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06-02-2009 - Los Hidrocarburos en el día 06 de Febrero del 2009 - Noticias Sobre Hidrocarburos -
  • El “pecado original” está en dos decretos firmados por el presidente Evo Morales
  • Gobierno y empresa Gazprom firman acuerdos de cooperación energética
  • Firman acuerdos de cooperación energética
  • Piden investigar a Aruquipa
  • Llaman a Ramírez a declarar; su esposa abandona Diputados
  • Ramírez, incluido en pesquisas por el asesinato de O’Connor
  • YPFB cometió al menos ocho irregularidades e infracciones en su relación con Catler-Uniservice

 

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El “pecado original” está en dos decretos firmados por el presidente Evo Morales – El Diario

El caso de presunta corrupción toca las puertas del Palacio. El prefecto de Tarija, Mario Cossío Cortez aseguró que dos decretos supremos firmados por el presidente Evo Morales y sus ministros para facilitar las operaciones de YPFB, por encima de las leyes de la República, conformaron “el marco legal” intencionalmente creado que luego derivó en el caso Catler-YPFB y todos sus desenlaces.

Por su lado, el ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, en una carta enviada al Presidente de la República, asegura que “la norma que ha permitido los hechos de corrupción en YPFB es el Decreto Supremo 29506 del 9 de abril de 2008. Dicha disposición se aparta completamente de la ley al autorizar a YPFB la contratación directa de obras, bienes y servicios generales y servicios de consultoría”.

“Las autoridades de YPFB, amparadas en este decreto, han eludido la licitación pública y han obrado con arbitrariedad. De la misma forma, el DS 29461 del 27 de febrero de 2008, autoriza a YPFB realizar compras directas dentro y fuera del país de combustibles líquidos y GLP, además de servicios de transporte, almacenaje y otros”.

El “pecado original” del escándalo

“Debo denunciar la facilitación que el gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República Evo Morales, hace a este tipo de actos. El Presidente ha firmado los deretos 29506 y 29564. A través del primero , el presidente Morales autoriza a YPFB hacer contrataciones directas de bienes, obras y servicios, sin ningún tipo de licitación. El otro decreto autoriza a YPFB a constituir en fideicomiso una cantidad significativa de recursos del Estado, $us 45 millones, justamente para utilizarlos con destino a este tipo de contrataciones”, afirmó el prefecto de Tarija.

Explicó que los dos decretos “están vulnerando todo el sistema jurídico-administrativo de contrataciones del Estado Boliviano y constituyen el marco legal creado por el gobierno intencionalmente para facilitar esta clase de procesos que, luego, derivan en hechos de corrupción como el que conocemos donde está visiblemente involucrado el ex Presidente de YPFB y que, probablemente, acabarán complicados los propios ministros y el propio Primer Mandatario. Estos decretos constituyen el pecado original de este hecho de corrupción que conmociona al país y al mundo”.

Suxo debe Investigar

Cossío aseguró que no son los únicos decretos que el presidente Morales ha emitido al autorizar contrataciones directas.

“Ya hubo un anterior decreto que dispuso la contratación directa de una millonaria obra para la construcción del camino Potosí – Uyuni que al ser descubierto, don Evo Morales tuvo que anularlo, lo cual no elimina su responsabilidad al sacar decretos que están en contradicción con las leyes de la República y que han sido pensados para facilitar este tipo de relaciones interesadas con algunas empresas en el país”.

“Estos son los hechos reales que vamos a demandar a que la señora Suxo y el mal llamado funcionario de lucha contra la corrupción, Medina, empiecen a investigar y si no lo hacen serán también sujetos de acciones penales por incumplimiento de deberes. Esta es su tarea porque aquí hay una evidencia, se ha encontrado robando los recursos del Estado y entregando una coima. Este es un hecho verdaderamente grave que no puede quedar en la impunidad”, afirmó.

En su criterio, el caso que afecta la estructura económica y administrativa de Yacimientos ponen en riesgo la propia economía del departamento y a su futuro el desarrollo de Bolivia. “Espero que las investigaciones iniciadas por la Comisión Multipartidaria del Senado Nacional concluyan con prontitud y los responsables rindan cuentas ante la justicia”, dijo, por otro lado.

La prefectura de Tarija iniciará una nueva querella penal contra Nardi Suxo y Tamer Medina. “Espero que esta vez comparezcan en los tribunales a rendir cuentas de sus declaraciones irresponsables y difamatorias”, advirtió la autoridad departamental.

