Contrato petrolero tiene sobreprecio de más de $us 20 millones – El Diario
El contrato suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Catler Uniservice para la instalación de la Planta Separadora de Líquidos, supuestamente con capacidad de procesar el crudo de petróleo, tiene un sobreprecio de más de 20 millones de dólares, denunció el empresario petrolero Fernando Rodríguez.
Al respecto, la Comisión de Fiscales que investiga los casos de corrupción en YPFB recurrió a la firma petrolera “Metro Industrie” para verificar la existencia del sobreprecio en la Planta, de Río Grande, que no tiene avance alguno en obras de infraestructura del proyecto que demandó una inversión de 86.3 millones de dólares.
Al igual que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción espera el retorno de técnicos de la estatal petrolera desde Estados Unidos y Argentina, para hacer conocer una información oficial sobre el avance de la obra, la que también es desconocida por el contralor interino de la República, Gabriel Herbas.
Entre tanto, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Luis Vásquez Villamor, pidió la inmediata rescisión del contrato YPFB-Catler Uniservice, por encontrarse con indicios penales, que involucra a autoridades como el presidente interino Carlos Villegas, al superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, quienes tenían conocimiento sobre las negociaciones.
Por su parte, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chavez, sostuvo que el contrato es objeto de análisis por parte de varios ministerios del Estado y YPFB.
La autoridad reconoce, además, que el contrato se halla “viciado” y anuncia que el Gobierno obrará con cautela a fin de evitar equivocaciones y que el Estado Nacional pierda millonarios recursos.
Asimismo, analistas petroleros y políticos, piden a la administración del presidente Evo Morales la rescisión del contrato suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la empresa Catler Uniservice, el mismo que al tener un sobreprecio es lesivo a los intereses del Estado Nacional.
Por otro lado, se anunció también que el destituido presidente de la empresa estatal Santos Ramírez, quien se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro, podría ofrecer hoy una conferencia de prensa.
Piden rescindir contrato entre YPFB y Catler Uniservice – El Diario
• Analistas petroleros aseguran que la instalación de la Planta en Río Grande adolece de irregularidades.
En el marco del informe que envió el Senado Nacional, la Fiscalía, políticos, analistas, petroleros piden rescindir el contrato suscrito entre YPFB y Catler Uniservice para la instalación de una Planta Separadora de Líquidos, que no tiene avance alguno en Río Grande.
En su momento, el petrolero Fernando Rodríguez, denunció que la construcción de la Planta Separadora de Líquidos tiene un sobreprecio de más de $us 20 millones, debido a que no reúne las condiciones para procesar más de 6 MMcpd (Milllones de Metros cúbicos de gas por día) al igual que procesan crudo de petróleo, gas natural, las refinadoras de San Alberto, Sábalo.
De igual manera, la Fiscalía de Distrito de la Paz, recurre a la firma petrolera “ Metro Industri” que evaluará un posible sobreprecio en el contrato entre YPFB Catler Uniservice, para la instalación de una Planta Separadora de Líquidos en Río Grande con la inversión de 86.3 millones de dólares.
CONTRATO
Durante el informe que remitió la Comisión de Hacienda a la Fiscalía, se estableció que la responsabilidad no podría estar circunscrita sólo en Santos Ramirez, sino en el interino Carlos Villegas, Guillermo Aruquipa y la súper de Hidrocarburos.
“ Ya que el informe demuestra que hay una serie de elementos que vinculan a otras autoridades que participaron y autorizaron a realizar el contrato”, señaló el representante de la Comisión de Constitución
“ Parece paradójico que a estas alturas, el interino presidente de YPFB Carlos Villegas, desee continuar con el contrato que ha sido cuestionado por el Ministerio Público y en Senado Nacional, por ser un contrato lesivo a los intereses del Estado, que sufrió pérdidas millonarias “ observó.
CONTRATO ILÍCITO
El contrato YPFB-Catler Uniservice se observó como un contrato ilícito por los pagos y una posición del fiscal Jhonny Mollinedo que píde rescindir el contrato. “ Nos preguntamos por qué existe el capricho de ponerlo en vigencia y llevarlo adelante lo que llevaría al Gobierno a cometer otro gran error “ dijo.
El presidente de la Comisión de Constitución, señaló que se debe investigar qué intereses están detrás del contrato YPFB - Catler Uniservice, que a pesar de todo el escándalo que se vivió sobre el tema, “existen ya, indicios de tipificación penal, como el tráfico de influencias, daños lesivos al Estado, por lo que deben responder varias autoridades”.
