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Constituyente Soberana - Construcción participativa de políticas nacionales de tierra, territorio, y recursos naturales en el marco de la asamblea constituyente en Bolivia


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05-02-2009 - Los Hidrocarburos en el día 05 de Febrero del 2009 - Noticias Sobre Hidrocarburos -
  • Vicepresidente admite que hay corrupción en YPFB
  • GCC en riesgo por gestión del titular de YPFB Transporte
  • Evo reorganizará su “gabinete transitorio” mediante decreto
  • Cambiaron cuatro veces el contrato con Catler
  • Comisión gubernamental halla indicios de cuatro delitos cometidos por Ramírez en Yacimientos
  • Esposa de Santos se acoge a su fuero y el MAS le exige licencia

 

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Vicepresidente admite que hay corrupción en YPFB – El Diario

• Sin embargo, el caso de los 33 camiones de contrabando en Pando continúa en la impunidad.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García, admitió ayer que hay corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y advirtió que el Gobierno actuará de manera implacable contra quienes falten a la transparencia en su conducta.

“Seremos implacables, vamos a encontrar a los corruptos sea quien sea, no preguntaremos nombre, apellido ni amistad, a los corruptos que habrían hecho daño a la empresa del Estado los vamos a meter a la cárcel”, enfatizó.

Afirmó que en este caso de corrupción, que involucra a Santos Ramírez, “no hay negociación, ni charla de por medio, sino cumplimiento estricto de la ley”. Empero, el Gobierno no adoptó esta posición sobre el caso de los 33 camiones de contrabando en Pando que implica al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) otorgó a la esposa de Santos Ramírez, Giovanna Navía Doria Medina, diputada suplente, un plazo hasta las 10.00 horas de hoy para que solicite licencia a la Cámara Baja y permitir ser investigada por el Ministerio Público sobre los presuntos hechos de corrupción en YPFB.

 

GCC en riesgo por gestión del titular de YPFB Transporte – El Diario

• El proyecto debe recibir un crédito de 100 millones de dólares para las dos fases que faltan.
El Gasoducto Carrasco Cochabamba (GCC) se encuentra en riesgo de no avanzar en sus dos fases. Los hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ponen en peligro el proyecto, y la gestión del titular de YPFB Transporte, genera desconfianza en financiadores internacionales.

Los factores que afectarían a la continuación del proyecto, que pretende abastecer de gas al occidente del país, serían por dos factores: la mala gestión del ejecutivo de Transredes o YPFB-Transporte, Juan Bautista Condori Calixto y la falta de confianza de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que había comprometido una financiamiento de 100 millones de dólares, según fuentes muy confiables del sector.

Si bien estaban comprometidos esos recursos, los hechos de corrupción en YPFB corporativo habrían obligado al ente financiador suspender esos créditos, por lo que las dos fases del GCC que faltan por iniciarse, no cuentan con los recursos en este momento. En abril está prevista la entrega de la tercera fase de esta obra, que fue encarada con recursos propios de la empresa.

Algunos analistas dijeron que esta en riesgo el conjunto de la inversión en el sector petrolero, por lo que el Gobierno debe en forma urgente cambiar el mando superior y medio en todas las empresas nacionalizadas, a donde llegaron los tentáculos de la familia Ramírez y sus allegados.

En el caso específico de la nacionalizada Transredes, los trabajadores esperan que el nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas intervenga también esta empresa, donde su titular, Juan Bautista Condori Calixto, cuñado de Santos Ramírez y sus operadores políticos, Federico Grover Fernández Muñecas (Asesor Legal General) y Hernán Vásquez Román (Vicepresidente de Recursos Humanos y Servicios Generales), también sean retirados de esta empresa.

Indicaron que hay un ambiente de desgano e incertidumbre por lo que pueda pasar en las próximas horas.

“Queremos que esto de una vez por todas se acabe, nosotros queremos trabajar. Esta situación a la larga va traer consecuencias para la empresa”, advirtieron.

ANTECEDENTES

Al 8 de noviembre de 2008, se informó que el avance del proyecto tenía un avance de 30 por ciento y faltaban pocos kilómetros para terminar con la obra tercera fase.

Asimismo, la limpieza de la tubería del Oleoducto Carrasco - Cochabamba (OCC) estaba a punto de ser concluido, informó, en ese entonces, Juan Bautista Condori, presidente de la empresa transportadora de hidrocarburos.

La última inspección realizada por la empresa daba cuenta que la obra de ingeniería como el tendido y soldado de tuberías del GCC se encuentra muy próximo a los 60 kilómetros de los 65 que tiene la tercera fase de este tramo que comprende desde El Sillar hasta Cochabamba. Posteriormente se iniciarían con las obras de la segunda y primera fase.

“Tenemos cerca de 400 trabajadores de las empresas contratistas que están trabajando en la apertura de zanjas, entierro de ductos, estudios topográficos y otros 200 aproximadamente en la limpieza del Oleoducto Carrasco Cochabamba”, aseguró, en ese entonces, el ejecutivo.