 

Gobierno y empresa Gazprom firman acuerdos de cooperación energética – Correo del Sur

El Gobierno firmó ayer con la estatal petrolera rusa Gazprom un convenio para la obtención de inversiones y cooperación en materia de investigación en gas y petróleo, informaron fuentes oficiales.
El presidente de la estatal petrolera YPFB, Carlos Villegas, suscribió el acuerdo por el que Viniigaz, filial de Gazprom, se compromete a elaborar el "Esquema general de desarrollo de la industria del gas de la República de Bolivia hasta 2030".
Por parte de la misión rusa, el "memorando de entendimiento" fue firmado por el representante de Gazprom en Latinoamérica, Vladimir Leonidovich, y por el vicedirector general de Vniigaz, Alexsandr Solomonovich.
El viceministro de Hidrocarburos, William Donaire, señaló el miércoles que las inversiones comprometidas por las empresas rusas, en sociedad con la franco belga TotalFinaElf, pueden alcanzar en un principio los 3.000 millones de dólares.
Villegas dijo a los medios que el documento suscrito ayer va a beneficiar a Bolivia y a la empresa que preside, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, sumida en una profunda crisis por un escándalo de corrupción. "Estamos seguros de que este es el inicio de un trabajo de larga duración en Bolivia que beneficiará a Gazprom y a YPFB", apuntó Villegas.

La Aduana tiene 15 días para dar paso a autos antiguos – La Razón
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) tiene 15 días que corren desde el miércoles 4 para acatar el fallo de la Corte Superior de Distrito de La Paz y permitir el ingreso de 2.000 vehículos usados cuya antigüedad es mayor a cinco años, informó ayer Fremioth Ayaviri, dirigente de los usuarios de zonas francas.
El miércoles, la Corte emitió un fallo a favor de los importadores de vehículos usados, que permite el ingreso al país de motorizados con más de cinco años de antigüedad que hayan sido comprados hasta el 14 de diciembre del 2008. La importación de estos modelos de autos se prohibió desde el 4 de diciembre, mediante el Decreto 29836.

Ayaviri explicó que hasta el momento ningún vehículo con esas características está ingresando al país, puesto que la Aduana debe enviar circulares a los puestos de control fronterizo en Tambo Quemado y Pisiga para permitir el paso de los autos.

“La Aduana tiene 15 días para cumplir esto”, agregó. Unos 2.000 vehículos usados con más de cinco años de antigüedad aguardan en la frontera y en Chile para ingresar a Bolivia.

Desde diferentes instancias, el Ejecutivo expresó su rechazo al fallo favorable a los importadores de vehículos usados.

El miércoles, el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, sostuvo que el Gobierno está evaluando las acciones a seguir, aunque aclaró que éstas se enmarcarán en la actual Constitución Política del Estado (CPE).

Desde el análisis del Ministerio de Hacienda, hubo irregularidades en el fallo, como la participación de una vocal que se habría excusado de participar en el proceso y que también fue recusada por la parte querellada.

Citado por Erbol, Arce sostuvo que el Ejecutivo desconoce el fallo de la Corte. Según la misma radio, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, anunció un juicio por prevaricato contra los magistrados Santiago Berríos y Velia Guachalla, dos de los funcionarios que firman el fallo.

El autotransporte expresó su molestia por la resolución de la Corte. “No podemos aceptar (el fallo), porque va a perjudicar a la transitabilidad de las ciudades”, sostuvo el máximo representante de los choferes, Franklin Durán. Agregó que se debería buscar un tratamiento especial para aquellos importadores que sólo tienen uno o dos vehículos, pero no para los que pretenden ingresar mayores cantidades. Los choferes analizarán el tema en un ampliado el jueves en Villazón.

EL FALLO

Caso 1 • La resolución de la Corte se aplica para los vehículos de modelos antiguos cuya compra se haya efectuado con anterioridad al Decreto 29836 y que estén en el embarque para llegar a Iquique y Arica.

Caso 2 • También podrán ingresar los autos usados con más de cinco años de antigüedad que hayan retornado a Chile desde la frontera con Bolivia y que se hayan adquirido hasta el 14 de diciembre del 2008.

 

Firman acuerdos de cooperación energética – Los Tiempos

El Gobierno de Bolivia firmó ayer con la estatal petrolera rusa Gazprom un convenio para la obtención de inversiones y cooperación en materia de investigación en gas y petróleo, informaron fuentes oficiales.

El presidente de la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, suscribió el acuerdo por el que Viniigaz, filial de Gazprom, se compromete a elaborar el "Esquema general de desarrollo de la industria del gas de la República de Bolivia hasta 2030". Por parte de la misión rusa, el "memorando de entendimiento" fue firmado por el representante de Gazprom en Latinoamérica, Vladimir Leonidovich, y por el vicedirector general de Vniigaz, Alexsandr Solomonovich.

El viceministro de Hidrocarburos, William Donaire, señaló el miércoles que las inversiones comprometidas por las empresas rusas, en sociedad con la franco belga TotalFinaElf, pueden alcanzar en un principio los 3.000 millones de dólares.

Villegas dijo a los medios que el documento suscrito hoy va a beneficiar a Bolivia y a la empresa que preside, YPFB, sumida en crisis por un escándalo de corrupción. "Estamos seguros de que este es el inicio de un trabajo de larga duración en Bolivia que beneficiará a Gazprom y a YPFB", apuntó Villegas.