Agregó, que es obligación del Gobierno hacer transparente el contrato entre YPFB y Catler Uniservice, para dar respuestas contundentes.
BOLETAS
A fin de precautelar los recursos desembolsados a la empresa Catler Uniservice, el Gobierno debe hacer realidad el cobro de las boletas de garantía del contrato, como forma de precautelar los intereses del Estado boliviano.
Cossío pagó por 4 generadores que presentaron fallas – La Razón
La Prefectura del departamento de Tarija compró cuatro generadores eléctricos con fallas mecánicas por $us 1.362.280, para las poblaciones de Bermejo y Entre Ríos. Aunque se repararon las fallas, la potencia de esos aparatos es mínima. En Bermejo, se tuvo que alquilar otros dos equipos para ayudar a la generación de electricidad, denunció el viceministro de Prevención de la Corrupción, Promoción de Ética y Transparencia, Tamer Medina.
La autoridad gubernamental contó que el 2005 se “hace la adquisición de cuatro generadores a gas para Bermejo y Entre Ríos, los cuales, a los pocos meses de su funcionamiento presentan problemas de pérdida de aceite y desgaste de bujías”.
Por ello, agregó, la Prefectura se ve obligada a alquilar otros dos generadores para Bermejo por un monto de $us 30 mil mensuales, según datos del Gobierno. En Entre Ríos los equipos tienen problemas, pero Medina dijo que no son tan graves como en Bermejo.
Ante la acusación, la directora jurídica de la Prefectura tarijeña, María Teresa Paz, explicó que efectivamente los generadores presentaron fallas pero que “el alquiler de los equipos no se origina por esas falencias en los motores sino por el déficit de la capacidad de generación del sistema de Bermejo”. Ella no supo especificar el costo del alquiler de los dos generadores.
El 27 de diciembre del 2005, el ex prefecto de Tarija, Adel Cortez, firmó, con la proveedora Cummnis SA, la compra de cuatro generadores eléctricos para las localidades de Bermejo y Entre Ríos. Al siguiente año, luego de asumir el cargo de prefecto, Mario Cossío, “firma una adenda para permitir que la empresa proveedora cobre la totalidad del monto contratado sin que se instalen los generadores de energía eléctrica”, manifestó Medina.
La empresa, indicó, cobró el costo total de los generadores, pero según la Prefectura luego hizo la instalación de ellos. “La proveedora cumplió con los plazos, pero en la Prefectura hubo demora en la construcción de obras civiles. Entonces, eso también demoró en la instalación”, dijo Paz refiriéndose a la gestión prefectural pasada.
El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción hizo llegar esta denuncia a la Fiscalía General, que a su vez la remitió a la Corte Suprema de Justicia, hace tres meses.
“Hubo un gran daño económico a la Prefectura de Tarija por la compra de generadores sin accesorios adecuados y el alquiler de otros”, acotó Medina.
Paz aseguró que esa acusación es falsa y que se hizo la instalación de los generadores, pero “lo que hubo fueron fallas técnicas, pero la empresa repuso esos equipos. Luego no se podía habilitar por los técnicos de Bermejo, porque son equipos bastante sofisticados, pero fueron fallas de funcionamiento no de origen sino de instalación”.
Medina indicó que en el contrato firmado por el ex prefecto se establece que la empresa proveedora debía instalar y poner en funcionamiento los generadores, antes de que cobre el monto total de $us 1.362.280.
Pero, con la firma de una enmienda a ese contrato, el 7 de septiembre del 2006, Cummnis SA cobró primero y luego instaló los generadores y “resulta que no sirven, porque no tenían todos sus accesorios”, comentó.
Al ver la falla, los pobladores de Bermejo llegaron hasta la Prefectura y pidieron la reposición de los generadores. Paz indicó que los generadores fueron repuestos, pero que “necesitan un proceso para que trabajen bien”, así que los alquilados continúan en la población de Bermejo. “No falta electricidad en el lugar”.
Dentro del caso de los generadores surgió otra denuncia del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la supuesta rebaja en las boletas de garantía. “Por ejemplo, de Bs 136 mil se rebajó a Bs 81 mil, en una de las boletas y ésas ya están vencidas. Esto fue observado por una auditoría que realizó la Contraloría”, dijo Medina, mientras Paz negó esa acusación.
El Gobierno denunció a Cossío por los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. “Determinar y calcular el daño es difícil porque la Prefectura no permite el acceso a la información”, finalizó Medina.
El Gobierno busca rescindir el contrato con Catler Uniservice – La Prensa
El Gobierno advirtió que no avalará un contrato con vicios de ilegalidad de hechos de corrupción.