Se informó que para los trabajos de mucha especialización subcontrataron a la empresa IST Ltda para la construcción mecánica del ducto, INCA y PGA para instrumentación y control técnico de operaciones, además de las empresas Eurocom y Thompson.

Señaló que la transformación a gas del OCC se concluirá entre marzo y abril del próximo año, este 2009, con una inversión aproximada de 3,6 millones de dólares.

El proyecto tiene el propósito de transportar 15 millones de pies cúbicos de gas por día (Mmpcd) adicionales a los departamentos de occidente, de tal forma que se pueda cubrir la demanda de este energético a las industrias de La Paz y El Alto. Ese proyecto se inició el 28 de julio en la localidad de Thoga Loma.

En el GCC se invertirá alrededor de 170 millones de dólares y creará miles de fuentes de empleo. Permitirá dar flexibilidad y seguridad al transporte de gas para el occidente del país. El gas incrementado, que se transportará por el GCC tendrá un efecto importante al aumentar el condensado (petróleo) del área del “boomerang”, con el consiguiente incremento de regalías para la región. Con el GCC la región del “boomerang” - puede transportar 120 millones de pies cúbicos de gas por día.

El GCC tendrá 250 kilómetros de longitud y 16 pulgadas de diámetro, se extenderá desde la población de Entre Ríos (Prov. Carrasco, departamento de Cochabamba) hasta tener un empalme con el Gasoducto Huayñacota – Valle Hermoso (DGVH), en las proximidades de la ciudad de Cochabamba, cerca a la estación de Huayñacota. Atravesará 46 cruces de ríos, 190 cruces de quebradas y se construirán 60 kilómetros en zonas inestables geológicamente y activas tectónicamente.

El GCC, el OCC y la ampliación del Gasoducto al Altiplano fase 3B forman parte del megaproyecto del Sistema Integrado de Gas a Occidente (SIGO).

 

Evo reorganizará su “gabinete transitorio” mediante decreto – La Prensa

El presidente Evo Morales reorganizará su gabinete ministerial transitorio mediante un decreto supremo que podría ser aprobado antes del fin de semana. La norma establecerá la vigencia de al menos 13 ministerios de Estado, cuatro menos que la estructura vigente, aunque desde el Gobierno precisaron que la única voz autorizada para informar de los cambios es el Mandatario.

“Decreto Transitorio de Organización del Órgano Ejecutivo” puede ser el título del decreto que reemplazará a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), según conoció ayer este matutino a través de fuentes allegadas al Jefe de Estado.

Actualmente, la LOPE regula el número y las atribuciones de los ministerios de Estado.

En esta gestión, Morales tiene 17 ministerios: de Relaciones Exteriores y Cultos, de la Presidencia, de Gobierno, de Defensa Nacional, de Justicia, de Planificación del Desarrollo, de Hacienda, del Agua, de Producción y Microempresa; de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente; de Hidrocarburos y Energía; de Minería y Metalurgia; de Trabajo; de Educación y Culturas; de Salud y Deportes y de Defensa Legal.

En el “Decreto transitorio” estarían comprendidos 13 despachos gubernamentales, aunque existen versiones que indican que podrían ser más; sin embargo, La Prensa accedió a un esbozo del Poder Ejecutivo que señala que Relaciones Exteriores y Culto, Presidencia, Hacienda, Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Trabajo, Educación y Culturas, Salud y Deportes y Planificación del Desarrollo se mantienen. Se suman Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Energía y Recursos Estratégicos, Ciencias y Tecnologías e Investigación, y Descentralización y Autonomías.

Existen versiones que también indican que Culturas podría ser una cartera independiente de Educación.

Dos fuentes consultadas por este matutino coincidieron en que el decreto supremo que dará funcionalidad al nuevo Órgano Ejecutivo tendrá un carácter transitorio, es decir, hasta que se conforme el nuevo Poder del Estado tras las elecciones generales del 6 de diciembre.

Aun así, los opositores observan la intención del presidente Morales. El diputado de Unidad Nacional (UN) Arturo Murillo afirmó que esta norma debería pasar por el Congreso Nacional vigente. La crítica fue compartida por el senador podemista Róger Pinto.

La reorganización del Poder Ejecutivo pasa por cambios en el gabinete actual. Ayer se mencionó con fuerza el cambio del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien es investigado porque supuestamente negoció la salida de 33 camiones de la Zona Franca de Cobija a Puerto Evo (Pando) en julio de 2008.

No se conoce quién reemplazaría a la autoridad; sin embargo, también existen versiones de que el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, podrá asumir uno de los ministerios.

Como reemplazante del ministro Carlos Villegas (Ministerio de Planificación), quien asume interinamente la Presidencia de YPFB tras la destitución de Santos Ramírez, se perfilan el viceministro de Planificación, Noel Aguirre, y Hernando Larrazábal, quien actualmente representa a Bolivia en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El gabinete ministerial comenzó una reunión ayer en la mañana para definir la nueva estructura y continuaba con el análisis anoche en la Residencia.

