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30-03-2009 - Los Hidrocarburos en el día 30 de Marzo del 2009 - Noticias Sobre Hidrocarburos -
  • El Gobierno mantiene a Chaco como S.A.
  • YPFB está decidida a sostener alianzas con empresas privadas
  • Tarija se perfila como opción para la construcción de termoeléctricas
  • Inspección de pozos petroleros para evitar escasez de carburantes
  • Santos contrató a gente del MAS para evaluar a Catler-Uniservice
  • En Diputados piden que se postergue la Ley de Pensiones
  • El caso de Santos Ramírez se publica en un libro

 

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El Gobierno mantiene a Chaco como S.A.

Los Tiempos

El Gobierno salvaguarda a la nacionalizada petrolera Chaco bajo el Código de Comercio como una Sociedad Anónima (S.A.) pero al mismo tiempo viola esa misma norma no sólo con el Decreto Supremo 29888 sino manteniéndola como S.A. y también con la Junta de Accionistas y la designación de un directorio.

La Empresa Petrolera Chaco S.A. fue nacionalizada el 23 de enero de 2009, por Decreto Supremo 29888. En la misma fecha se reunió la Junta General Ordinaria para cambiar a los Directores, síndico y el plantel ejecutivo de la empresa.

Con esta Junta Ordinaria fue vulnerado el Código de Comercio porque fue realizada sin previa convocatoria pública. El artículo 288 de esa norma especifica que la invitación debe ser "efectuada mediante avisos publicados en un periódico de amplia circulación nacional".

Además, estos "avisos deberán publicarse durante tres días discontinuos, debiendo el último realizarse cuando menos cinco días y no más de 30, antes de la reunión".

El inciso IV del artículo 3 del Decreto Supremo 29888 "instruye al presidente Ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), instalar la Junta Ordinaria de Accionistas y proceder a la remoción y designación de directores y síndicos".

Otra de las violaciones se refiere a que no se convocó a la Junta General Extraordinaria que debería reunirse para la "transformación" de la sociedad. Este punto está consignado en el inciso 5 del artículo 286 del Código de Comercio. En Chaco sí se modificó la empresa, puesto que Amoco Bolivia Oil & Gas AB fue sustituida por YPFB.

La nacionalización de la petrolera Chaco transgredió el Decreto Ley 14379, pero igual el Gobierno instruye se mantenga a esa empresa "respetando su calidad de Sociedad Anónima, regida por las reglas del Código de Comercio".

 

 

YPFB está decidida a sostener alianzas con empresas privadas

El Diario

BUSCAN ALTERNATIVAS PARA MEJORAR YPFB

• Organismos internacionales de Canadá, Ginebra y Holanda están dispuestos a colaborar logística y económicamente a la reestructuración.
El vicepresidente de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) José Luis Gutiérrez, no descarta que la estatal petrolera trace alianzas con empresas privadas petroleras para convertirse en una empresa corporativa.

Gutiérrez, señaló que no importa el camino que YPFB siga para convertirse en una empresa mixta o estatal. “Pero tenemos que ser una entidad eficiente, eso es lo que queremos y a eso tenemos que llegar ”dijo.

LA REESTRUCTURACIÓN DE YPFB

“ No importan los caminos, porque somos ente estatal, y como tal no debemos tener diferencia con ninguna empresa” dijo el enrevistado a EL DIARIO.

Consultado si hay predisposición de los organismos internacionales, como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Países Bajos (Holanda) de apoyar logística y económicamente a YPFB, señaló que llamó la atención su sentido de colaboración pese a la situación crítica en que se encuentra YPFB. “Éllos estuvieron como los primeros en acudir al llamado de la cooperación en este tema estructural”, aseveró.

SEMINARIO PARA LA REESTRUCTURACIÓN

Durante el Seminario para la reestructuración de la estatal petrolera realizado la semana pasada, se aprovechó la presencia de profesionales extranjeros que transmitieron sus experiencias. “ Ya que éllos formaron parte en varias instituciones y nos dijeron cuál tiene que ser el éxito empresarial “ dijo.