El Gobierno del presidente Evo Morales anunció su intención de rescindir el “irregular” contrato que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó el 14 de julio de 2008 con la sociedad accidental Catler-Uniservice S.R.L.
Sin embargo, también busca impedir la pérdida de los 35 millones de dólares de una carta de crédito que la estatal petrolera abrió en un banco de EEUU para pagar la construcción de un equipo para la planta separadora de líquidos de Río Grande, en Santa Cruz, en manos de la empresa Gulsby Process Systems.
El ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, anunció ayer que el Poder Ejecutivo no va a “validar por ninguna circunstancia un acto irregular ni se va a tener tratos ni contratos con empresas sobre las cuales existen procesos de investigación y denuncias muy serias”.
Una comisión de fiscales investiga las supuestas irregularidades en el contrato que YPFB suscribió con Catler-Uniservice S.R.L. para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, por 86,5 millones de dólares.
Esta afirmación la hizo en el programa el Pueblo es noticia, que difunde Radio Patria Nueva, donde reconoció la existencia de un informe en el que se advierte que, si YPFB rompe el contrato con Catler-Uniservice S.R.L., el Estado boliviano podría perder los 35 millones de dólares de la carta de crédito abierta por el Banco Unión, por instrucción de Yacimientos, en el Commerce Bank de Estados Unidos, por lo que se sugería no rescindir dicho contrato.
Según ese informe, difundido por Erbol, el presidente de la compañía Gulsby, James G. Gulsby, y el ministro Arce, en una reunión que sostuvieron el 16 de febrero en Washington, estuvieron de acuerdo en que el “peor escenario” para ambas partes sería el de un litigio, en el que se verían perjudicadas y Bolivia podría perder esos 35 millones de dólares.
Arce aseguró que esta información “no es correcta” y que el Gobierno no sugirió mantener el contrato con ese consorcio que era de propiedad del fallecido Jorge O’Connor D’Arlach, menos sobre uno que tiene irregularidades, cuestionamientos jurídicos muy graves y también cuestionamientos técnicos.
Recordó que este contrato, por ejemplo, no presentó una certificación presupuestaria ni fue protocolizado en la Notaría de Gobierno de la Prefectura paceña y que incluye cuatro “curiosas” adendas.
Arce afirmó que YPFB está evaluando el informe que Gulsby entregó sobre el trabajo que desarrolla en la construcción del “termoexplorer” para la planta de Río Grande y será esta empresa la que asuma la mejor decisión sobre el contrato tomando en cuenta el precautelar los intereses del Estado, y anunció que el Gobierno no validará contratos que adolecen de irregularidades y están ensombrecidos con supuestos hechos de corrupción.
Arce subrayó que aun si no existiera un daño económico esto no salva de responsabilidades a quienes avalaron el contrato, situación que está siendo investigada por la Fiscalía.
El Ministerio Público envió a la cárcel de San Pedro al ex presidente de YPFB Santos Ramírez por las irregularidades en la suscripción del contrato y no descarta una imputación formal contra el actual presidente, Carlos Villegas, por haber, supuestamente, validado el contrato con Catler al haberle solicitado renovar una póliza de garantía de 1,6 millones de dólares.
En la oficina de prensa de la estatal petrolera informaron que hoy o mañana el presidente de YPFB, Carlos Villegas, dará un informe sobre la decisión que tomará respecto del contrato con Catler-Uniservice y cómo se hará para evitar la pérdida de los 35 millones de dólares.
Según dos analistas, una forma de salvar y evitar cuantiosos daños económicos al Estado puede ser que YPFB tenga una relación contractual directa con Gulsby y con las otras empresas que fueron contratadas por Catler-Uniservice.
El ex ministro de Hidrocarburos Guillermo Torres manifestó a La Prensa que de todas maneras existirá un daño económico, pero para evitar que se agrave podría plantearse que Catler-Uniservice S.R.L. transfiera los acuerdos que tiene con Gulsby, eso siempre y cuando, aclaró, se confirme que el trabajo que ésta realiza haya cumplido las especificaciones del contrato que tendría que haber establecido la sociedad accidental.
Similar criterio expresó el analista Hugo del Granado, quien dijo que no habría problema en que YPFB tuviera una relación contractual con Gulsby.