 

Piden investigar a Aruquipa – Los Tiempos

Los trabajadores de las empresas distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) al detalle pidieron a las autoridades del Ministerio Público y de Gobierno investigar al Superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, por no haber fiscalizado el contrato suscrito entre YPFB y Catler-Uniservice.

"Como ha sido el brazo derecho de Santos Ramírez, me parece que se debe investigar de inmediato a Guillermo Aruquipa porque él debe saber muchas cosas. Además él es superintendente de Hidrocarburos y los grave de esto es que no hizo nada ante semejante irregularidad", manifestó el representante de la Asociación de Distribuidores de GLP al detalle de La Paz, Hugo Llanque.

Los argumentos esgrimidos por el dirigente se deben a que en la declaración jurada de bienes a la Contraloría General de la República realizada por Mario Ángel Cossío McGalem, aparece como funcionario de la Superintendencia de Hidrocarburos y figura como representante de la empresa Catler-Uniservice en un acta de YPFB.

McGalem es la persona que acompañó al empresario Jorge O"Connor d"Arlach, para entregar los 450 mil dólares presuntamente destinados a una coima que debía recibir al ex presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez Velarde.

Las investigaciones que se desarrollan hasta el momento dan cuenta que los familiares del entonces presidente de YPFB tenían conocimiento del traslado de los 450 mil dólares hasta la casa de la avenida Tejada Sorzano, donde fue asesinado el empresario O"Connor d"Arlach.

 

Llaman a Ramírez a declarar; su esposa abandona Diputados – Correo del Sur

La Fiscalía decidió convocar al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Santos Ramírez a declarar por el atraco y asesinato que se produjo el 27 de enero en una casa de Villa Fátima; hasta ahora la ex autoridad estaba al margen de esta investigación, pero los fiscales que investigan el caso lo llamaron parar hoy a las 9:00.
Junto con Ramírez debe presentarse Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina, primo hermano de la familia Navia Doria Medina y a cuyo departamento se dirigía la víctima el día del crimen, Jorge O'Connor, aunque en la Fiscalía informaron que se trata de una convocatoria en calidad de investigado y no de sospechoso.
Este caso está a cargo del juez Williams Dávila, quien dispuso que en las últimas horas se realicen al menos cinco allanamientos a las propiedades de los hermanos Córdova Santiváñez y que están vinculados a este caso. Los locales nocturnos y prostíbulos de propiedad de éstos fueron intervenidos y de donde se extrajo documentación y equipos de computación.
La Fiscalía tiene dos procesos abiertos contra los responsables del asesinato del empresario Jorge O'Connor D'alarch: uno por asesinato y robo agravado y el segundo por delitos de corrupción pública; Ramírez era investigado sólo por el segundo caso, pero por las declaraciones de los implicados, se decidió su convocatoria.

QUERELLA
Ayer, la familia de la víctima se presentó en La Paz para presentar una querella judicial contra todos los responsables del crimen, informó el abogado Iván Alemán.
Explicó que recopilaron la información de la Fiscalía y que por eso presentaron la querella judicial, "en principio contra los hermanos Córdova Santiváñez y luego contra los que resulten responsables de este asesinato", afirmó.
Luego, la Fiscalía recibió la declaración de la esposa de Fernando Córdova, Yolanda Salinas, una ex modelo que fue acusada de participar en un caso de estafa en la Lotería Nacional. Ayer se supo que tiene antecedentes en la Policía.
Afirmó que ella explicó a los fiscales que desconocía la labor y los trabajos que realizaba su esposo y que nunca le comunicó que era representante de la empresa Catler Uniservice con YPFB. Dijo que Luis Fernando se dedicaba a tres tareas: la venta de vehículos, los trámites judiciales y la administración de sus "empresas" que son clubes nocturnos y prostíbulos.
A las 13:30 fue trasladado Ernesto Córdova desde la cárcel de San Pedro, quien decidió acogerse a su derecho de guardar silencio, informó el fiscal Edward Mollinedo; lo mismo sucedió con su hermano Luis Fernando. El traslado de este último a la cárcel de San Pedro es incierta hasta saber su estado de salud.
Mollinedo apuntó que fue citada una quincena de personas, entre ellas el representante de Catler Uniservice Jaime O'Connor; el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, y los funcionarios despedidos de YPFB por orden presidencial.

MÁS FAMILIARES
La investigación del caso, da indicios de que los 450 mil dólares que le fueron robados a O'Connor el martes 27 de enero eran para la Fundación Khantati, dirigida por los parientes políticos de Santos Ramírez, quien además sería su propietario.
En la Notaría de Gobierno de la Prefectura de La Paz aseguran tener la documentación que certificaría una relación entre esa organización privada y el ex presidente de la estatal petrolera.
El ex constituyente Emilio Gutiérrez (UN), quien se alió al MAS para promover el Sí a la Constitución Política del Estado, también aseguró que el ex titular de Yacimientos, en sociedad con su esposa y otros parlamentarios del MAS están a cargo de la Fundación Khantati que se dedica a construir viviendas sociales.
Según las investigaciones preliminares, el día del atraco y asesinato de O'Connor, Javier Navia Doria Medina y su primo, Gonzalo Aramayo, guiaban al empresario a la casa de este último, ubicada en la avenida Tejada Sorzano, donde presuntamente debían depositar los 450 mil dólares que momentos antes había retirado del Banco Unión.