Preparan la “vigilancia”

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB),

Isaac Ávalos, afirmó ayer que el control social que comenzará a funcionar tras la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) tendrá capacidad para “tumbar cabezas” de ministros y viceministros que no cumplan con sus labores.

La CSUTCB forma parte de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) y será parte de la “vigilancia social” que ejercerá este organismo junto con la Central Obrera Boliviana (COB).

El dirigente afirmó ayer en una entrevista en Radio Erbol que el control social reconocido por la nueva Carta Magna en el artículo 241 tiene facultades para solicitar el retiro de autoridades gubernamentales que incumplan la ley o fomenten la corrupción, como ocurrió en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Además dijo que las organizaciones sociales podrán gestionar el proceso “hasta que los malos funcionarios sean encarcelados si es necesario”.

Ávalos también opinó que no se debe cambiar al canciller David Choquehuanca del gabinete ministerial. “Es el único que apoya al presidente Evo Morales y al proceso de cambio”.

Choquehuanca pudo haber sido propuesto a la Embajada en Estados Unidos.

Se mostró partidario de que sean alejados de sus cargos la ministra de Microempesa, Susana Rivero, y el viceministro de Culturas, Pablo Groux.

Dabdoub dice que habrá líos

El secretario de Autonomías y Descentralización de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, vaticinó ayer que tras la promulgación de la nueva Constitución Política de Estado (CPE) en Bolivia se generará un “Chernobil social” como consecuencia de la inseguridad jurídica y la falta de acuerdos con las regiones de la “media luna” donde ganó el No.

“Lo que pasará después de la promulgación es un verdadero Chernobil social, es decir, una explosión donde todos se van a sentir dueños de la Constitución y por lo tanto habrá un proceso de anarquía siempre y cuando el Gobierno no tome las medidas que corresponda”; sin embargo, el diputado oficialista Gustavo Torrico, aseguró que tras la vigencia de la nueva Carta Magna habrá paz.

El legislador señaló que el proceso de cambio que impulsa el Gobierno del presidente Evo Morales se profundizará.

El funcionario prefectural, en cambio, aseguró que el proceso de implementación será la etapa más difícil porque los sectores sociales podrían reclamar varios de sus derechos, como a la tierra, por el cual se podrían cometer tomas de predios privados como ocurre en la actualidad en la ciudad de Santa Cruz.

Dabdoub hizo referencia a Chernobil (Ucrania), donde en 1986 ocurrió el accidente nuclear más grave de la historia. Aquel día se produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que ocasionó una explosión de hidrógeno y una radiación grave.

El actual gabinete ministerial

Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos, David Choquehuanca

Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana

Ministro de Gobierno, Alfredo Rada

Ministro de Defensa, Walker San Miguel

Ministro de Justicia, Celima Torrico

Ministro de Planificación del Desarrollo, acéfalo

Ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce

Ministro del Agua, René Orellana

Ministra de Producción y Microempresa, Susana Rivero

Ministro de Obras Públicas, Óscar Coca

Ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero

Ministro de Hidrocarburos y Energía, Saúl Ávalos

Ministro de Minería, Luis Alberto Echazú

Ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo

Ministro de Educación, Roberto Aguilar

Ministro de Salud y Deportes, Ramiro Tapia

Ministro de Defensa Legal, Héctor Arce

 

Cambiaron cuatro veces el contrato con Catler – El Deber

Mientras el vicepresidente Álvaro García Linera admitió la existencia de corrupción en YPFB, ayer se pudo conocer que el contrato entre la estatal petrolera y la firma Catler Uniservice fue modificado en cuatro oportunidades y la última fue en enero de este año.
El objetivo, según se establece en las adendas del contrato al que tuvo acceso EL DEBER, fue flexibilizar las exigencias del documento inicial para posiblemente ‘ayudar’ a Catler en el proceso de construcción de la planta de extracción de licuables en Río Grande (Santa Cruz).
Además se confirma, mediante un decreto los amplios poderes que tenía el ex titular de YPFB Santos Ramírez para hacer contrataciones.

El contrato refleja modificaciones que van desde la presentación de garantías (boletas bancarias), las garantías de buena ejecución de obras, la correcta inversión de anticipos, la supervisión de obras, entre otros puntos.

Si bien YPFB (contratante) y Catler Uniservice (contratista) firmaron el contrato el 14 de julio de 2008, con la presencia del presidente de la República, Evo Morales, y el entonces ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas y representantes de Catler Uniservice, la primera adenda surgió el 8 de agosto de 2008. La contratista solicitó modificar el contrato en lo referente al anticipo, la emisión de boletas bancarias de forma sindicada con otras entidades bancarias y en relación con el plazo de presentación de las mismas. La petición fue aceptada.

No conforme con ello, el 15 de octubre, el contratista volvió a solicitar cambios a YPFB para que acepte la presentación de pólizas. Con referencia a la garantía de correcta inversión de anticipo solicitó que se acepte una póliza de garantía para entidades públicas con una cláusula adicional de ejecución a primer requerimiento. El 16 del mismo mes, YPFB lo aceptó y el 17 de octubre se selló que las garantías podían ser una boleta bancaria emitida por el Banco Unión o una póliza de garantía de cumplimiento de contrato.

