Así se vendieron las refinerías, se amparó a las petroleras y se atentó contra intereses del país
- Esta es la historia de cómo el ahora jefe de Podemos, Jorge Tuto Quiroga, tuvo un papel central en la enajenación de las refinerías, cómo evitó una inversión millonaria en la perforación de nuevos pozos en las parcelas, cómo generó graves daños económicos al país, y cómo su decreto a favor de las transnacionales fue declarado ilegal por el ex presidente Carlos Mesa.
La Paz, 13 may (Delfín Arias Vargas y Policarpio Toledo Arce, Redacción central de ABI).- La historia del país está marcada por acciones que no siempre defendieron los intereses de los bolivianos, y la “capitalización” de YPFB, la venta de las dos refinerías, recientemente recuperadas, y el perdón de la obligación que tenían las petroleras para invertir en sus parcelas en busca de nuevas reservas de gas y petróleo, ocasionaron graves daños económicos.
Las refinerías fueron vendidas a Petrobras y Pérez Companc el 15 de noviembre de 1999 en 102.000.500 dólares y a cambio de ello Bolivia recibió un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 35.000.000 dólares, pero el país dejaría de percibir en los siguientes años casi 3.000 millones de dólares. Fue un estupendo negocio, pero para las transnacionales.
La Ley de hidrocarburos 1689, de 30 de abril de 1996, promulgado por Gonzalo Sánchez de Lozada, en su título XII, referido a las actividades productivas y de servicios de YPFB, establecía en su artículo 70 que YPFB, en su calidad de empresa pública, ejecutará por si misma o asociada con terceros, actividades de refinación y comercialización al por mayor de hidrocarburos y prestará servicios técnicos y comerciales para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos.
SE MUTILA YPFB
Tres años después, durante el Gobierno de Hugo Banzer Suárez y su vicepresidente Jorge Tuto Quiroga, éste último, cuando desempeñaba el cargo de Presidente interino de la República, promulgó la Ley 1981 el 27 de mayo de 1999, estableciendo en su artículo cuarto que se excluye de los alcances de la Ley de Capitalización Nº 1544, del 21 de marzo de 1994, las actividades de refinación, transporte, almacenaje y comercialización de hidrocarburos que la empresa YPFB desarrolla a la fecha.
Asimismo, Tuto Quiroga mediante la Ley 1981, en el artículo séptimo, derogó el título XII de las actividades productivas y de servicios de YPFB de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689. Aquella ley fue firmada por Jorge Tuto Quiroga, Carlos Iturralde, Herbert Müller Costas y Jorge Pacheco Franco.
Un día después de sepultar a YPFB, Tuto Quiroga, el 28 de mayo de 1999, puso en venta, mediante convocatoria a licitación pública nacional e internacional, los activos de las refinerías de petróleo de propiedad de Yacimientos, es decir de “Gualberto Villarroel” y “Guillermo Elder”.
La venta de ambas refinerías se consolidó el 15 de noviembre. Petrobras y Pérez Companc pagaron 102.000.500 dólares al gobierno de Banzer y Tuto Quiroga, es decir un precio mínimo, el que fue ofertado.
SOMETIMIENTO AL FMI
El entonces ministro de Comercio Exterior e Inversión, Carlos Saavedra Bruno (MIR), admitió que la transferencia de las refinerías a manos privadas respondió a un compromiso asumido por el gobierno de Banzer con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Saavedra Bruno, el 14 de noviembre de 1999, según la publicación del periódico la Prensa, declaró: “No se olviden que esto hace (la venta de las refinerías) parte de los recursos que tiene que entregarnos el FMI, son alrededor de 35 millones de dólares por haber cumplido esta privatización, era una de las condiciones de las reformas”.
Las reformas a las que se refería Saavedra Bruno era el acuerdo estructural reforzado suscrito con el FMI para el periodo (1998-2001). Ahí se estableció ya la transferencia de las refinerías a manos privadas.
Al día siguiente, es decir el 15 de noviembre, según publicó el periódico La Razón, Saavedra Bruno mencionó que los 35 millones de dólares otorgados por el FMI son de libre disponibilidad para ser utilizados donde el gobierno disponga.
Parte de esos recursos fueron utilizados en gasto corriente; se pagaron aguinaldos al sector público. Era la época del fácil endeudamiento y del crónico déficit fiscal.
En fecha 21 de noviembre de 1999, el diario La Razón en su editorial señaló: “La capitalización y privatización abrieron otra página en la historia hidrocarburífera de Bolivia que tiene un pronóstico reservado. Está por verse si el TGN podrá subsistir como lo hizo hasta hoy, sin contar con los recursos de YPFB estatal”.
El diario paceño de alcance nacional ya advertía entonces sobre la importancia de Yacimientos en el flujo de recursos al Tesoro General de la Nación (TGN), al menos 64 por ciento de sus recursos que generaba, y sobre la incertidumbre que se cernía sobre el país.
“LA ESTUPIDEZ DEL SIGLO”
En ese mismo tiempo, un artículo de opinión de La Prensa calificó la venta de las refinerías como “la estupidez del siglo”.
