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20-07-2009 - YPFB y la nacionalización petrolera paralizados - Noticias Sobre Hidrocarburos -
La nacionalización, aparte de elevar los ingresos para el país, ¿En qué se concreta? ¿Qué control obligatorio ejerce YPFB sobre la cadena productiva?

 

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YPFB y la nacionalización petrolera paralizados

Petropress-Cedib).- En los primeros meses de este año se acrecentaron las quejas de la empresa privada por el desabastecimiento de gas natural de uso industrial. El de uso doméstico también tuvo sus dificultades en este lapso de tiempo. Laureano Rojas, presidente de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba recalcó durante el mes de marzo que "los industriales cochabambinos reciben un cupo fijo de gas natural desde hace más de tres años, por lo que el déficit ha ido agravándose con el curso de los años y tiende a seguir haciéndolo si continúa postergándose la habilitación del Gasoducto Carrasco-Cochabamba".

Las quejas de la iniciativa privada en el departamento de Santa Cruz son casi cotidianas, con razón y sin ella también. Aunque ha disminuido la demanda Brasileña, es difícil negar los problemas de desabastecimiento, tanto de gas como de algunos líquidos, que ha padecido el mercado interno, aunque en la mayoría de los casos tal desabastecimiento ha sido por periodos cortos, pero ha sido reiterativo.

En éste marco de referencia cabe destacar que el diesel es ya de importación regular y constante, en cambio la gasolina y el GLP tienen una importación puntual según la accidentada producción de los mismos que supuestamente YPFB controla como el total de la cadena productiva de hidrocarburos. Con lo cual el país se transforma de autosuficiente y exportador, en importador - exportador pero ya no autosuficiente.

Parece lógico plantear a las autoridades gubernamentales, si esto es lo que ha perseguido larga y duramente el pueblo boliviano al reclamar, con costo de sangre y vidas humanas, la nacionalización petrolera.

Aparte de innegables errores de parte de YPFB y las demás autoridades gubernamentales (que se tocarán más adelante), se tiene que recordar que uno de los motivos de la primera nacionalización petrolera como de la segunda fue el desprecio típico y tópico de las transnacionales del ramo hacia el mercado interno y su persistente actividad enfocada hacia la exportación de los hidrocarburos como materia prima a los mercados del exterior.

Con la tercera y actual nacionalización esta tendencia se acentuó a partir de la misma nacionalización como reflejo no sólo de esta misma actitud, sino también con fines políticos tendentes a generar un malestar contra un gobierno que nacionalizó el recurso energético, pero que paradójicamente aun considera la posibilidad de que estas transnacionales pueden, por obra de magia, convertirse en socios del pueblo boliviano.

De hecho la disminución de la demanda brasileña coadyuvó a no poner tan en evidencia esta actitud de las transnacionales petroleras que aun mantienen su boicot a la inversión en prospección y perforación petroleras. El caso "Santos Ramírez" desvió aun más la atención sobre este hecho.

La síntesis de este cuadro es que por las leyes vigentes como por la Constitución, YPFB es la encargada de controlar toda la cadena productiva pero en los hechos aunque se firmaron 44 contratos para aplicar la nacionalización, las transnacionales petroleras siguen controlando la producción del sector. Ahora veamos ciertos aspectos parciales pero importantes del cuadro.

El día 21 de marzo pasado el gerente general de YPFB Refinación, Germán Monroy hace una declaración (publicada en El Deber) donde afirma: "La crisis no es por la falta de capacidad de las refinerías, sino por la escasa inversión en el sector. El problema pasa por hacer cumplir los compromisos de inversión de las petroleras por parte de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos. Desde 2008 la materia prima para las refinerías ha ido disminuyendo. La capacidad de producción de ambas plantas va a menos, además que la producción de gas también disminuye y afecta a todo. En 2008 llegamos a 49.000 barriles por día y en este momento se tienen menos 9 mil barriles, es decir 40 mil barriles por día".