LICENCIAN A SU ESPOSA
La Cámara Baja aceptó el pedido de licencia que solicitó la diputada suplente por el MAS Giovanna Navia Doria Medina, esposa de Santos Ramírez.
La mujer no soportó la presión de su partido y decidió presentar una carta en la que renuncia a su mandato, pero para ser investigada en este caso. Su abogada, Teresa Montaño, afirmó que fue ella la que le sugirió acogerse a su inmunidad pero, luego de una reflexión, decidieron presentar la misiva.
"A solicitud de los dirigentes nacionales del MAS presento mi renuncia a mi inmunidad parlamentaria para el caso específico de mi defensa dentro del caso que se investiga", indica la carta que fue comunicada al presidente de la Cámara Baja, Edmundo Novillo, donde se explica de forma escueta las razones por las que asume esta determinación en el marco de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de Distrito por el caso YPFB.

VILLEGAS SE DESMARCA DEL CASO CATLER
A pesar de que fue durante la gestión del ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, cuando se firmó el contrato entre la estatal petrolera y la empresa Catler Uniservice, el ahora titular de YPFB afirmó no tener conocimiento de este acuerdo comercial y deslindó toda la responsabilidad a la estatal petrolera que en su momento tenía como titular a Santos Ramírez.
"Cuando estuve como Ministro de Hidrocarburos hasta el 8 de septiembre del pasado año, yo no tuve conocimiento del contrato, del contenido y del proceso", aseveró.
Remarcó que no tenía por qué conocerlo, pues de acuerdo a las normas vigentes en el país un Ministerio de Hidrocarburos tiene tuición sobre la empresa (YPFB) como fiscalizador, es decir que se debe hacer un control de hechos consumados, de actos posteriores.

EL CONTRATO
Sobre la continuidad del contrato con la firma cuestionada Villegas subrayó que se va a esperar el informe de la comisión encargada de analizar el acuerdo comercial para tomar una decisión.
Lo que sí aseguró es que Bolivia va a contar si o si con una planta separadora de líquidos, con la participación de "Catler u otra empresa" aunque no precisó cómo.
En La Paz, la comisión del Senado que investiga pedirá la anulación del contrato firmado con la compañía boliviano-argentina Catler Uniservice, anunció hoy su presidente, el senador Wálter Guiteras.
"Con seguridad vamos a pedir la anulación del contrato porque responde a normas de carácter ilegal", dijo.
El contrato en cuestión fue firmado en julio del año pasado por el entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.

 

Ramírez, incluido en pesquisas por el asesinato de O’Connor – La Prensa

El Ministerio Público incluyó a Santos Ramírez en la investigación por el atraco y asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, proceso por el que hoy comparecerá ante la Fiscalía. Entretanto, el presidente de YPFB, Carlos Villegas; el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, y ex funcionarios de la estatal petrolera fueron citados para el lunes 9 de febrero.

El hecho ocurrió el 27 de enero, a la puerta de la casa de Gonzalo Aramayo Doria Medina, primo de la esposa de Ramírez, ubicada en la avenida Tejada Sorzano, en Miraflores.

Javier Navia Doria Medina, cuñado del ex Presidente de YPFB, también estuvo presente el momento del atraco y asesinato a O’Connor. Él y Aramayo guiaron con su vagoneta al vehículo en el que se trasladaba el empresario con los 450.000 dólares al lugar de los hechos.

Los fiscales de la comisión especial asignados a la investigación confirmaron que la declaración de Santos Ramírez está programada para hoy las 09.00, en el piso tercero del Ministerio Público. Explicaron que ex titular de la estatal petrolera fue ”convocado en calidad de investigado”.

Según las indagaciones, Ramírez fue mencionado por Franz Michael Rodríguez Caero, uno de los atracadores de O’Connor. En su declaración señaló que le aseguraron que los 450.000 dólares eran una “coima” para el ex presidente de la estatal petrolera.

Rodríguez Caero, Rufino Rodríguez Coca y su esposa, Verónica Mamani Quispe, fueron encarcelados preventivamente y sobre ellos pesa un proceso por asesinato y robo agravado.

Los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdoba Santiváñez también están detenidos en el panóptico de San Pedro, porque existen indicios de que son los autores intelectuales del crimen.

Los 450.000 dólares arrebatados a O’Connor eran presumiblemente una “comisión” para Santos Ramírez, quien pudo haber beneficiado a la empresa Catler-Uniservice para que se le adjudicara la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, cuyo costo total asciende a 86,3 millones de dólares.