“Partiendo de este principio, estamos encarando el cómo tiene que ser YPFB para convertirse en empresa exitosa. Analizar si hasta el momento estamos teniendo problemas, para poder superarlos. Todos los representantes de organismos internacionales nos apoyaron con sus experiencias para superar problemas que éllos también han tenido, para relanzar y hacer de YPFB la empresa que quieren todos los bolivianos “ dijo.

ALIANZAS

La prioridad del Gobierno es establecer alianzas con empresas estatales del exterior, tras las conexiones que estableció con las compañías Gaszprom de Rusia, PDVSA de Venezuela, Enarsa de la Argentina, Braskem y Petrobras del Brasil, National Iranian Oil Company de Irán y Jindal Steel and Power de la India.

Entre las nuevas alianzas se encuentran: Petrovietman, y las estatales de Holanda, Ginebra, Canadá.

Según el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, actualmente la estatal petrolera tiene vigentes 43 contratos de operación, compromisos que dependen en gran medida del aumento y mantenimiento de volúmenes de producción.

“Asimismo, el Gobierno Nacional construye una estrategia boliviana de hidrocarburos, que marca los objetivos estratégicos del Estado para el sector, así como la necesidad de estructurar las instituciones tales como el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, la Superintendencia de Hidrocarburos, actualmente Agencia Plurinacional de Hidrocarburos, YPFB, y la Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos, recientemente creada por la nueva Constitución Política del Estado,” explicó Villegas.

“En este contexto se hace imperativo y claro el camino a seguir y la tarea que se debe cumplir como es la construcción de una YPFB corporativa, que a diferencia del año pasado ya no tiene al frente eventuales adversarios en la mesa de negociación”, concluyó.

 

Tarija se perfila como opción para la construcción de termoeléctricas

La empresa india Jindal Steel & Power y sus socios bolivianos iniciaron la perforación de un pozo de gas en el oriente de Bolivia, con una inversión de 7 millones de dólares, informó el viernes una fuente del sector petrolero.
Se trata de la primera incursión de Jindal en el sector de los hidrocarburos de Bolivia, país al que llegó en 2007 para explotar el yacimiento de hierro "El Mutún", situado en la frontera con Brasil.

La actividad principal de Jindal es la minería y la producción de acero, si bien también posee concesiones en hidrocarburos en India, Georgia y ahora operaciones en Bolivia a través de la firma GTLI.

Luis Carlos Kinn, Gerente de la empresa GTLI, participada en 80 por ciento por Jindal y un 20 por ciento por bolivianos, dijo que la compañía inauguró el jueves la perforación de un pozo en el campo Palmar, situado en la región de Santa Cruz (este).

El ejecutivo boliviano explicó que se trata de "un proyecto enteramente privado" que continúa con las operaciones en el Palmar que inició la coreana Dong Wong, pero que después transfirió a GTLI.

En la perforación del pozo en concreto se han invertido 7 millones de dólares, tras cuatro millones destinados a estudios previos.

Kinn sostuvo que el grupo decidió encarar el proyecto con una visión de futuro porque actualmente los precios del gas son bajos.

También destacó que la compañía cree que la situación de Bolivia para los inversores se ha estabilizado y que no se esperan más cambios en el sector petrolero como los realizados desde el 2006.

"La cantidad de gas y petróleo que hay en Bolivia es bastante grande y entonces la estrategia de la empresa es apostar a mejores precios a futuro porque los recursos (en hidrocarburos) son gigantescos", apuntó Kinn.

