¿QUIÉN PAGARÁ LA DEUDA AMBIENTAL DE LA EMPRESA TRANSREDES?
El pasado 2 de junio el gobierno nacional recuperó la totalidad de las acciones de Transredes mediante el Decreto Supremo 29856. El mencionado decreto fue promulgado por el presidente Evo Morales en la planta de Transredes de Santa Cruz, ubicada en el kilómetro 7 de la carretera antigua a Cochabamba.
De este modo, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pasará a controlar aproximadamente el 98 por ciento de la empresa. La dirección fue encomendada a su nuevo presidente Gary Daher, posesionado luego de la promulgación del decreto de nacionalización.
Habrá que recordar que la empresa Transredes provocó un serio incidente ambiental en el río Desaguadero hace ocho años. En efecto, el incidente ocurrido el 30 de enero del año 2000, supuso el derrame de 29.000 barriles de petróleo reconstruido en el mencionado río.
El incidente afectó a aproximadamente un millón de hectáreas correspondientes a comunidades de los departamentos de La Paz y Oruro, con daños consecuentes a toda la fauna y flora existente en la región. Además del daño ambiental provocado, este incidente ha influido también en la estructura social de las comunidades. Diversos conflictos se han desatado entre comunidades y familias, conflictos que no han sido resueltos hasta la fecha y que quedan como secuelas silenciosas de ese suceso.
Un elemento que nos preocupa en este tema es la situación de la deuda de la empresa Transredes con las comunidades afectadas. Suponemos que la mencionada empresa debería de sanear sus deudas con los diferentes acreedores antes de ser transferida del todo, de lo contrario significaría que YPFB o el gobierno cargará con estos compromisos.
Transredes aún tiene temas pendientes con comunidades del departamento de Oruro por el derrame del 2000. Estos temas pendientes se resumen en los siguientes:
Ø La autoridad ambiental de entonces, el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, había aplicado una multa equivalente a la suma de 1,9 millones de dólares por haber infringido la Ley de Medio Ambiente.
Ø A esa sanción se sumó otra multa de alrededor de 100 mil dólares por no haber tramitado la licencia ambiental respectiva para el depósito de los suelos impregnados con petróleo.
Ø La empresa que realizó la Auditoria Ambiental había efectuado una serie de recomendaciones, una de las cuales resalta la sugerencia de realizar un monitoreo a la salud humana, lo que debería efectivizarse en las personas que estuvieron expuestas al impacto del derrame. Se sugirió, también, la implementación de programas de atención a la salud de los animales, así como el monitoreo al agua, suelo y bentos en la cuenca del Desaguadero. Aspectos, todos estos, que no fueron atendidos.
Ø Finalmente, habrá que mencionar que los comunarios no fueron tomados en cuenta en la Auditoria Ambiental. Específicamente fueron soslayados los pobladores de Kochi Piacala (Municipio de El Choro) y la comunidad de Iroco, pese a estar asentada en la misma cuenca. Los primeros, inclusive, en varias oportunidades realizaron marchas y otras medidas presión para ser atendidos.
Estos son algunos aspectos que la empresa Transredes aún no ha solucionado y que debe hacerlo, de lo contrario estos pasivos pasarán al Estado. Sin embargo, aún queda la pregunta: ¿Quién asume ahora la deuda socio ambiental de Transredes ?
Norma Mollo Mollo
LIDEMA-ORURO
CEPA
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