El ex senador también es investigado por un posible daño económico al Estado descubierto luego del atraco y asesinato de O’Connor. La Fiscalía lo notificó para declarar el lunes a las 14.00 por esos hechos. Su esposa, Jiovana Navia Doria Medina, también es investigada y se presentará en la Fiscalía hoy a las 09.00, luego de lo cual dará una conferencia de prensa.

El fiscal Edward Mollinedo informó que para el lunes 9 de febrero fueron citados el presidente e interventor de la estatal petrolera, Carlos Villegas, y el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa. Ambos fueron convocados en calidad de testigos, lo mismo que 11 ex funcionarios de Yacimientos suspendidos el sábado, cuando Ramírez también fue destituido.

En esa ocasión fueron relevados de sus funciones el viceministro de Desarrollo Energético, Misael Gemio; la directora Jurídica Esther Carmona; el gerente de Comercialización, Rodrigo Carrasco; el gerente de la empresa de Servicios, Rogelio Ashimine; el gerente de Fiscalización, José Baldivieso; ex el vicepresidente de Operaciones Nelson Cabrera; el gerente de Planificación, Juan Carlos Arellano; el gerente de Finanzas y Administración, Julio Anagua; el jefe de Recursos Humanos, Sabino Carme; Juan Carlos Navia Doria Medina y Mario Christian Navia Doria Medina.

Estos dos últimos son cuñados de Santos Ramírez.

Juan Carlos Navia era el responsable de la oficina de Comunicación Social de YPFB. Según él, su contrato feneció el 31 de enero y negó que días antes del atraco hubiera sido transferido a Transredes. Dijo que el 27 de enero estaba en Santa Cruz por encargo de Yacimientos.

Negó toda vinculación con el contrato entre la estatal petrolera y la sociedad Catler-Uniservice.

El pasado lunes, Carrasco y Anagua fueron arrestados luego de ser sorprendidos cuando pretendían esconder documentos en las oficinas de YPFB.

Hermanos Córdoba se acogen al silencio

Los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdoba Santiváñez, imputados como presuntos autores intelectuales del robo de 450.000 dólares y el asesinato del ingeniero Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, se acogieron al derecho al silencio.

Entretanto, la esposa de Luis Fernando, Yolanda Salinas, quien se vio involucrada en años pasados en una estafa a Lotería Nacional (Lonabol), declaró ayer en el Ministerio Público. Su abogado, William Sánchez, aseguró que ella no sabía que su cónyuge trabajaba con O’Connor.

Ernesto Córdoba está detenido en la cárcel de San Pedro. Su abogado, Jorge Borda, explicó que ayer no declaró porque “nunca fue funcionario de la estatal petrolera”.

Los fiscales Edward Mollinedo y César Romano se trasladaron por la tarde a la Clínica policial Virgen de Copacabana a interrogar a Fernando Córdoba. Este último, internado porque supuestamente fue secuestrado y golpeado al día siguiente del atraco, declaró que era el “hombre de confianza” de Jorge O’Connor y aseguró también que trabajó un poco más de un año con él y su empresa Uniservice. Él acompañaba a su jefe en el día del atraco.

Fernando Córdoba también se acogió a su derecho al silencio. Su defensor, William Sánchez, señaló que calló “debido a su delicado estado de salud”. El fiscal Mollinedo dijo que solicitaron información al médico forense sobre su estado de salud y se prevé que hoy se reúna la junta médica de ese centro de salud, cuyo criterio establecerá si puede o no ser trasladado al penal de San Pedro.

Los representantes del Ministerio Público, acompañados del fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, también allanaron, por la tarde, la casa de Fernando Córdoba, ubicada en la calle Narciso Dulón, y su discoteca Ticoco’s, en la avenida Las Américas, ambas en la zona Villa Fátima. El abogado Sánchez, quien estuvo presente en las intervenciones, aseguró que los investigadores no encontraron nada.

Los O’Connor se querellan

La viuda y el hermano del gerente de Catler Uniservice, Jorge O’Connor, se hicieron presentes ayer en la Fiscalía de Distrito de La Paz para ratificar la querella criminal contra los presuntos asesinos del empresario tarijeño, a quien victimaron y robaron 450.000 dólares el 27 de enero.

Déborah Denegri y Miguel O’Connor acusaron formalmente de ser autores materiales e intelectuales de esos delitos a los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdoba, además de Verónica Mamani, Rufino y Franz Rodríguez; todos ellos con detención preventiva en la cárcel.

El fiscal Luis Mamani informó de forma escueta que a su despacho acudieron ambas personas para prestar una declaración ratificatoria de querella, pero que no aportaron nada en la investigación.

La autoridad del Ministerio Público se negó a dar mayores datos sobre la viuda del empresario asesinado.

