ABUSOS PETROLEROS
Por: Andrés Soliz Rada
Pedir honestidad a las transnacionales petroleras es tan absurdo como prohibir a las funerarias que vendan ataúdes. Sin embargo, aún en los atracos a los países sometidos debería existir un límite a los atropellos.
Esto no ocurrió con “Andina”, conformada por Pérez Companc, YPF – Argentina y Pluspetrol, que, en 1996, capitalizó el 50 % de los campos descubiertos, explorados y explotados por YPFB, a cambio de la promesa de invertir 264 millones de dólares. El 48 % quedó en poder de las AFP, transferido a YPFB, por el decreto de nacionalización del 1º-05- 06. El 2% restante pasó a propiedad de ex trabajadores.
En 1999, la española Repsol compró las acciones de YPF – Argentina y el 2.000 las de Pérez Companc y Pluspetrol. En consecuencia, Andina es una subsidiaria de Repsol. Pese a ello, el 1º- XII – 01, Andina suscribió un contrato de administración con Repsol, por el que paga, en promedio, un millón de dólares mensuales, de donde resulta que Repsol, que compró Andina, suscribe un contrato consigo misma.
Hace pocos días, se prorrogó el contrato de administración por otros dos años, pese a que el Poder Ejecutivo aseguró que el Estado controlará la mayoría accionaría de Andina (Repsol) desde mayo próximo. La transnacional busca no sólo impedir que se cumpla esa promesa, sino apoderarse del 48 % de las acciones de YPFB.
Este objetivo se tornó imperativo debido a que Andina (Repsol) controla el 50 % de los mega campos de gas de “San Alberto” y “San Antonio”. El otro 50 % lo tienen la brasileña Petrobrás (35 %) y la francesa Total (15 %). El 28-X-02, diez meses después de suscrito el contrato de administración, Andina (Repsol) firmó con Petrobrás un Contrato de Reducción de Volatilidad de Precios (CRVP), llamado también “hedging”, por el que, ante la supuesta tendencia a la baja de los precios del gas, se fijó un precio inamovible
hasta el 2.019 y no sujeto al precio internacional del petróleo, como
ocurre, parcialmente, con el contrato YPFB-Petrobrás.
El “hedging” fue impulsado por el Ministro Fernando Illanes, en el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), que se inició el 6-08-02 y terminó derrocado, el 17-10-03, por una insurrección popular. El Ministro de Hidrocarburos de Carlos Mesa, Álvaro Ríos, indicó que YPFB no conocía el “hedging”, del cual se enteró al revisar la memoria anual de Andina (Repsol) (oficio del 9-02-04). En síntesis, Andina (Repsol) y Petrobrás urdieron la estafa a Bolivia.
Para justificar el “hedging”, Andina (Repsol) sostuvo que, de acuerdo a sus proyecciones, el precio del gas en el 2019, llegaría a 1.5 dólares por millón de BTU, el que fue sobrepasado en el momento mismo de suscribir el convenio. El MAS, de Evo Morales (en ese momento en la oposición), no denunció la estafa, pese a conocerla en detalle. En el gobierno de Mesa (2003-2005), otra empresa brasileña, UNIVEN (a veces usa el nombre de Ibero América), inició un proceso arbitral, aún pendiente, contra Andina (Repsol) por incumplimiento en la entrega de crudo, por 3 millones de dólares.
UNIVEN exige daños y perjuicios por 180 millones de dólares, 60 veces más del presunto daño. He ahí otro intento de despojar a YPFB de sus acciones en Andina (Repsol). Asimismo, Andina (Repsol) anunció que sus reservas certificadas internacionalmente habían disminuido en 25 %. Luego aseguró que la nacionalización del 1º de mayo le produjo pérdidas, pese a que sus estados financieros del 2006, serán cerrados sólo el 31 de marzo próximo.
En el gobierno de GSL, la norteamericana ENRON y la holandesa Shell crearon la empresa fantasma Southern Cone Gas (no tiene registro legal en Bolivia), la que recibió gas de Andina (Repsol) para contrabandearlo a Cuibá, Brasil, a 1.90 el millón de BTU, cuando YPFB ya vendía gas a Petrobrás a 4.20 por similar volumen. Por este delito fue detenido por algunas horas el ex representante de Repsol en Bolivia, Julio Gavito.
En los últimos meses, según “La Prensa” de 21-01-07, los fiscales, que, en los hechos, siguen las directivas del Poder Ejecutivo, dieron por concluidos media docena de juicios contra las petroleras por estafa, contrabando y evasión impositiva.
En julio de 2006, se realizó la primera reunión de directorio de Andina (Repsol), después de la nacionalización. En ese directorio, Andina (Repsol) tiene cinco representantes y un síndico. YPFB, dos representantes y un síndico.
En la oportunidad, la transnacional anunció que terminaría el “hedging” si YPFB se comprometía a no formular reclamos por los perjuicios que sufrió, que ascienden a 171 millones de dólares, según Informe Técnico de la Universidad autónoma de Santa Cruz. Esa suma debió servir para que YPFB tome el control mayoritario de la empresa hispana.
La propuesta de Andina (Repsol) fue rechazada por el representante de YPFB, el patriota boliviano y cruceño, Herman Camacho Cuellar. El otro delegado, Gary Daher, aceptó la exigencia (al igual que los representantes por mayoría), de acuerdo a instrucciones del entonces Presidente de YPFB, Jorge Alvarado, según el acta pertinente.
Camacho también fue el único en oponerse a la prórroga del contrato de administración. Ahora se lo está presionando para que renuncie a su cargo. Por de pronto, YPFB ha designado a Leila Mokrani suplente de Camacho. Mokrani ha sido una persona de confianza del “gonismo” y de Carlos Alberto Lopez, ex vocero de las petroleras en Bolivia.
Hoy tiene el respaldo del nuevo Presidente Ejecutivo de YPFB, Manuel Morales
Olivera.