Las garantías que debía presentar Catler serían de $us 23,31 millones.
El 24 de noviembre de 2008 surge una tercera adenda, en la que se determina que la supervisión del contrato esté a cargo de una empresa calificada y ya no por un solo profesional calificado.

Finalmente, la cuarta adenda se firmó el 8 de enero de 2009, referida a la forma de pago. Esta modificación señala que de manera excepcional, hasta tanto se realice la contratación del supervisor de obra, YPFB podrá autorizar los pagos que requiera Catler, previo informe escrito de la contraparte. Las cuatro adendas establecían que, conforme a ley, debían ser registradas ante la Contraloría General de la República.

Sobre el particular, el experto Carlos Alberto López y el ex ministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos señalaron que si bien es ‘aceptable’ efectuar cambios a los contratos, lo ideal es no tener varias adendas.

“Tiene que haber una razón muy fuerte, muy fundamental para hacer cambios, hay que analizar el contrato en detalle”, indicó Ríos.
Por su lado, López aclaró que ningún contrato bien hecho puede tener cuatro adendas. “Definitivamente esto no es normal. Particularmente no conozco caso alguno en el que se hayan efectuado tantas modificaciones y en los plazos en los que se hizo en este caso”, sostuvo.
Los partidos de oposición indicaron que el presidente Evo Morales es cómplice de la corrupción, porque promulgó el DS 29506, que autoriza a la estatal a hacer contrataciones directas, violando la ley Safco y la ley de contrataciones.

Las principales modificaciones

Primera adenda (08 agosto 2008)
- En la cláusula sexta del contrato original, respecto al anticipo, se establecía que: después de ser suscrito el contrato, el contratante entregará al contratista un anticipo del 10% del precio total del contrato, contra entrega de una garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% del monto entregado. El importe del anticipo será descontado proporcionalmente en pagos mensuales, hasta cubrir el monto anticipado. Este punto fue cambiado por: el contratante entregará al contratista un anticipo hasta el 10% del precio total del contrato, en desembolsos parciales de acuerdo con la solicitud del contratista. Asimismo, el contratista contra entrega del anticipo presentará la boleta bancaria.

- En la cláusula séptima, se establecía que las garantías de correcta inversión de anticipo y de cumplimiento de contrato serán entregadas en un plazo de 25 días a partir de la suscripción del contrato. Se cambió, por previa presentación de la orden de proceder.

Segunda Adenda (17 octubre 2008)
- Contempla 13 modificaciones, siendo una de las principales el referido a la garantía de cumplimiento de contrato. El contrato original establecía en la subcláusula 7.2 que Catler está obligada a garantizar la correcta y fiel ejecución del contrato en todas sus partes, con la boleta bancaria emitida por el banco Unión S.A a satisfacción de YPFB de ejecución inmediata renovable e irrevocable, con vigencia hasta el 31 de enero de 2010 a la orden de YPFB por el 7% del precio total del contrato.

- Las partes acordaron modificar que se lo haga mediante boleta bancaria o con una póliza de garantía de cumplimiento de contrato de obra para entidades públicas con cláusula adicional de ejecución inmediata, renovable e irrevocable, con vigencia hasta el 31 de enero de 2010 a la orden de YPFB por el 7%. Asimismo, esta póliza tiene que estar reasegurada por una entidad aseguradora del exterior de probada solvencia.

Tercera adenda (24 de noviembre)
- Cláusula XXIV (Supervisor de obra). YPFB contratará los servicios de un supervisor de obra, profesional calificado con suficiente experiencia en la dirección de trabajos similares, para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de instalación de la planta. El supervisor de obra será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos mediante comunicación escrita dirigida al contratista. Los cambios: el contratante (YPFB) contratará los servicios de un supervisor de obra que será una empresa calificada con suficiente experiencia en la dirección de trabajos similares, para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de instalación de la planta. El supervisor de obra será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida al contratista. Mientras se lleve a cabo la contratación, la aprobación de las certificaciones emitidas por el contratista pueden ser aprobadas por la contraparte designada por el presidente de YPFB.

Cuarta adenda (08 de enero 2009)
- Las partes por mutuo acuerdo han decidido incluir los párrafos siguientes a la cláusula vigesimaséptima del contrato referido a la forma de pago:
“De manera excepcional, hasta tanto se realice la contratación del supervisor de obra, el contratante (YPFB) podrá autorizar los pagos que requiera el contratista, previo informe escrito de conformidad de la contraparte. Una vez contratado el supervisor de obra, el mismo se halla obligado a revisar todos los pagos realizados y todo el avance de obra; en caso de existir observaciones del supervisor de obra, el contratista deberá subsanar las mismas a su costo, dentro del plazo establecido por el supervisor de obra”. Este documento fue firmado por el entonces presidente de YPFB Santos Ramírez y los señores Miguel O’Connor D’Arlach Taborga y Agustín Tomás Melano, en representación legal del contratista (Catler Uniservice). La adenda señalaba que conforme a ley, el documento será registrado en la Contraloría, lo cual en los hechos no ocurrió.