Mamani es la cabeza de la comisión que investiga la muerte del empresario Jorge O’Connor, quien fue asesinado el 27 de enero mientras le arrebataban un maletín con 450.000 dólares. Ese dinero era presuntamente una comisión para el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, quien fue destituido de ese cargo el sábado 31 de enero.

Los detalles

La toma de declaraciones continuará la próxima semana a funcionarios estatales.

Fueron citados el presidente de YPFB, Carlos Villegas y el “Súper” de Hidrocarburos.

También se tomarán declaraciones a los empleados suspendidos el sábado.

 

YPFB cometió al menos ocho irregularidades e infracciones en su relación con Catler-Uniservice – La Prensa

Atención: en la capital oriental sólo los guardias toman nota de las personas que pretenden entrar en oficinas de la empresa nacionalizada

La estatal petrolera incluyó en el contrato un capítulo con el cual intentó eludir la protocolización. A medida que finalizaban los plazos para que Catler-Uniservice presente garantías, lograba ajustes. El Viceministerio de Transparencia anuncia resultados de la investigación para el próximo miércoles.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su ex presidente Santos Ramírez cometieron al menos ocho infracciones e irregularidades al suscribir y modificar el contrato con Catler- Uniservice y hacerle desembolsos por 6,8 millones de dólares sin ninguna supervisión a la empresa.

La estatal petrolera y este consorcio suscribieron el 14 de julio un contrato para la construcción de una planta separadora de líquidos en la localidad de Río Grande, en la provincia cruceña de Cordillera.

Sin embargo, debido a presuntas irregularidades reveladas tras el asesinato del empresario Jorge O’Connor, socio de Catler-Uniservice, el Gobierno intervino YPFB y destituyó a su presidente Santos Ramírez.

La primera omisión fue la de no haber protocolizado el documento ante notario de gobierno en la Prefectura de La Paz, pese a que la estatal había desembolsado 6,8 millones de dólares a favor de la compañía.

Este trámite es un requisito para que los contratos firmados por las entidades estatales bolivianas puedan entrar en vigencia. Tras esa acción, el documento debe ser remitido a la Contraloría para su registro.

La segunda irregularidad tiene que ver precisamente con el hecho de que el documento no llegó a esa entidad.

Este requisito debió cumplirse a los cinco días de haberse suscrito el contrato, pero como no fue así, Ramírez puede ser sujeto de responsabilidad civil, administrativa y penal de acuerdo con lo que dictamine la auditoría iniciada por la Contraloría.

La Ley Safco, en su artículo 27, señala que todo contrato suscrito por el Estado o sus instancias dependientes, entre ellas YPFB, debe ser registrado en la Contraloría y protocolizado en la Notaría de Gobierno. Sin embargo, tras la publicación del contrato en la página web de YPFB se pudo verificar que Ramírez vulneró esta obligación tal como se señala en la cláusula séptima, de protocolización del contrato.

En ese acápite se instruye: “En caso de que, por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes”. Especialistas del sector señalan que la Ley Safco está por encima y se la debe acatar.

La tercera observación se refiere a que el Directorio en pleno de YPFB no llegó a conocer el contenido.

Un ex director de la estatal, quien prefirió guardar su nombre en reserva, comentó que el mandato de varios de los miembros feneció en agosto, por lo que la relación contractual con Catler-Uniservice fue avalada sólo por la Presidencia de YPFB.

El analista Hugo del Granado opinó que no hubo Directorio durante tres meses y eso ocasionó que la relación con esa sociedad no pudiera ser fiscalizada.

Hacienda también perdió esta facultad al haberse aprobado un fideicomiso para que el Tesoro General de la Nación canalizara los 85 millones de dólares a favor de YPFB y pudiera construir la planta de Río Grande.

El ministro de Hacienda, Luis Arce, precisó que la norma facultaba la otorgación de sólo 45 millones, de los cuales se desembolsaron 35 millones, y la búsqueda de un crédito para completar el resto. Sin embargo, dijo desconocer en qué gastó YPFB los recursos.

A su vez, el Decreto Supremo 29506 dio a YPFB carta blanca para efectuar contrataciones directas, a cuyo amparo convocó la licitación para la construcción de la planta separadora de líquidos e introdujo modificaciones en el contrato.

Sin supervisión

Una sexta irregularidad se desprende de las cuatro adendas introducidas en el contrato original, firmado el 14 de julio. La cuarta adenda, suscrita el 8 de enero de este año, señala que YPFB autorizará los pagos que requiera la compañía sin supervisión. La cláusula tercera dice: “De manera excepcional, hasta tanto se realice la contratación del supervisor de obra, el contratante (YPFB) podrá autorizar los pagos que requiera el contratista (Catler), previo informe escrito de conformidad de la contraparte” (ver cuadros de apoyo).

La séptima observación está referida a que la empresa Catler- Uniservice logró que YPFB le aceptara en la segunda adenda la entrega de pólizas en lugar de tres boletas de garantía.