GTLI tiene previsto comenzar la producción de su pozo en 75 días y, de forma paralela, tramita la realización de otros cuatro proyectos de exploración, pero esta vez en sociedad con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

 

Inspección de pozos petroleros para evitar escasez de carburantes

Jornada

El Ministro de Hidrocarburos y Energía, Oscar Coca, inició ayer domingo en Santa Cruz, una inspección ocular que lo llevará a visitar todos los pozos petroleros del país, para exigirles a las empresas, que cumplan con las inversiones comprometidas en la presente gestión, para evitar una posible falta de carburantes.
"Estoy entrando a una inspección para cuidar que los compromisos de las empresas petroleras se cumplan. Estaré de visita durante tres días en varios campos", dijo el Ministro, al arribar a Santa Cruz, su primera escala en esta misión, que lo llevará además a Cochabamba y al Chaco Boliviano.

Coca informó que, previa a esta inspección, se han revisado los planes de operación de cada pozo y sólo con la revisión de planes se podrá conseguir un 10 por ciento más de producción en lo que va del año, lo que garantizará que no falte el energético en el país y no haya necesidad de importarlo.

"Si sólo exigimos el cumplimento de los contratos, nos irá bien a todos en el país", justificó el ministro Coca.

El informe de esas inspecciones será presentado al presidente Evo Morales en la sesión de Gabinete del próximo viernes a su retorno de Qatar donde participa de una Cumbre Presidencial de mandatarios sudamericanos y árabes.

Esta reunión de ministros se realizará en un barco que navegará por las aguas del lago Titicaca donde se planificarán acciones para lograr una inversión eficiente en todo el órgano ejecutivo, además de completar las estrategias de planificación para la implementación de la nueva Constitución Política del Estado.

 

Santos contrató a gente del MAS para evaluar a Catler-Uniservice

El Diario

Corrupción: Santos Ramírez sale del juzgado que ordenó su detención en el penal de San Pedro, en febrero

La Comisión Calificadora supuestamente ajustó el contrato a la medida de la compañía accidental.

Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien fue hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del que fue expulsado, contrató a militantes de su partido sin formación técnica en hidrocarburos para la calificación del contrato con la empresa Catler-Uniservice. Los implicados fueron remitidos al Tribunal de Honor del frente político oficialista.

El vicepresidente del MAS, Sergio Loayza, informó que en total son once los investigados por los hechos de corrupción en la estatal petrolera; de éstos, cinco formaron parte de la comisión de calificación que decidió contratar a esa compañía para la construcción de un planta separadora de líquidos en Río Grande, en Santa Cruz.

El convenio suscrito el 14 de julio de 2008 entre YPFB y la sociedad accidental Catler-Uniservice fue observado porque supuestamente se ajustó a la medida de la empresa contratada.

Dos de las cuatro adendas que se encuentran en el documento permiten a la compañía presentar como garantía pólizas de seguro en vez de boletas bancarias y otra le posibilita recibir pagos aunque no exista una supervisión especializada a la obra.

Ese contrato fue redactado al amparo del Decreto Supremo 29506, del 9 de abril de 2008, que autoriza a Yacimientos a realizar contrataciones directas (sin licitación) de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría en el área productiva de hidrocarburos.

Formaron parte de esa comisión calificadora Esther Rosario Carmona Nogales, ex directora jurídica de YPFB y ex jefa de Gabinete de Ramírez cuando éste era presidente de la Cámara de Senadores; Julio Anagua Chumacero; Daniel Álvarez Dante; Javier Ernesto Guzmán Navarro y Diego Argandoña Aramayo.

Todos ellos son militantes del Movimiento Al Socialismo, según confirmó el Vicepresidente del frente oficialista, y fueron remitidos al Tribunal de Honor, que puede expulsarlos del grupo después de una investigación preliminar, tal como ocurrió con Ramírez el miércoles 11 de marzo.

También son indagados por el escándalo los masistas Linneth Sclink Ontiveros, Marco Antonio Vega del Carpio, Elizabeth Morales Troncoso, Iván García Roca, Federico Galán Laime y Richard Aguilera Montecinos, quienes fueron acusados de manera verbal ante el Tribunal de Honor.

No obstante, se conoce que Marco Antonio Vega formó parte de la comisión evaluadora del contrato con Catler-Uniservice.