Esa estupidez del siglo consistió en capitalizar YPFB, lo que le costó al país, según los entonces opositores Hugo Banzer, Jaime Paz y Carlos Palenque, una pérdida anual de 2.400 millones de dólares por la disminución de impuestos de 50 a 18 por ciento por la reclasificación de pozos, entre ellos San Alberto (versiones recogidas del periódico Hoy, de fecha 5 de diciembre de 1996).
A esta situación se añadió la transferencia gratuita a compañías foráneas de 60 mil millones de dólares en reservas de gas y petróleo; la famosa decisión de que Bolivia sólo era dueña de sus reservas hidrocarburíferas mientras estas permanecían en el subsuelo y de las petroleras en boca de pozo.
Sin embargo a la herencia del gonismo, durante el gobierno de Hugo Banzer y Jorge Tuto Quiroga sumó su propia contribución al vender a Petrobras y Pérez Companc las refinerías “Gualberto Villarroel” y Guillermo Elder” por 102.000.500 dólares.
Las refinerías tenían un valor bruto de 700 millones de dólares y con sólo invertir, por una sola vez 30 millones de dólares, el país habría contado con una utilidad neta anual de 300 millones de dólares durante la siguiente década, aclaró en esa oportunidad un estudio efectuado por Mariaca y Moraté en la revista Altos Estudios en 1999.
Las refinerías fueron vendidas por presiones del FMI, a cambio de l sumisión de las autoridades de entonces a ese organismo internacional, el FMI desembolsó 35 millones de dólares como soporte al TGN que en 10 años dejó de recibir 3.000 millones de dólares.
SE PAGARON AGUINALDOS
En síntesis, señala el artículo de opinión de La Prensa, que “los sacrificados inversionistas gastaron 330 millones de dólares, recuperaron su inversión en cuatro meses y se apropiaron de un negocio que sobrepasó los 3.000 millones de dólares. El Gobierno de Banzer y Tuto recibió 102 millones de dólares y con ellos pagó aguinaldo en 1999.
La privatización de las refinerías implicó que el gobierno pierda la posibilidad de controlar los precios de los hidrocarburos en el mercado interno, dejando a los bolivianos inermes ante el incremento de los precios del kerosén, gas, gasolina y otros productos. Esta advertencia de entonces se confirmó conforme pasaron los años.
Para las transnacionales era más importante atender los mercados externos, donde eran proveedores y compradores, y fijaban los precios; y no les interesaba el mercado interno.
PERDON A LAS PETROLERAS
El 24 de octubre de 2001, Tuto Quiroga en su calidad de Presidente Constitucional aprobó el decreto Nº 26366 mediante el cual se perdonó a las petroleras de su obligación de perforar al menos un pozo en las parcelas seleccionadas. Esa obligación estuvo contenido el último párrafo del artículo 10 del Reglamento de Devolución y Retención de áreas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 24335 de 19 de julio de 1996
El decreto de Tuto, que fue declarado ilegal por el presidente Carlos Mesa, estableció: “El titular podrá, para efectuar la devolución del área colindante como consecuencia de una delimitación de campos para explotación o retención en la forma señalada por el artículo 30 de la ley, utilizar como unidad mínima de medición la sección de parcela, equivalente a un centésima (1/100) de parcela, con lados de 500 metros de longitud y superficie de 25 hectáreas.
De la misma forma, se incorporó, mediante el artículo 2 como último párrafo del artículo 8 del Reglamento de Delimitación de Área, aprobado por decreto supremo Nº 24398 de 31 de octubre de 1996, un texto que señalaba: “Para fines de delimitar un área para explotación comercial de hidrocarburos o retención en la forma señalada por el artículo 30 de la ley, se podrá utilizar como unidad mínima de medición la sección de parcela”.
DECRETO ILEGAL
La decisión tomada por Jorge Tuto Quiroga Ramírez fue calificada como ilegal por el ahora ex presidente Carlos Mesa Gisbert, mediante el Decreto Supremo Nº 27414.
“Que se ha evidenciado la ilegalidad del Decreto Supremo Nº 26366 (firmado por Tuto) pues es contrario a lo establecido en la Ley 1689 de Hidrocarburos, respecto a la unidad de medida del contrato de riesgo compartido (parcelas) y, la obligatoriedad de perforar al menos un pozo productor o de inyección en cada una de las parcelas seleccionadas”.
Señala además que de la ilegalidad identificada del Decreto Supremo Nº 26366, es necesario que el Poder Ejecutivo a través de las normas legales que correspondan, determine una solución al problema de aplicación legal que se ha venido dando sobre el pozo por parcela y el fraccionamiento de esta.
Ante esa situación, el gobierno de Mesa decretó: “Se mantiene la vigencia de los establecido en los decretos supremos Nº 24335, de 19 de julio de 1996, y Nº 24398, de 31 de octubre de 1996, para la unidad de la medida de los contratos de riesgo compartido respecto de las excepciones establecidas.
En ese contexto, se abrogó el Decreto Supremo Nº 26366, de 24 de octubre de 2001, firmado por el entonces presidente constitucional y hoy jefe de la opositora Poder Democrático y Social (Podemos), Jorge Tuto Quiroga.
Esta es la historia resumida de cómo se gobernó para los intereses ajenos al país.
Pta/Dgav ABI
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