El escándalo de corrupción en la estatal YPFB ha impactado a todos; gobierno y oposición, derecha e izquierda, el impacto fue tal que el Vicepresidente tuvo que declarar que la empresa estatal "necesita una cirugía mayor y no aspirinas o remedios caseros". De hecho el nombramiento de Carlos Villegas como Interventor de YPFB se ha traducido en una limpieza en la misma dónde los 1500 funcionarios, que no han realizado ninguna exploración y menos una explotación petroleras en tres años, se redujeron a alrededor de 900.

Santos Ramírez, otros funcionarios que le acompañaron en la corruptela como personajes participes en la misma procedentes de la empresa privada aguardan en la cárcel el proceso judicial. ¿Pero esto es suficiente para solucionar el dilema?

El mismo Vicepresidente reconoce que "el escándalo de corrupción en YPFB, punta de lanza del proceso de cambios estructurales que impulsa la administración del presidente progresista Evo Morales, devino en un daño importante al país con su consiguiente costo político". Durante el estallido del escándalo y hasta el momento muchas preguntas han girado sobre el papel del directorio de YPFB como el de otros altos funcionarios del sector. Con anterioridad al conocimiento público del hecho de corrupción ningún miembro del directorio hizo declaración alguna respecto al asunto o a sus implicaciones.

Con posterioridad al estallido del escándalo alguno que otro directivo se apresuró a declarar que el directorio no tuvo conocimiento del contrato de YPFB con la empresa Catler - Uniservice, para puntualizar en seguida que Santos Ramírez al principio de su gestión se reunió una sola vez con el directorio y luego no volvió a convocarlos.

El día 12-04 de este año, El Deber publica una extensa entrevista con el Interventor de YPFB, Carlos Villegas que entre otras cosas afirma: "Existe un estatuto en YPFB donde se señala que es el directorio el que aprueba los procesos de contratación y por otro lado, el que suscribe contratos es el presidente". Es decir que Santos Ramírez cumplió con su función al suscribir el contrato con Catler-Uniservice, pero se apropió de la función del directorio al aprobar el contrato, mientras el directorio se mantuvo callado.

La cuestión se hace más preocupante al leer lo que publica la agencia oficial ABI (2-04-2009) se trata de la declaración de un miembro del directorio asegurando que "cumplieron con sus competencias al demostrar los vicios en el proceso de contratación de Catler - Uniservice". ¿Quién controla qué y en función de qué objetivos? La pregunta es difícil de contestar dada la compleja y deteriorada situación a la que llegó YPFB, pero lo que salta a la vista es que no se controla nada y el que se posiciona con fuerza y poder es el que decide y controla frente al silencio y la negligencia de los demás supuestos responsables.

No ha sido el cumplimiento del directorio de YPFB de sus competencias y sus responsabilidades quien puso en evidencia la corruptela, sino un crimen, un asesinato el que la puso en el conocimiento público y situó en el tapete de la discusión a nivel nacional la situación de la empresa estatal como del mismo proceso de la Nacionalización de Hidrocarburos.

¿En qué quedó la Nacionalización de Hidrocarburos?

En líneas generales la Nacionalización petrolera se divide en dos partes principales aunque no sean exhaustivas; una parte se refiere a lo heredado de los gobiernos neoliberales anteriores, especialmente del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Es decir la presencia en el país de una docena de transnacionales con sus concesiones. La segunda parte se refiere a las condiciones de explotación petrolera a partir del momento mismo de la Nacionalización.

Veamos la primera parte. Los cuarenta y cuatro Contratos de Operación con las transnacionales petroleras presentes en el país fueron suscritos el 28 de octubre del 2006 y están en vigor desde el 2 de mayo del 2007, con la protocolización en la Notaría de Gobierno.

Con anterioridad a la Nacionalización las transnacionales petroleras ya habían reducido casi a cero sus inversiones para prospección y nuevas explotaciones por dos motivos; uno se refiere a la aplicación de su paradigma neoliberal de buscar "el máximo de utilidades", así conseguidas las concesiones en condiciones extremadamente favorables a las mismas por el proceso de privatización, no tenían motivos para invertir. El segundo ya a partir del debate nacional favorable a la Nacionalización petrolera sólo mantuvieron la inversión necesaria para preservar su nivel de producción pero ninguna inversión para nuevos pozos o nuevas explotaciones.