Villegas mira a YPFB Andina y Transportes

El presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, se reunirá hoy con los directores y gerentes de áreas de YPFB Santa Cruz, además de los ejecutivos de las empresas YPFB Andina y YPFB Transportes (ex Transredes) con el objetivo de evaluar el desarrollo de las actividades de la empresa y comunicar los cambios a efectuarse en las diferentes áreas.

Fuentes de la misma YPFB señalaron que Villegas viene con más de una veintena de memorándum, para cambiar a los responsables de cada una de las direcciones de la distrital YPFB Santa Cruz.

Según las fuentes, la principal acción está orientada a hacer ‘reajustes’ en el directorio de YPFB Andina, puesto que su presidente, Mario Arenas, fue uno de los responsables del proceso de contratación de la firma Catler Uniservice en representación de YPFB.

Asimismo, se prevé cambiar al titular de la ex Transredes, Juan Bautista, que supuestamente tiene vínculos familiares con Santos Ramírez.
Por otro lado, se pudo conocer que Guillermo Aruquipa, actual superintendente de Hidrocarburos, también figura en la lista del Gobierno para ser removido del cargo, por considerar que hay hechos que los vinculan con este presunto caso de corrupción, además que conoció la firma del contrato.

 

Comisión gubernamental halla indicios de cuatro delitos cometidos por Ramírez en Yacimientos – La Prensa

Los delitos que acorralan a Ramírez podrían derivar en privación de libertad de un mes a ocho años. Linera asegura que existió un robo y una extorsión económica que afecta los recursos del Estado. El Viceministerio de Transparencia solicitó información de las cuentas bancarias de Ramírez.

La comisión interventora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) encontró indicios que comprometen al ex presidente de la estatal Santos Ramírez en la comisión de cuatro delitos de orden penal en la suscripción del contrato con el consorcio Catler-Uniservice. El vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, advirtió que los culpables no serán protegidos.

“No vamos a preguntar apellido, amistad ni color político. El corrupto tendrá que ir a la cárcel, sea quien sea, no nos importa, ésa es la decisión del Presidente (Evo Morales) y el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir esa decisión del Presidente”.

La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo, informó que los presuntos delitos tienen que ver con contratos lesivos, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, que derivan en un daño económico.

Estas figuras se encuentran tipificadas en el Código Penal y tienen diferentes penas, que van desde un mes hasta ocho años de privación de libertad (ver cuadro de apoyo).

Así lo reveló luego de brindar un informe a la comisión especial del Senado encargada de investigar el asesinato del empresario Jorge O’Connor, el pasado 27 de enero, y la presunta corrupción en YPFB.

Tanto el Poder Ejecutivo como esta instancia indagan las irregularidades cometidas en la suscripción del contrato entre YPFB y Catler-Uniservice para instalar una planta separadora de líquidos en Río Grande el 14 de julio de 2008.

Suxo informó: “De la revisión de alguna documentación ya hay algunos elementos que nos llevan a pensar que ha habido incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, daño económico y por supuesto uso indebido de influencias”. Añadió: “Una vez que tengamos toda la documentación y el respaldo jurídico vamos a presentar la denuncia correspondiente”.

Estas supuestas irregularidades se suman a la denuncia formulada el lunes por la Contraloría en sentido de que Ramírez incumplió la Ley 1178 Safco, que le obligaba a presentar el contrato con Catler-Uniservice ante esa entidad en los cinco días siguientes a su firma.

Esta falta podría derivar, según dijo el contralor Gabriel Herbas, en responsabilidad ejecutiva, civil, administrativa y penal una vez que se concluya con la auditoría iniciada a YPFB.

Además, la ex autoridad tampoco protocolizó el contrato con el consorcio en la Notaría de Gobierno de la Prefectura de La Paz pese a que erogó 6,8 millones de dólares en favor de la compañía para que emprendiera los primeros trabajos.

El vicepresidente García Linera admitió la existencia de hechos de corrupción en YPFB y subrayó, según ABI, que el presidente Evo Morales ordenó a las autoridades correspondientes encontrar a los “corruptos que pudieran estar implicados en el desvío de 450.000 dólares, que vincula hechos irregulares en YPFB, para enviarlos a la cárcel”.

El dignatario de Estado, muy sereno y antes de entrar en la reunión de gabinete en el Palacio Quemado, reconoció ante los medios de prensa que en el caso de empresa Catler-Uniservice, encargada de planta separadora de GLP, se cometió daño económico contra el Estado, asesinato, robo y además hay un proceso de extorsión económica que afecta los recursos del Estado.

“Hay corrupción, nosotros confiamos y esperamos que el ex presidente de YPFB, el compañero Santos Ramírez, habrá de demostrar su inocencia, pero lo hará como cualquier ciudadano, sin privilegio alguno y se defenderá”.