La octava irregularidad radica en que la primera boleta de garantía debía ser presentada dentro de los 25 días siguientes a la firma del contrato, pero Catler logró que el día 26 se modificara el plazo hasta que YPFB instruyese el inicio de obras.

Investigación

La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, informó que hasta mediados de la próxima semana la comisión que intervino YPFB el sábado 31 tendrá un informe de las investigaciones y observaciones al contrato.

En principio, dijo que se confirmaron los indicios que llevan a pensar que el ex Presidente de YPFB puede ser procesado por incumplimiento de deberes porque no protocolizó el contrato.

En Santa Cruz, los trabajadores de la estatal petrolera temen retiros. Ayer, un empleado de nombre Nelson Cabrera Maraz fue despedido en la puerta y sin derecho a defensa.

El consorcio tenía insolvencia

Un análisis del especialista en hidrocarburos Hugo del Granado concluye que, ante su insolvencia financiera, el consorcio Catler-Uniservice hizo modificar cláusulas relacionadas con lo económico en su contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la construcción de una planta de extracción de licuables en Río Grande, en la provincia Cordillera, Santa Cruz.

Según el analista, tres de las cuatro adendas del documento en cuestión tenían la intención de ablandar el requerimiento y otorgarle más tiempo a la compañía contratada para cumplir los requisitos, actitud que demuestra un apuro económico.

La primera adenda, sobre la presentación de la primera boleta de garantía, se haría ante el apuro del vencimiento del plazo, puesto que surgió sobre el límite de los 25 días que señala el contrato. Para Del Granado, la modificación es un indicio de que la empresa pedía más tiempo.

Sobre la segunda adenda, explicó que el cambio de una boleta bancaria a una póliza muestra el respaldo financiero de la compañía, puesto que para tener la primera es necesario tener el monto real de la garantía, por el contrario, una póliza es más accesible financieramente. Con la cuarta adenda se intentaba autorizar los pagos más aceleradamente.

Del Granado, además, encontró falencias básicas en el contrato, como la existencia de seis personas jurídicas: el contratante, el contratado, la contraparte, la contraparte de la planta, el supervisor de la obra, el gerente y la autoridad competente del contratante. El texto no deja claro si éstos son los mismos o son otros o a cuál de las dos partes representan.

Observó además que no incluye la remediación ambiental, es decir, en caso de daños al ambiente, no se señala quién asume la responsabilidad, lo que hace suponer que correría por cuenta de YPFB. Afirmó que estas obras necesitan contar con la licencia respectiva.

Fiscalía indagará a Villegas sobre el contrato

La Fiscalía del Distrito convocó al actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el ex ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas, para indagar si conocía los antecedentes y pormenores del contrato entre la estatal petrolera y la Asociación Accidental Catler-Uniservice. Otra ex autoridad de la nacionalizada afirmó que debió de saber sobre la existencia de este documento.

El fiscal del Ministerio Público, Edward Mollinedo, no afirmó ni negó la posibilidad de que Villegas supiera algo sobre el contrato; se limitó a decir que se le preguntará cuando se presente ante a declarar.

Villegas fue titular del Ministerio de Hidrocarburos durante los años 2006 y 2008, tiempo en el que se licitó y adjudicó el proyecto de extracción de licuables de la planta de Río Grande, en Santa Cruz.

Según el ex presidente de YPFB y actual asesor del Ministerio del área Manuel Morales Olivera, el Ministerio tiene dos representantes en el Directorio de YPFB, esto permitiría al titular del área conocer este documento.

Sin embargo, se debe hacer notar que la mayoría del Directorio de la estatal cuando se firmó el contrato ya había cesado en sus funciones.

Según documentos a los que tuvo acceso El Deber, Villegas conoció en ese entonces que la empresa adjudicataria era Catler-Uniservice, formada por las empresas Catler, Uniservice S.R.L., Arcan Engineering, Carlos Caballero S.R.L. y ENSR Bolivia S.R.L., con domicilio en el barrio Las Palmas de la capital cruceña y que tenía un financiamiento mediante un fideicomiso del Ministerio de Hacienda.

Segunda adenda (ajusta las garantías)

El 17 de octubre de 2008 se añade la segunda adenda, que modifica la séptima cláusula. Acepta la presentación de pólizas en lugar de las boletas bancarias (de garantía). El 15 de octubre de 2008, mediante una nota, Catler-Uniservice solicita a YPFB el cambio en el tipo de garantía que debe presentar. La estatal emite al día siguiente el Informe Técnico 005/2008, que da curso a la solicitud, y solicita un informe legal. Éste sale bajo el código DLG No. 822 el mismo 16 de octubre y señala que el informe técnico es viable bajo la Resolución Administrativa IS 731, de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.