En este contexto cabe señalar que los mencionados contratos hacen que la inversión deje de ser una opción a ejercer o no de parte de las transnacionales para convertirse en una obligación que su violación vacía de contenido del contrato y permite que sea anulado. Pero para ello hace falta una empresa estatal YPFB, real, tangible y activa, pero si al momento de la Nacionalización YPFB era una empresa residual, con la Nacionalización y todos los DS para convertirla en un ente corporativo que controle toda la cadena productiva lo único que ha hecho fue engrosar sus filas hasta 1500 funcionarios que no han realizado ninguna prospección y menos una sola perforación.

El caso del taladro para el campo Víbora que aun no ha podido entrar en actividad, es muy ilustrativo al respecto. De esto modo se comprende que con todas las declaraciones amenazantes de parte del Presidente de rescindirles los contratos a las transnacionales petroleras, si no invierten, por encima de las reiteraciones de las mismas amenazas del Ministro de Hidrocarburos de turno o del presidente de turno de YPFB, ni la Cámara Boliviana de Hidrocarburos ni ninguna transnacional petrolera se han inmutado en la medida en que tienen conciencia que YPFB no los puede sustituir.

Dicho de otro modo, sí, estamos en parte frente a un fenómeno de corrupción pero está encuadrado dentro de un proceso de sabotaje a la Nacionalización y a todo el proceso de cambio que la Nacionalización es su punta de lanza.

Para colmo y, también para finalizar esta parte, desde septiembre del 2008, Morales Olivera, Consejero del Interventor de YPFB, sostuvo varias reuniones con ejecutivos de las transnacionales petroleras, para definir los Acuerdos de Entrega que debieron ser firmados a renglón seguido de los Contratos de Operación. En los Acuerdos de Entrega se expresan los volúmenes y las condiciones técnicas en las cuales debe ser entregada, a YPFB, la producción de hidrocarburos.

Aun no se vislumbra una fecha concreta para firmar estos acuerdos. La pregunta que surge de inmediato y con fuerza alarmante es sobre la propia Nacionalización. A parte de elevar los ingresos del país ¿En qué se concreta? ¿Cuál control obligatorio por la misma Constitución ejerce YPFB sobre la cadena productiva? ¿Cuál es la situación actual de YPFB y de la Nacionalización? ¿En qué rumbo se encaminan?

Esto nos conduce a la segunda parte de la Nacionalización referente a las condiciones de explotación petrolera a partir de la Nacionalización. En primer lugar llama la atención los acuerdos que firmó YPFB con 13 empresas extranjeras para formar empresas mixtas (SAM), pero no regidas por el derecho público sino el privado, para el inicio de exploraciones y posteriores explotaciones petroleras.

Al mismo tiempo la posibilidad de iniciar de parte de YPFB perforaciones de pozos someros (de poca profundidad) como el caso del Palmar cerca de Santa Cruz, ésta se otorgó a una empresa privada. Aunque de estas empresas mixtas, algunas están en el inicio de sus actividades, mientras las demás aun no lo han hecho, por lo tanto no está a la mano los elementos necesarios de evaluación de su marcha, pero el hecho no impide que surjan interrogantes y temores de que subrepticiamente se está volviendo a una privatización de la actividad petrolera pero protegida con el ropaje de la nacionalización y de la asociación con la empresa estatal, tal como ocurrió con la estatal venezolana PDVSA en el periodo anterior al año 2001 que la llevó a boicotear a su propio gobierno y lanzar una huelga que costó al país perdidas en miles de millones de dólares.

Un principio básico de todo proceso de nacionalización sea del recurso petrolero o cualquier otro, es que el único monopolio que se puede aceptar e incluso fomentar, es el monopolio estatal, pero ningún monopolio de un conjunto de transnacionales o de una sola transnacional sobre un recurso concreto. En este contexto se puede entender la concesión dada a la Jindal que aunque sea sobre la mitad de la reserva del Mutún, pero es la única empresa que explota hierro en el país, ya que dadas las circunstancias no quedaba otra alternativa.