Los hechos de corrupción en YPFB se destaparon después del asesinato del empresario Jorge O’Connor el 27 de enero para robarle 450.000 dólares que, supuestamente, eran una coima para Ramírez, quien fue destituido de su cargo y permanece detenido preventivamente en el penal de San Pedro a la espera de un juicio, aunque sus abogados tramitan la cesación de medidas preventivas a su favor.

Entre los involucrados en la comisión que calificó a Catler sobresale Esther Carmona, quien acompañó a Ramírez desde su labor en el Senado. En YPFB, la masista ocupó la Dirección Jurídica y fue vicepresidenta del Directorio de la empresa YPFB-SIPSA (Servicios e Industrias Petroleras S.A.), creada para la recalificación de garrafas. Firma también investigada por corrupción.

La funcionaria fue alejada de su cargo el 31 de enero, junto con otros nueve ejecutivos de la estatal por su presunta participación en hechos irregulares en la firma del contrato entre el Estado, representado por YPFB, y Catler-Uniservice, dirigida por O’Connor.

Carmona fue aprehendida el 16 de febrero, pero la juez cautelar Marcela Siles dictó medidas sustitutivas a la detención mientras dure la investigación. Se le imputan los delitos penales de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa.

Los otros masistas que formaron parte de la comisión, a saber Anagua Chumacero, quien hizo la precalificación de las propuestas para el proyecto de la planta separadora de líquidos; Álvarez Gantier; Guzmán Navarro; Argandoña Aramayo; Sclink Ontiveros; Vega del Carpio; Morales Troncoso; García Coca; Galán Laime y Aguilera Montesinos, también fueron denunciados como autores materiales e intelectuales de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación, contratos lesivos al Estado y otros en el ejercicio de la función pública.

Se conoce que estos funcionarios formaban parte del entorno más estrecho de Ramírez. La Fiscalía también investiga por estos hechos a María Cecilia Palacios Jiménez, Pablo Valeriano Barroso, Ramiro Lizarazu Orellana, Mauricio Ochoa Urioste y Juan Carlos Arellano Paz, este último era gerente de Planificación de la estatal. De estos últimos no se sabe si son parte del MAS.

El proceso

El senador del MAS Félix Rojas informó que el Tribunal de Honor está sustanciando cada uno de estos casos antes de que emita un pronunciamiento. La instancia está integrada por tres miembros del partido: Mario Flores, ex ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Silvia Lazarte, ex presidenta de la Asamblea Constituyente y dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, y Felipe Sebastián, militante de base.

No obstante, si estos once masistas son expulsados como Ramírez, según el Estatuto del Movimiento Al Socialismo, pueden retornar al frente si prueban su inocencia de las denuncias.

El escándalo de corrupción que se destapó en YPFB y que llevó a la cárcel a su ex presidente afectó la imagen del partido, reconoció Sergio Loayza. “Lucharemos frontalmente contra la corrupción, masistas o no masistas deben ir a la cárcel. Nos ha lastimado lo de Ramírez”.

El Vicepresidente del partido gobernante informó que se han recibido otras denuncias más similares, pero de forma verbal y sin la documentación necesaria para sustentarlas.

El caso denunciado más reciente es del diputado Julio García, quien pidió 40 cargos en la Caja Nacional de Salud (CNS) por su condición de parlamentario oficialista. El jefe de bancada del MAS en la Cámara Baja, César Navarro, advirtió la semana pasada que el hecho será investigado y que, de ser necesario, el legislador pasará al Tribunal de Honor.

Para evitar que existan más masistas envueltos en hechos irregulares vinculados a la administración de recursos públicos, el MAS creará una Escuela de Formación Ideológica. Y Loayza dijo que la lucha contra la corrupción será frontal desde este año.

