Remarcan que en el país no se aplica la universalidad tributaria pues existen regímenes diferentes y quien más aporta es el más perjudicado.
También se lamenta que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) solo apunta a aumentar los niveles de ingreso, a cualquier costo, sin ofrecer políticas e incentivos para los contribuyentes.
En pasados días los microempresarios y comerciantes que aportan al Régimen General plantearon a la Comisión de Hacienda del parlamento una serie de iniciativas para mejorar las normas tributarias vigentes en el país.
En cuanto se refiere al incumplimiento de deberes formales, la actual norma define en el artículo 162 que se sancionará al que incumpliera dichas obligaciones con una multa de 50 a 5 mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) por lo que se plantea que esa sanción vaya de 50 a 2 mil UFV.
Piden aplicar el principio de re retroactividad que define su aplicación en aquellos casos en los que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripciones, aspecto que esperan se aplique adecuadamente.
La presidenta de Comapesbo, Martha Gómez de Gamón, sostiene que es importante la modificación de aquellos aspectos de la norma tributaria que afectan a los contribuyentes que están prestos a aportar al Estado pero no a sufrir sanciones y multas duras que muchas veces inviabilizan su actividad.
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