Lo que no se entiende es otorgar licencias a Jindal para la explotación petrolera, asociada con GTL del cual la Jindal es propietaria del 80% de sus acciones, sin que siquiera formara una empresa mixta con YPFB, que si bien se tiene la intención de hacerlo pero aun esto está en intenciones mientras ya se ha perforado un pozo, se va a perforar otro y se habla de exportar a Argentina varios millones de pies cúbicos de gas.

En este marco de referencia cabe recordar que las elites gobernantes del país a principios del siglo pasado abrieron la puerta y las ventanas de la casa a la Standard Oil con todas las negativas consecuencia que trajo a Bolivia. Estamos en una situación totalmente diferente pero ¿estamos haciendo lo mismo?

El discurso oficial a partir del escándalo de corrupción, tanto del Presidente, el Vicepresidente como de las demás autoridades parece indicar una conciencia de la gravedad de la situación de corrupción pero no del deterioro del proceso de Nacionalización y de la empresa estatal YPFB para capacitarla a conducir el proceso de Nacionalización, se supone que se tiene que recurrir a la ayuda y el asesoramiento de partes que tengan convección y experiencia en los procesos de Nacionalización y no es difícil encontrarlos, basta recordar que el 79% de las reservas del petróleo en el mundo están nacionalizadas. Pero veamos el asesoramiento que YPFB pidió y consiguió para tal finalidad; el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Holanda, Noruega y Canadá. Se trata de dos instituciones financieras; una internacional y otra regional, consagradas como pilares del neoliberalismo.

Un país, Holanda que no tiene ninguna experiencia en nacionalización petrolera ni una empresa estatal del ramo, pero si tiene a la Doytch- Shell como una de las más nefastas transnacionales petroleras con conocidas aventuras coloniales. Canadá no tiene ninguna empresa estatal petrolera pero si varias empresas petroleras que recién se están transformando en transnacionales. Noruega es el único país de los tres que dispone de una empresa estatal petrolera que se creó para la explotación de los crudos del Mar del Norte, pero junta con otras empresas de países vecinos casi agotaron las reservas en aproximadamente una década.

Hoy en día la producción de este crudo (Brent) es apenas de 45 mil barriles diarios, pero aunque ignoremos el comportamiento de esta empresa estatal que actúa como privada, el contexto socio económico noruego es totalmente distinto al boliviano y las necesidades y las soluciones que se pueden dar allí no corresponde a los del entorno boliviano.

Es obvio que no basta con criticar, hay que proponer. De hecho hay una amplia amalgama de empresas estatales en el mundo como se apuntó líneas más arriba, que abarcan el ámbito regional de América del Sur como los varios continentes, especialmente en Asía y África con realidades socio económicas mucho más acordes con la realidad boliviana. La elección de una o varias de estas impresas estaría más en resonancia y más en consecuencia con el proceso nacionalizador boliviano que las opciones adoptadas.

Obviamente la re - estructuración y re - lanzamiento de YPFB y la inversión ya designada a ejecutar por la misma (mil millones de dólares aproximadamente) tienen mochas más aristas que analizar, pero el espacio disponible no lo permite por el momento.

Queda para terminar un aspecto importante a plantear someramente que es el del "Control Social" ya consagrado constitucionalmente. Lo que está claro no es sólo la ausencia de este control en el caso de YPFB y del proceso de Nacionalización, sino se nota un silencio marcado de parte de los movimientos sociales en lo referente a esta temática como en términos generales.

El alcance de un análisis de este fenómeno está fuera de los marcos de este artículo, pero es de suponer que las inquietudes sobre esta cuestión son compartidas por varios actores sociales pero sin ninguna articulación por el momento. Posiblemente volver a colocar a la "Nacionalización petrolera" en el tapete del debate nacional pueda romper esta abatía. Ojalá.

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