El “instrumento político” desarrollará un encuentro el 3 y 4 de abril en Cochabamba, donde se prevé aprobar “un reglamento más contundente”. El dirigente departamental del MAS en La Paz Samuel Guarayo indicó que el objetivo es “tener más disciplina partidaria y para que los masistas trabajen para el país, no para ellos”.

La escuela de formación político-ideológica y de gestión pública del MAS igual busca preparar técnicamente a las futuras autoridades del partido y crear el “compromiso revolucionario” en ellos para evitar que incurran en actos de corrupción.

El control social del oficialismo

El Movimiento Al Socialismo (MAS) apuesta a la implementación del control social para vigilar el funcionamiento de las instituciones del Estado y de las empresas estratégicas del país, y así evitar que existan actos de corrupción como ocurrió la estatal petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El senador masista Félix Rojas explicó que esta instancia de vigilancia deberá aplicarse en todos los ministerios, viceministerios y direcciones del Estado, así como en los municipios, departamentos y regímenes autónomos. También en consorcios estatales, como YPFB, e incluso en aquellas empresas privadas que suscriban contratos con el Estado.

“La lucha contra la corrupción se va a profundizar con la cristalización del control social. Como dictamina la Constitución Política vamos a pelear permanentemente para que el control social esté en todas las instituciones, no solamente de la administración pública, sino también en las empresas privadas que tengan contratos con el Estado. Así el control será efectivo en todas las instancias”.

El legislador masista explicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional, que será elegida el 6 de diciembre, deberá elaborar las leyes reglamentarias para que el Control Social se dé en todas las instancias en las que el Estado tiene actividad económica.

Los movimientos sociales afines al MAS ya anunciaron que serán los únicos que vigilarán la cosa pública.

Otros casos en Cochabamba

Tres ex autoridades municipales del MAS fueron enviadas al Tribunal de Honor. El ex alcalde de Vinto (Cochabamba) Pacífico Otálora, actualmente detenido en el penal de San Antonio, acusado de desfalcar 1,5 millones de bolivianos y de tráfico de influencias; el ex alcalde de Quillacollo Hugo Miguel, investigado por hechos de corrupción por los cuales en diciembre de 2008 solicitó una licencia indefinida ante el Concejo de ese municipio, y el último es el ex concejal de Vinto César Olmos, también denunciado ante el Tribunal por supuestos actos de corrupción junto con el ex alcalde municipal Otálora.

Asimismo, Miguel y Otálora fueron conminados el año pasado por el presidente Evo Morales a abandonar sus cargos y permitir que sean investigados por el MAS y la justicia ordinaria.

Dentro del partido gobernante se sabe que ésos no son los únicos casos de corrupción descubiertos entre los funcionarios del partido.

El año pasado, la ministra (entonces viceministra) de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció ante el Ministerio Público al ex concejal municipal de Puerto Pérez (La Paz) Faustino Mamani Salinas por prolongación de funciones y falsedad ideológica.

Se conoció que el 30 de diciembre, en Cochabamba, en la evaluación de los tres años del Gobierno, el Mandatario recibió informes de irregularidades en mandos medios de ministerios y municipios. Esa noche, el Jefe de Estado pidió públicamente a sus ministros “mayor control”.

Los masistas que son investigados

CASO YPFB

Esther Rosario Carmona Nogales: Estuvo a punto de quedar detenida y la juez ordenó medidas sustitutivas porque no se sustentó bien la imputación en su contra. Fue jefa de Gabinete de Santos Ramírez cuando éste presidió el Senado y pasó con él a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Fue miembro del Directorio de SIPSA, la empresa que creó junto con Santos Ramírez.

Javier Ernesto Guzmán Navarro: Hombre de confianza de Santos Ramírez Valverde. Formó parte de la comisión de calificación del contrato con Catler-Uniservice S.R.L.

Marco Antonio Vega del Carpio: Fue director Nacional de Planificación de YPFB. Fue separado de la estatal petrolera en el primer grupo de despedidos, por decisión tomada en el consejo de ministros. Era el inmediato inferior de Rodrigo Carrasco, acusado por el Gobierno de pertenecer a la CIA y de haber filtrado información. Estuvo en la comisión de calificación del contrato con Catler.

