| C. Peña y Lillo. Macharetí - EL DEBER |
Asamblea. Los integrantes de la Comisión de Autonomías Departamentales escucharon quejas, propuestas y críticas en Macharetí. Se discutió también la posibilidad de crear un décimo departamento
El Gran Chaco pateó el tablero en torno al modelo de autonomías que se establecerá en el nuevo texto constitucional, que se elabora en Sucre desde agosto del año pasado. Los chaqueños plantearon, a través de cuatro exposiciones a los integrantes de la Comisión de Autonomías Departamentales, Provinciales, Municipales e Indígenas, Descentralización y Organización Territorial, la implantación de un sistema regionalizado, en cuyos modelos proponen desde la desaparición de los municipios hasta la creación del décimo departamento.
Como parte de los encuentros territoriales que cada una de las comisiones de la Asamblea Constituyente llevará adelante durante este mes, 20 asambleístas estuvieron ayer en la población chuquisaqueña de Macharetí. Allí escucharon propuestas, quejas y críticas respecto a su trabajo y fundamentalmente al modelo autonómico que se debe aplicar en el país. La reunión comenzó con un incidente entre los constituyentes Saúl Ávalos (MAS), presidente de la comisión, y Roy Moroni (MNR-FRI), que se jalonearon el micrófono delante de los asistentes, situación que provocó las críticas de todos.
La propuesta del representante de la Asamblea de Pueblos Guaraníes (APG), José Ledesma, abrió el debate. De acuerdo con la exposición de Ledesma, históricamente los guaraníes son dueños de la zona que ahora se llama Gran Chaco y apelando a la reivindicación por este tema, propuso la reconstitución de ese territorio y la conformación del Estado Guaraní. Pero el expositor fue más allá en su propuesta, ya que con esto desecha la actual conformación territorial compuesta por municipios, cantones y provincias. “No queremos esas escalas de gobierno”, aseguró el representante de la APG, pero además afirmó que este Estado que se crearía tiene que ser dueño de los recursos naturales que hay en su área de influencia y propone una nación indígena.
Los cuestionamientos a esta posibilidad inmediatamente fueron planteados por los asambleístas, pero por una descoordinación en la directiva de la comisión, el expositor no los pudo responder.
Luego de Ledesma el turno fue de Marcelo Arandia, dirigente cívico de Camiri, que propuso el establecimiento de un Estado unitario, autonómico y regional. Arandia, apoyado en una presentación computarizada, mostró un ensayo de regionalización en Santa Cruz. Según la visión cívica camireña, deben existir las regiones del Chaco, la Chiquitania, los Valles, el Norte Integrado y Santa Cruz Metropolitano. “Así pueden desaparecer los cantones y las provincias”, explicó Arandia, que en su planteamiento mantiene la vigencia de los municipios y sugiere que se conforme un Consejo Regional Autonómico, una especie de parlamento regional que fungiría como el Poder Legislativo de cada departamento.
Rolando Calvimontes, asesor de los comités cívicos chaqueños, presentó una propuesta a la comisión constituyente en la cual divide al país en 17 regiones, agrupadas fundamentalmente en base al criterio de que las más abandonadas debe unirse por sus culturas y costumbres, y pelear por el desarrollo de sus zonas. “Queremos libertad autonómica y estoy seguro de que se pueden crear nuevos departamentos”, concluyó Calvimontes, haciendo referencia a la intervención hecha por un asambleísta en la que les recordó a los asistentes que no se pueden crear más departamentos.
Respaldando las posiciones de Calvimontes y Arandia, el presidente del Comité pro intereses de Villamontes, Carlos Borda, reafirmó el concepto de la implantación de un modelo autonómico regionalizado. “Los de la ciudad quieren un sistema departamentalizado y nos dicen que darán mayor descentralización. Ahora ya hay descentralización en Tarija, pero el prefecto quiere que le pidamos permiso cuando queremos hacer grandes inversiones a favor nuestro y sólo nos deja actuar cuando se trata de poco dinero.
Eso no es autonomía”, se quejó Borda.
El subprefecto de Cordillera, Marcelino Apuran, y el de Hernando Siles, Florencio Méndez, abogaron por una mayor descentralización a nivel provincial, antes que el concepto de una regionalización como lo plantearon sus antecesores.
Poco antes del final de este encuentro, pasadas las 15:00, Ávalos aprovechó para comparar las visiones dispares que hay en el país sobre el modelo autonómico que debe aplicarse en la nueva Constitución Política del Estado. “El viernes nos reunimos con gente de la capital cruceña y allí proponen las autonomías departamentales y una mayor descentralización, pero venimos a las provincias y quieren un modelo regionalizado”, comentó el presidente de la comisión constituyente, que continuará con este proceso de encuentros territoriales en otras poblaciones del país.
Los cruceños de Podemos ausentes
Llamó la atención la ausencia de los constituyentes de Podemos que representan a Santa Cruz en el encuentro de ayer en Macharetí. De acuerdo con la lista de asistencia, sólo estaba la asambleísta pandina por esa tienda política, Carmen Eva Gonzales. También se extraño la presencia de Hormando Vaca Díez, constituyente cruceño por AAI. Sin embargo, el empresario cañero Mariano Aguilera, de APB, sí estuvo en la reunión lanzando propuestas y haciendo conocer su parecer respecto al trabajo que ahora le ha tocado encarar a los integrantes de las diferentes comisiones constituyentes.
En el encuentro también estuvo presente el abogado Jorge Arturo Valverde, conocido como el constituyente 256, que escuchó los planteamientos realizados e intervino para dar su parecer respecto a las propuestas expuestas. Valverde comentó que la anterior semana presentó una carta formal a la Asamblea, en la cual sugiere que el plazo establecido para la conclusión del texto constitucional se extienda seis meses más, vale decir hasta principios del siguiente año. Sin embargo, Saúl Ávalos explicó que por la modalidad acordada por los constituyentes, la nueva Carta Magna puede estar concluida en la fecha prevista, el 6 de agosto próximo, para que en un plazo máximo de 90 días el presidente de la República, Evo Morales, llame a una consulta popular para validar la nueva Constitución.
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