El Vicepresidente ratificó a los periodistas que la gestión de Evo Morales no protege ni protegerá, por encima de un nombre, apellido, amistad y compañerismo, actos de corrupción.

Añadió que si la Cámara de Senadores pretende investigar este caso y dejar de hacer un “show político”, lo primero que tienen que hacer los senadores es aprobar la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz .

Más información

Suxo informó que su Viceministerio solicitó información de las cuentas bancarias del ex presidente de YPFB, además de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y Corte Nacional Electoral (CNE) para establecer el grado de parentesco que puede existir entre Santos Ramírez y la familia de su esposa, Jiovana Navia Doria Medina.

La autoridad añadió que también se analiza el contrato con Catler-Uniservice y las presuntas irregularidades cometidas, entre ellas la falta de presentación de tres boletas de garantía: la primera por seriedad del valor ofertado en la propuesta, equivalente al 2 por ciento del valor de la obra y que en este caso suponía 1,72 millones de dólares. La segunda, de “buena inversión del anticipo”, por el 20 por ciento, que corresponde a 17,2 millones de dólares.La tercera boleta de cumplimiento del contrato, es igual al 10 por ciento, es decir, 8,63 millones de dólares. A cambio, la firma sólo entregó una póliza del 1 por ciento que no estaba permitida en los términos de la licitación convocada por YPFB.

Suxo, tras la reunión con los senadores, dijo que se acordó con esa instancia realizar una labor coordinada con la Fiscalía.

Villegas posesionó un gerente acusado de nepotismo

El actual presidente de Yacimientos Petrolíferos fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, posesionó como gerente general de Administración y Finanzas de esa empresa a Róger Uzquiano Alcoreza, un ex funcionario denunciado por nepotismo en el Ministerio de Hidrocarburos.

De acuerdo con un oficio dirigido a Villegas, firmado por la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, y fechado el 22 de abril de 2008, Róger Uzquiano Alcoreza fue acusado de contratar a su sobrino, familiar en tercer grado, Wálter Rodríguez Narváez.

El lunes 2 de febrero, cinco autoridades fueron posesionadas de sus cargos por el nuevo presidente de YPFB, entre ellas Uzquiano. Esto sucedió después de que la petrolera fuera intervenida para ser auditada como consecuencia de los hechos ocurridos días antes en relación con la empresa Catler- Uniservice y su contrato para construir la planta de extracción de licuables en Río Grande, provincia Cordillera, en Santa Cruz.

Según el documento, Uzquiano hizo uso indebido de influencias, delito tipificado en el Código Penal, al contratar a este pariente. Para esto se valió de un poder especial que le había conferido Villegas.

Este poder le dio al entonces funcionario la capacidad de seleccionar personal eventual. El 1 de febrero de 2008 contrató a su sobrino como consultor individual en línea hasta el 31 de diciembre del mismo año, por una paga de 38.500 bolivianos.

Según la carta, en audiencia pública, el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal determinó la extinción de la acción porque el daño fue mínimo, además ambos funcionarios renunciaron a sus cargos.

La viceministra Nardy Suxo señaló que Uzquiano fue liberado de responsabilidad porque había subsanada los cargos bajo los cuales se lo investigó al haber salido de la entidad dos de sus parientes.

Súper investiga a tres empresas

El superintendente de Empresas, Rolando Morales, aseguró ayer que existen tres firmas con el nombre de Catler-Uniservice y se averigua el origen de cada una.

Explicó que la primera es Catler-Uniservice S.R.L., con sede en Cochabamba, dedicada al aprovechamiento de la madera y que no tienen ninguna relación con el contrato para la ejecución de la planta separadora de líquidos en la localidad de Río Grande.

La segunda es Uniservice, que forma parte de la sociedad accidental con la que el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez dice que suscribió un contrato para ejecutar el proyecto de extracción de licuables. La tercera es Catler International Corporation, la que se une a Uniservice para hacer la sociedad accidental de la cual no se tiene ningún registro en el país.

Según las investigaciones realizadas por la Superintendencia de Empresas, este consorcio se formó el 1 de julio de 2008, pero tampoco se tiene constancia de su inscripción en el país.

La reguladora intenta aclarar las relaciones de cada una de estas tres empresas con YPFB e investiga a sus representaciones en Panamá y Argentina, pero aún no logró resultados.

Contraloría exige orden judicial

La Contraloría General de la República (CGR) exige a los medios de comunicación orden judicial para proporcionar información sobre el patrimonio del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez de las gestiones pasadas.

Esto a pesar del compromiso asumido por el contralor interino Gabriel Herbas de brindar los datos correspondientes a La Prensa el pasado lunes al término de una conferencia de prensa cuando se le aclaró que en la página web de la entidad sólo figura la declaración del 14 de marzo de 2008 y que no ha sido renovada. En ésta se señala que el ex Presidente de YPFB tenía un patrimonio neto de -102.000 bolivianos, que se desglosan de un total de bienes valorados en 154.000 bolivianos y una deuda de 256.000 bolivianos.