Federico Galán Laime: Relacionado con la firma del contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Catler-Uniservice S.R.L. Participó en la comisión de calificación que revisó los detalles del acuerdo.

Julio Anagua Chumacero: Participó en la formación de SIPSA y en la comisión calificadora del contrato con Catler-Uniservice.

Richard Aguilera, Iván García Coca, Elizabeth Morales Troncoso, Diego Argandoña Aramayo, Daniel Álvarez Dante y María Eslid Ontiveros: Todos ex funcionarios de YPFB, las denuncias presentadas contra ellos son por vinculación. No se han sustanciado sus casos.

OTROS CASOS

Pacífico Otálora: Ex alcalde masista del municipio de Vinto. Desfalcó alrededor de 1,5 millones de bolivianos y está comprometido en actos de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. La denuncia la formuló el concejal opositor Isidro Ascui. Dejó el cargo el 9 de diciembre cuando fue posesionada como nueva alcaldesa Estefanía (MAS). Las autoridades de inmediato se trasladaron a la oficina del entonces Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción con el propósito de entregar documentos que supuestamente implican a Otálora en actos de corrupción. En diciembre de 2008, el propio presidente Evo Morales había conminado a Otálora a alejarse del cargo para defenderse de los procesos judiciales iniciados en su contra. El juez de Medidas de Cautelares del Distrito Judicial de Quillacollo, William Carballo, ordenó el 20 de enero la detención preventiva del ex Alcalde de Vinto.

César Mercado Olmos: Fue concejal del municipio de Vinto, también es investigado por haber participado en los actos irregulares de Otálora. El Ministerio de Lucha contra la Corrupción presentó la denuncia ante la Fiscalía por manejo irregular de bienes y recursos del municipio.

Hugo Miguel: Es ex alcalde del municipio de Quillacollo, accedió a su cargo con la sigla del Movimiento Al Socialismo. Miguel, luego de varias denuncias de mal manejo económico y corrupción durante su gestión, recibió la conminatoria del presidente Evo Morales para que abandonara su cargo y se sometiera a una investigación. En diciembre del año pasado pidió una licencia indefinida para ser investigado.

Faustino Freddy Mamani Salinas: En 2008 el entonces Viceministerio Anticorrupción (ahora Ministerio) denunció la Fiscalía al ex Concejal de Puerto Pérez por anticipación o prolongación de funciones, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

El MAS pretende deshacerse de la corrupción

El MAS busca “limpiar” su imagen política después del escándalo de corrupción en YPFB.

El Tribunal de Honor tiene en su agenda la investigación de al menos 14 casos de militantes.

Los implicados pueden ser expulsados del partido si se comprueban los hechos denunciados.

El Tribunal asume sus decisiones después de una evaluación de las pruebas recolectadas.

Esta instancia de control interno expulsó al hombre fuerte del MAS Santos Ramírez.

El partido oficialista tendrá una Escuela de Formación ideológica para sus seguidores.

En ese centro, por ejemplo, se darán clases de marxismo y otras corrientes filosóficas.

En los tres años de gestión del presidente Evo Morales se destaparon varios casos de corrupción.

La mayoría de los hechos implicó a masistas, como José Bailaba por el caso “visas chinas”.

 

 

En Diputados piden que se postergue la Ley de Pensiones

La Razón

Mendoza (UN), sugiere postergar hasta el próximo año el análisis y la aprobación del proyecto de nueva Ley de Pensiones, para que sea tratada en la Asamblea Plurinacional.
“Tomando en cuenta que nadie está de acuerdo en este momento con esta ley, es una sugerencia mía que este tema, como se trata de una ley estructural de la nación y no así periférica, pueda ser tratada en la Asamblea Plurinacional, cuando el país esté con un solo norte y con un solo objetivo común”, manifestó Mendoza.