(Modificado) 7.1. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo: El Contratista (YPFB) se obliga a garantizar la correcta inversión de anticipo, con una Boleta Bancaria emitida por el Banco Unión S.A. de la República de Bolivia o con una Póliza de Correcta inversión de Anticipo para Entidades Públicas con Cláusula Adicional de Ejecución a primer requerimiento conforme a lo establecido en la resolución Administrativa IS No. 731 de 11 de septiembre de 2007 de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, de ejecución inmediata, renovable e irrevocable, con vigencia hasta la entrega del certificado de cumplimiento de contrato a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por el cien por ciento (100%) del anticipo.

(Modificado) 7.2. Garantía de Cumplimiento de Contrato: El Contratista (YPFB) se obliga a garantizar la correcta y fiel ejecución del presente contrato en todas sus partes, con una Boleta Bancaria (…) o con una Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra para Entidades Públicas con Cláusula Adicional de Ejecución Inmediata Condicional (…) con vigencia hasta el 31 de enero del año 2010, a la orden de YPFB, por el siete por ciento (7%) del precio total del contrato.

Modificado 7.3. Garantía de Buena Ejecución de Obra. (…) o con una Póliza de Garantía de Buena Ejecución de Obra para Entidades Públicas con Cláusula Adicional de Ejecución Inmediata Condicional (…) con vigencia de 180 días posteriores a la entrega del certificado de cumplimiento de contrato, a la orden de YPFB por el 10 por ciento del precio total del contrato.

7.4. Se añade la alternativa de presentar la póliza en las mismas condiciones que la Boleta Bancaria.

Primera adenda

El 8 de agosto de 2008, a los 26 días de la firma del contrato, se incluye la primera adenda que modifica la cláusula sexta sobre el anticipo de pago que debe entregar YPFB; además, la cláusula séptima la presentación de las boletas bancarias (o de garantía) y el plazo que tiene para hacerlo.

(Contrato) Sexta: (…) el contratante entregará al contratista un anticipo de diez por ciento (10%) del precio total de contrato contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión del Anticipo por el 100 % del monto entregado (…)

(Modificado) El contratante entregará al contratista un anticipo hasta el 10 por ciento (10%) del precio total del contrato, en desembolsos parciales de acuerdo a la solicitud del Contratista. Asimismo, el Contratista contra entrega del anticipo presentará la Boleta Bancaria de Correcta inversión de Anticipo por el monto desembolsado (…)

(Se añade el punto 7.5) Séptima: Las Boletas Bancarias (…) serán emitidas hasta cubrir el monto total requerido (…) las mismas podrán ser emitidas por el Banco Unión S.A. en forma individual, o de manera sindicada con otros Bancos (…)

7.4. (Contrato) La presentación de las Garantías (…) serán entregadas (…) en el plazo de veinticinco días a partir de la suscripción del presente contrato.

(Modificado) La Boleta (…) será entregada por el Contratista al Contratante previa a la presentación de la Orden de Proceder.

Tercera adenda

El 24 de diciembre de 2008 se incluye la tercera adenda, sobre la supervisión de la obra y basada en el Informe Técnico No. 018/2008,

que señala la necesidad de contratar una empresa especializada, a diferencia de un profesional requerido en el contrato original.

Vigésima Cuarta (Supervisor de Obra). El Contratante (YPFB) contratará los servicios de un supervisor de obra, profesional calificado con suficiente experiencia en la dirección de trabajos similares, para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de instalación de la planta. El Supervisor de Obra será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida al Contratista (Asociación Accidental Catler-Uniservice).

(Modificación) Vigésima Cuarta (Supervisor de Obra). El Contratante (YPFB) contratará los servicios de un supervisor de obra, que será una empresa calificada con suficiente experiencia en la dirección de trabajos similares, para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de instalación de la planta. El Supervisor de Obra será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida al Contratista (Asociación Accidental Catler-Uniservice).

* El ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de la Fuente señaló que, si bien este ajuste permite contratar una empresa especializada, hasta que se cumpla ese procedimiento se deja que una sola persona designada por YPFB supervise un proyecto tan importante.

Cuarta adenda

El 8 de enero de 2009 se adjunta la cuarta adenda, que modifica la cláusula 27 del contrato, sobre la supervisión de la obra.

Incluye dos párrafos a la cláusula 27 del contrato sobre la forma de pago.

Vigésima séptima. El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el Contratista (Catler-Uniservice) presentará al Supervisor de Obra, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el Contratante requiera, con fecha y firmado por el Supervisor de Obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo con la medición efectuada en forma conjunta por el Supervisor de Obra y el Contratista.

(Se incluye) De manera excepcional, hasta tanto se realice la contratación del Supervisor de Obra, el Contratante (YPFB) podrá autorizar los pagos que requiera el Contratista (Asociación Accidental Catler Uniservice), previo informe escrito de conformidad de la Contraparte.

Una vez contratado el Supervisor de Obra, el mismo se halla obligado a revisar todos los pagos realizados y todo el avance de Obra; en caso de existir observaciones del Supervisor de Obra, el Contratista deberá subsanar las mismas a su costo, dentro del plazo establecido por el Supervisor de Obra.

 

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