Ayer, la Contraloría envió por fax a este medio una copia del Decreto Supremo 28695, en donde se subraya el artículo 21 (transparencia), que dispone que la solicitud debe hacerse a través de una orden judicial que acredite legítimo interés y dentro de un proceso formal.

Además se remarca el artículo 33 (publicación), cuyo último párrafo precisa que la publicación en la página web será de la última declaración o actualización realizada por el funcionario público.

El ex ministro de Hacienda Waldo Gutiérrez explicó que las declaraciones juradas tienen el objetivo de que haya una fiscalización de la población. En este caso la comparación del patrimonio que tenía un funcionario hace un año y en la actualidad es la única manera de verificar si hubo o no un crecimiento significativo de su patrimonio.

Según la ex autoridad, si bien puede ser legítimo que la entidad se ampare en el Decreto 28695 para no entregar información, el Gobierno debería posibilitar que la Contraloría la canalizara para que se transparenten las cuentas del ex presidente de YPFB.

El contralor suspendido Osvaldo Gutiérrez opinó que, aunque de por medio la norma señala la necesidad de una orden judicial, en este caso se debe dar a conocer esta información que está archivada.

Señaló que el decreto al que hace referencia la Contraloría exige que esta información cada año se la vaya resguardando para que sea recabada en cualquier momento.

La Prensa intentaba con estos datos verificar con cuánto de patrimonio ingresó Ramírez a ejercer una función pública y el valor que consolidó al dejar la Presidencia de YPFB.

Herbas, cuando asumió el cargo, el 29 de diciembre de 2008, se comprometió a que la información de la Contraloría sería totalmente transparente hacia los medios de comunicación.

Los delitos tipificados

1.- Uso indebido de influencias (artículo 146)

“El funcionario público o autoridad que, directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas, obtuviere ventas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con presidio de dos a ocho años y multa de 100 a 500 días.

2.- Contratos lesivos al Estado (artículo 221)

“El funcionario público que, a sabiendas, celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años. En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de seis meses a dos años. El particular que, en las mismas condiciones anteriores, celebrare contrato perjudicial a la economía nacional será sancionado con reclusión de uno a tres años.

3.- Incumplimiento de deberes (artículo 154)

El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función incurrirá en reclusión de un mes a un año.

4.- Daño económico al Estado

Emerge de los delitos anteriormente mencionados y que se podrá verificar luego de una auditoría.

Más datos

El ex presidente de YPFB Santos Ramírez fue destituido por el caso Catler-Uniservice el sábado.

En su lugar se designó a Carlos Villegas como presidente de la estatal petrolera.

El Gobierno instruyó una intervención de la entidad para erradicar la corrupción.

La UIF investiga las cuentas bancarias de la familia del ex Presidente de YPFB.

Villegas posesionó a nuevos gerentes en lugar de los funcionarios designados por Ramírez.

La Contraloría anunció que iniciará una auditoría a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Antecedentes

La planta separadora de líquidos de Río Grande buscaba aumenta la oferta de GLP

YPFB ya desembolsó 6,8 millones de dólares para que la empresa inicie los trabajos

El consorcio aseguró que la construcción de los equipos e insumos tiene un avance de 30%.

 

Esposa de Santos se acoge a su fuero y el MAS le exige licencia – La Prensa

Jiovana Navia alegó su delicado estado de salud, por un embarazo de alto riesgo, para no declarar.

La esposa del ex presidente de YPFB Santos Ramírez y diputada suplente del MAS, Jiovana Cristina Navia Doria Medina, se acogió a su inmunidad parlamentaria y a su embarazo de alto riesgo para no declarar en las investigaciones que fueron iniciadas por la Fiscalía por el escándalo de presunta corrupción en YPFB y el asesinato del empresario Jorge O’Connor. El Comité Ejecutivo Nacional de su partido la conminó a renunciar a su fuero, de lo contrario la expulsará.

La Bancada del MAS en la Cámara de Diputados también le exigió pedir permiso; de no hacerlo, aprobará una resolución camaral para alejarla del cargo.

Luego de conocer esa decisión, la abogada de la legisladora, Teresa Montaño, dijo que aún no analizaron esas conminatorias. No descartó que su defendida se ampare a la Ley General del Trabajo, porque en su condición de embarazada ni puede ser licenciada o expulsada de su trabajo.

Navia, con quien Ramírez contrajo nupcias el 7 de enero de este año, se presentó ayer a las 08.45 en la oficina de Corrupción Pública de la Fiscalía de La Paz, instancia que la convocó el lunes. Ingresó acompañada de su abogada. Ese encuentro duró cerca de media hora.

Ella, sus hermanos y el ex titular de la estatal petrolera, entre otros, son investigados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos, cohecho activo y cohecho pasivo por la contratación de la empresa Catler-Uniservice, que se adjudicó la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (provincia Cordillera de Santa Cruz) en julio de 2008.

Las presuntas irregularidades en la contratación de esa empresa fueron destapadas luego de que el martes 27 de enero, el empresario Jorge O’Connor D’Arlach fuera baleado y además le arrebataron 450.000 dólares del Estado, que habían sido retirados del Banco Unión y que presuntamente debían ser entregados a los parientes de la esposa del ex titular de Yacimientos.