La opción es negociar con Gulsby, dicen analistas
El ex ministro de Hidrocarburos Guillermo Torres manifestó que una salida para evitar un mayor daño económico para el Estado, provocado por el contrato entre YPFB y Catler-Uniservice, sería la que este consorcio le transfiera el convenio que tiene con las subcontratistas de la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
Antes, precisó, debe asegurarse de que estas empresas, Gulsby y las argentinas SICA y Lito Gonella, hayan cumplido el contrato suscrito con la sociedad accidental. Para ello, dijo, Yacimientos debe realizar una auditoría, a cargo de expertos, a los trabajos que desarrollan estas compañías para verificar el avance y si están dentro de las especificaciones y diseño que Catler tendría que haberles entregado.
Lo otro, dijo, sería ingresar en un juicio para recuperar todos los desembolsos hechos y esos litigios le costarían al Estado más de los 35 millones de dólares que están en una carta de crédito abierta en el Commerce Bank de Estados Unidos.
El analista petrolero Hugo del Granado virtió similar opinión y añadió que una relación contractual con YPFB dependerá “de cómo encamina la relación con Gulsby, porque a las empresas les interesa trabajar, producir y tener clientes; lo más probable es que Gulsby esté interesada en retomar la relación con Yacimientos sin importar quién fue la intermediaria”.
De acuerdo con Del Granado, “sería” natural que la estatal petrolera estuviese interesada en retomar una relación con la empresa americana, pero también habrá que ver el tema con las argentinas SICA y Lito Gonella. YPFB suspendió los pagos a estas firmas mientras se determine la situación jurídica con Catler y dure la investigación en el Ministerio Público.
Antecedentes
El ex presidente de YPFB Santos Ramírez, hoy detenido en San Pedro, firmó un contrato con Catler-Uniservice S.R.L. para la construcción de una planta separadora de líquidos por un monto de $us 86,5 millones.
Catler-Uniservice subcontrató a las empresas Gulsby, de Estados Unidos, para la construcción del “termoexplorer”, pieza principal de la planta, y a dos compañías argentinas para la construcción de los tanques de almacenamiento.
YPFB no tiene ninguna relación con estas firmas, pero la empresa estatal era la que autorizaba los desembolsos a favor de ambas.
La petrolera instruyó abrir una carta de crédito de 35 millones de dólares en el Commerce Bank de Estados Unidos para pagar el avance de los trabajos de Gulsby. Ya se desembolsaron 13,2 millones de dólares.
Una comisión especial fue a verificar los avances del trabajo en Estados Unidos; el informe está siendo evaluado por YPFB. Otra fue a la Argentina con la misma misión.
Yacimientos también desembolsó 16,6 millones de dólares a Catler- Uniservice que fueron destinados, según la Fiscalía, a fines distintos del contrato.
El actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, fue observado por el Ministerio Público por haber solicitado a Catler-Uniservice la renovación de una póliza de garantía de 1,6 millones de dólares.
Para la Fiscalía, con esto intenta revalidar el contrato con el consorcio accidental, lo que es negado por esa autoridad.
Villegas será convocado por la Fiscalía a declarar como sospechoso en este caso.
Echan al Súper de Empresas, se denuncia por caso YPFB o por problemas con una Ministra – Jornada
Rolando Morales.De forma violenta y sin ninguna explicación fue echado el viernes el Superintendente de Empresas Rolando Morales, quien denunció que podría tratarse de un problema que tuvo con la actual Ministra de Transparencia Nardy Suxo o por sus declaraciones en el caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Marcos Méndez fue designado como interventor y en sus primeras declaraciones aseguró que se trata de una medida que está contemplada en la nueva Constitución Política del Estado, donde se señala el cierre de casi todas las entidades reguladoras.
Morales dijo estar muy molesto por la actitud asumida por el gobierno, "de qué nos pueden acusar... Me hiere, porque fui nombrado a pedido formal del Presidente, tal vez hay alguna venganza, calumnia, no sé de qué podría tratarse, es un manejo transparente y eficiente el que hicimos, conformamos un equipo muy bueno".
Denunció que de forma sorpresiva, un grupo de policías lo sacó a empujones de su despacho e ingresaron a su oficina indicando que debía abandonar el lugar ya que había sido destituido del cargo por decisión del presidente Evo Morales.
Indicó que los uniformados no le permitieron sacar ninguna documentación, ni siquiera sus objetos personales, incluso usaron la fuerza para desalojarlo del lugar para que el interventor Marco Méndez se haga cargo del manejo de la entidad reguladora.
El Superintendente de Empresas manifestó que desconoce las razones por las que fue destituido. Sin embargo no descarta que el hecho se deba a que hizo declaraciones sobre la empresa Catler Uniservice, involucrada en las irregularidades detectadas en Yacimientos.