Al respecto, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Sócimo Paniagua señaló que ese sector sí está de acuerdo con esta sugerencia. “Lo que nosotros podemos hacer es replantear nuestra posición al Congreso actual para que sea atendible en las próximas legislaturas, en función a nuestros principios de que el sistema individualista ya caducó, está nulo. Y el sistema solidario y de reparto es el que está preponderando en todos los países”, dijo.

El 21 de diciembre del 2008, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de nueva Ley de Pensiones. Ahora la norma está siendo analizada por el Senado en sus comisiones de Hacienda y de Desarrollo Social. “El proyecto que se aprobó es una ley totalmente diferente al presentado por la COB. Estaba basada en la ley presentada por el Poder Ejecutivo”, agregó Mendoza.

El motivo principal que expuso Mendoza para sugerir que se postergue el tratamiento de la nueva ley es “porque en este momento el país está absolutamente desordenado y confundido; es un momento en que nada puede prosperar en el tema de acuerdos y consensos. Además, estamos en un momento electoral y esto puede involucrar una serie de presiones de un sector y del otro”, manifestó.

Al referirse a este tema, el dirigente del magisterio José Luis Álvarez indicó: “Nosotros no esta- mos de acuerdo en que se postergue el tratamiento de la Ley de Pensiones, porque éste es un tema muy urgente, ya que hay maestros que tienen 78, hasta 80 años y siguen trabajando porque las rentas que les calculan son totalmente miserables”.

Paniagua afirmó que los dirigentes de la COB enviarán una nueva propuesta al Senado. “Será el Congreso Plurinacional quien apruebe las siguientes leyes, y si las aprueba este Congreso, estarían sujetas a revisión del posterior Congreso después de diciembre”, sostuvo.

Los maestros se movilizarán

El magisterio paceño realizará una marcha de protesta este 8 de abril, pidiendo que el Gobierno respete el proyecto que enviaron para aprobar una nueva Ley de Pensiones, informó ayer el dirigente de los maestros urbanos de La Paz José Luis Álvarez.

“Ésta será una gran marcha de antorchas a la cual también estamos convocando a los sectores fabriles, a los empleados de la Caja Nacional de Salud y a todos aquellos trabajadores que estamos exigiendo una Ley de Pensiones que nos permita tener una jubilación más justa y más humana”, dijo Álvarez. También manifestó que en las ciudades de Oruro, Tarija, Sucre y Potosí los maestros urbanos han ratificado que continuarán con otras movilizaciones.

“Sabemos que los masistas y comunistas van a entrar en pugna y con seguridad no van a modificar la Ley de Pensiones, así que corresponde a través de la movilización y la lucha callejera imponer esta Ley de Pensiones con las particularidades que hemos indicado”, dijo. Anunció que la marcha se concentrará en el centro de la urbe paceña.

 

 

El caso de Santos Ramírez se publica en un libro

La Razón

El libro titulado Santos Ramírez. Corrupción en Tiempos de Cambio, escrito por los periodistas Marco Zelaya y Daniela Espinoza, está en circulación. Según los autores, el texto es una exhaustiva recopilación informativa acerca del mayor caso de crimen y corrupción que se ha registrado en los tres años de administración del presidente Evo Morales y de su partido, el MAS.
El texto está compuesto por una reconstrucción ordenada y lógica del caso YPFB-Catler Uniservice, que derivó en la muerte del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, el 27 de enero en La Paz, cuando se disponía a entregar 450 mil dólares de una presunta coima a los parientes políticos del ex presidente de la estatal, Santos Ramírez, que está bajo detención pre- ventiva en el penal de San Pedro.

Los capítulos narran los hechos fundamentales del caso, en tanto que los subcapítulos aportan mayor información sobre esos sucesos y se pueden leer como historias autónomas.

Los periodistas indican que en el libro se ha incluido los hitos que permiten comprender cómo se encadenaron los hechos y avizorar los posibles desenlaces.

 

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