El dinero presumiblemente era una “comisión” para el ex presidente de YPFB, quien habría beneficiado a la sociedad Catler-Uniservice para que se le adjudique la construcción de la planta separadora de líquidos, sin que tenga experiencia en el ramo.

Según las investigaciones, luego de que el dinero fuera retirado de la entidad bancaria, debía ser depositado en la casa del primo de los Navia Doria Medina, Gonzalo Aramayo Doria Medina. Antes del atraco, este último, junto con Javier Navia, hermano de Jiovana Navia, conducía a O’Connor a su domicilio.

Los otros hermanos de la esposa del ex presidente de YPFB Juan Carlos y Mario aparecen como presuntos miembros de la banda de corrupción en Yacimientos. El primero trabajaba en la Unidad de Comunicación de esa empresa y una semana antes del atraco fue transferido a Transredes.

El segundo desempeñó funciones en la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) desde septiembre de 2008, entidad que conocía el contrato con Catler-Uniservice.

Otros familiares de Jiovana Navia, es decir, su hermano Mario y su primo Gonzalo Aramayo que fueron testigos del atraco, eran funcionarios del Directorio Único de Fondos (DUF).

Los descargos

Después de su aparición por la Fiscalía, Jiovana Navia desconoció el traslado del dinero. Dijo que coadyuvará en las investigaciones para esclarecer los hechos.

Su abogada, Teresa Montaño, explicó que su defendida no puede hacer uso de la palabra porque está delicada de salud. “La señora está embarazada, con vómitos, convulsiones, tiene un embarazo de alto riesgo, de dos meses, son gemelitos”.

Ése fue uno de los argumentos expuestos al fiscal Edward Mollinedo para pedir que no declare. Para ello se presentó una ecografía y un certificado médico en el que se recomienda que no sea sometida a tensión.

El fiscal de Distrito de La Paz, Óscar Gutiérrez, aclaró que la parlamentaria no prestó sus declaraciones porque se acogió al derecho de silencio y a su inmunidad.

Dicha legisladora es suplente del diputado Félix García por el departamento de La Paz.

Mollinedo precisó que solicitará una autorización a la Corte Suprema de Justicia para que le retire su inviolabilidad.

El constitucionalista Carlos Alarcón explicó que la Constitución Política vigente establece que ningún parlamentario podrá ser acusado y procesado por la vía penal sin autorización de la Suprema, por lo que para el procesamiento de Jiovana Navia se debe seguir ese procedimiento.

Las presiones

El jefe de bancada del MAS en Diputados, César Navarro, informó que la bancada aprobó un pronunciamiento solicitando a Jiovana Navia que se despoje de su fuero parlamentario.

Anticipó que si no lo hace, hoy presentará un proyecto de resolución camaral en el que se pedirá a la Fiscalía General que tramite ante la Corte Suprema el desafuero de esa legisladora.

Los dirigentes del MAS también presionan para el alejamiento de la esposa de Ramírez y la conminan a pedir permiso a la Cámara Baja.

El vicepresidente del MAS, Sergio Loayza, informó ayer, en compañía de la senadora Leonilda Zurita, que el Comité Ejecutivo de la Dirección Nacional de ese frente político aprobó una resolución en la que la conminaron a renunciar a su inmunidad, de no hacerlo, esa instancia se reunirá para decidir sobre su expulsión de las filas masistas.

Leonilda Zurita explicó que su correligionaria “debe pedir que se levante su inmunidad, porque el que nada tiene, de nada tiene que temer”.

Loayza dijo que los dirigentes masistas presumen “que la diputada no quiere contribuir en el esclarecimiento de los hechos que son de conocimiento de la opinión pública”.

El diputado Jorge Silva también criticó a Jiovana Navia. Dijo que “si no renuncia voluntariamente, está dando a entender que tiene miedo que se le investigue (...) Por dignidad ella debería renunciar sin que le pidamos, pero nosotros le vamos a hacer llegar la nota de todas maneras. El que nada debe nada teme”.

Ramírez, entretanto, renunció a su fuero cuando asumió la presidencia de YPFB, por lo que es investigado directamente.

Declaración

Jiovana Navia Doria Medina se presentó ayer en la Fiscalía a requerimiento de los fiscales.

Es investigada, al igual que sus hermanos y su esposo, por presunta corrupción.

Es decir, por el acuerdo presuntamente irregular suscrito entre YPFB y Catler–Uniservice.

Este hecho fue destapado después del asesinato y robo al empresario Jorge O’Connor.

Él era socio de esa firma que habría sido favorecida para adjudicarse una obra millonaria.

Otros datos

Los masistas presionan para que la esposa de Santos Ramírez renuncie a su fuero parlamentario.

Ramírez se despojó de esa prerrogativa cuando asumió la presidencia de Yacimientos.

Este último fue citado por la Fiscalía para que declaré el lunes 9 de febrero a las 14.00.

 

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