"La Superintendencia de Empresas no es una entidad que maneja información confidencial o información estratégica, es una entidad que maneja información pública y que está a la disposición de periodistas y de todos los que pudieran estar interesados y me sorprende que el nuevo Superintendente haya llegado con policías y con auditores asegurando que vienen a precautelar que no se pierda información".
Morales descartó que su destitución fuera por malos manejos económicos y que pueda deberse también por un pequeño problema que tuvieron con una familiar de la ministra Nardy Suxo.
Explicó que una funcionaria había viajado ilegalmente y resultó que es sobrina de la Ministra de Transparencia y que esta autoridad "estaba haciendo mucha presión para que no le pidamos la devolución de los viáticos de un viaje ilegal que había realizado. Quizá podrías ser eso".
La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, posesionó a Marco Antonio Méndez como Superintendente interino de Empresas y será el encargado de conducir el proceso de transición para el traspaso de esta entidad a dicho despacho.
En el acto de posesión, la ministra Ballivián explicó que el cambio en la Superintendencia de Empresas se debe a que esta entidad pasará a tuición de su Ministerio y al perfil profesional de Méndez.
Gobierno ocultó informe sobre Gulsby; no podrá rescindir el contrato con Catler Uniservice - Jornada
El contrato suscrito por Santos Ramírez con la sociedad accidental Catler Uniservice, para la instalación de una planta separadora de líquidos en Río Grande, no podrá ser rescindido por el Gobierno, toda vez que una acción de esa naturaleza le significaría al Estado boliviano perder 35 millones de dólares, porque además la subcontratada Gulsby cumplió con el 90% de lo acodado dentro de los plazos establecidos.
Esta afirmación se desprende del informe presentado por el consultor especialista en Defensa Arbitral, Jurisdiccional y Administrativa, Pablo Menacho Diederich, al Ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce Zaconeta, el miércoles 18 de febrero.
El documento al que tuvo acceso Erbol y que fue ocultado por algunas instancias del Gobierno, señala que el Presidente de la compañía Gulsby Process Systems, James G. Gulsby, y el Ministro Héctor Arce, en la reunión que sostuvieron el 16 de febrero de 2009 en Washington D.C. en presencia de los abogados del buffete Foley Hoag LLP contratados por Bolivia, "estuvieron de acuerdo en que el peor escenario para ambas partes sería el de un litigio, en el que Gulsby se ve expuesto a reclamaciones por muchas empresas a las que se había enviado las órdenes de compra de los equipos de la planta y en el que el Estado boliviano no pudiera recuperar de manera inmediata los $us. 35.000.000,00 que habían sido comprometidos en la Carta de Crédito".
El informe señala también que el Estado boliviano podría contratar los servicios de una empresa consultora de ingeniería petrolera para efectuar todos los estudios, análisis e investigaciones, tendientes a corroborar los expuesto por Gulsby de manera verbal y lo establecido en los documentos de avance de toda la obra entregados a Bolivia.
En función de los informes de la empresa consultora que contrate el Estado boliviano, a través de YPFB, el Ministro Arce, según el documento, se compromete a que el Gobierno tomará una decisión la primera semana de marzo de continuar o no con la obra de forma directa con Gulsby, pero sin que esta compañía sea dañada o se produzcan multas en las empresas que estaban encargadas de la fabricación de los equipos por incumplimientos.
En la parte de las conclusiones, el informe del Consultor Especialista en Defensa Arbitral, Jurisdiccional y Administrativa, indica que presuntamente Gulsby se encuentra actualmente cumpliendo los plazos establecidos en el contrato para la planta de gas de Río Grande.
"Aparentemente, la empresa Gulsby ha efectuado los pedidos de fabricación de equipos para la construcción de la planta a varias industrias en el estado de Texas y en otros Estados de los Estados Unidos de América, que cubren alrededor del noventa por ciento (90%) de la obra, por lo que la misma se encuentra actualmente expuesta al haberse producido los presuntos casos de corrupción en YPFB", sostiene el informe.
Asimismo, afirma que Gulsby ha considerado el pedido de la República de Bolivia de efectuar una revisión del trabajo efectuado, a efectos de tener certeza que las tareas de ejecución realmente se estaban llevando adelante, posiblemente hasta el 10 de marzo, fecha en que no se produciría un impacto negativo en los costos.
En el informe se recomienda a YPFB tome conocimiento directo sobre la construcción y el desarrollo de la planta y pueda efectuar la verificación del avance de la obra que está siendo ejecutada por Gulsby, cuyo trabajo no deberá extenderse más allá de la primera semana de marzo.
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