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La aventura del movimiento cívico empresarial de Santa Cruz echa por la borda la centenaria y legítima lucha popular por la autonomía; pone en riesgo la integridad nacional y fomenta el desgobierno
La triple irresponsabilidad del autonomismo patronal
Redacción Bolpress
Las dirigencias políticas y empresariales de los departamentos de la “media luna”, especialmente de Santa Cruz, son triplemente necias al imponer a como de lugar un estatuto autonómico ilegítimo e ilegal. Son irresponsables con el movimiento popular que se merece una autonomía en regla después de décadas de lucha. Su insensatez dañará a todo el pueblo boliviano porque, previo baño de sangre, puede terminar fragmentando al país. Los aventureros no prevén la grave crisis de ingobernabilidad que tendrán que afrontar.
El referéndum departamental del 4 de mayo convocado por el prefecto de Santa Cruz Rubén Costas para aprobar estatutos autonómicos no es reconocido por toda la población del departamento, y por tanto es ilegítimo. La Prefectura y el Comité Cívico Pro Santa Cruz se arrogan la representación del pueblo cruceño, aunque ninguna ley reconoce a éste último como representante del pueblo.
Las principales organizaciones sindicales, campesinas e indígenas de Santa Cruz, al igual que un sector importante de la clase media invisibilizado por los medios de comunicación, desconocen el estatuto de los empresarios. Algunas provincias como la Chiquitanía, Guarayos y Cordillera elaboran sus propios estatutos, e inclusive proclaman la creación de un nuevo departamento boliviano, como ya lo ha planteado el movimiento cívico del Chaco de Tarija, que también discrepa con la línea oficial de la prefectura.
Las provincias de Tarija rechazan el estatuto autonómico aprobado el martes pasado por las dirigencias políticas de la capital sin el respaldo de sectores sociales, campesinos, cañeros, gremiales y vecinos. Por ello están dispuestos a redactar estatutos provinciales y pedir la descentralización de los ingresos departamentales.
Hace poco, varios sectores sociales populares de Santa Cruz le dijeron “sí” a la nueva Constitución en una cumbre realizada en el Coliseo de la populosa Villa 1 de Mayo, mientras que la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) convocó a organizaciones de base, profesionales, intelectuales gremiales y empresarios a movilizarse en apoyo al texto constitucional como única garantía de unidad nacional.
El dirigente chiquitano Tulio López declaró que las seis provincias de Chiquitanía y Guarayos ya están maduras para definir su propio destino y darse un estatuto autonómico propio dentro del Nuevo Estado boliviano. “No queremos que la ambición de ricos ganaderos y otros grupos de poder nos arrastren en sus delirios separatistas”. El estatuto está casi listo y será socializado en Vallegrande y Cordillera, donde también quieren gobiernos autónomos, pero dentro de Bolivia.
Juristas de diferentes tendencias coinciden en que la irresponsabilidad de aprobar un estatuto autonómico ilegítimo, ilegal y plagado de aberraciones jurídicas se agrava por hecho de que la norma parece expresamente diseñada para desintegrar al Estado nacional.
La Ley 2769 del Referéndum establece que mientras no exista un gobierno departamental electo por voto popular el Congreso Nacional es la única instancia autorizada para convocar a consultas nacionales, departamentales y municipales. Ningún artículo de la Constitución actual menciona que un prefecto puede convocar a un referéndum autonómico. La Corte Nacional Electoral (CNE) aclaró que la única instancia que puede convocar a un referéndum de este tipo es el Congreso, mientras que su administración es atribución de la CNE. Instituciones como el Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la fundación UNIR, la Iglesia Metodista y otras pidieron respeto para todos los procesos autonómicos y constituyentes “que se enmarquen en la legalidad”.
Los estatutos son ilegales por la forma en la que han sido redactados y también lo son por el fondo de sus postulados. Estos textos tratan de temas de interés nacional, y no solo departamental, que no pueden ser definidos a nivel local. Lo más grave es que tienden a desintegrar la nación. Se supone que las autonomías son parte de un proceso de descentralización política y no la construcción de una federación de estados dentro de otro Estado.
El estatuto cruceño está plagado de aberraciones jurídicas nunca vistas, como eso de que solamente los ciudadanos cruceños tienen capacidad de ejercer derechos políticos, como el sufragio, elegir a sus autoridades departamentales y ser elegidos como tales, participar en los asuntos públicos departamentales a través de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referéndum, el Plebiscito y el Cabildo. En realidad, se reconoce una doble condición política de ciudadanía, una boliviana y otra cruceña. (Artículo 3)
El estatuto cruceño arrebata al Estado boliviano prácticamente todas sus competencias establecidas por la actual Constitución. El Capítulo Primero, del Título Segundo, referido a la Estructura Competencial Básica y Aplicación del Derecho Autonómico, determina competencias exclusivas del gobierno departamental para ejercer potestad legislativa, reglamentaria y función ejecutiva en: a) educación en todas las áreas; b) tierra; c) bosques; d) y biocombustibles, entre otras 40 “competencias exclusivas”.
El gobierno departamental asumiría el control compartido de los recursos naturales con el gobierno nacional, tendría potestades en materia de relaciones internacionales, asuntos judiciales y tributación.
El Art. 143 del estatuto cruceño determina que la Corte Superior de Distrito sería la última instancia jurisdiccional y dictaría sentencias con autoridad de “cosa juzgada” en aquellos temas de competencia exclusiva. Por ejemplo, la Corte Superior sería la última instancia decisora sobre la distribución de tierras.
De ahí que el derecho propietario sobre la tierra, la distribución, redistribución y administración de las tierras en el Departamento de Santa Cruz sería regulado por Ley Departamental aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental. (Art. 102) Eso quiere decir que el parlamento regional tendría la última palabra en la definición de tamaños, características y parámetros de cumplimiento de la función social y función económico-social, para cada forma de propiedad agraria. (Art. 103, IV).
El estatuto propone combatir el minifundio en vez de luchar contra el latifundio. El Art. 105 menciona que el gobierno departamental, a través del Instituto Departamental de Tierras (IDT), fomentará el “reagrupamiento, distribución y redistribución” de tierras para evitar la aparición del minifundio improductivo.
No hay duda que el estatuto fue redactado por y para la agroindustria. El Art. 109 menciona que el gobernador “firmará todos los Títulos Agrarios que acrediten la propiedad sobre la tierra y se encuentren dentro de la jurisdicción del Departamento Autónomo de Santa Cruz, los que, de acuerdo a principios constitucionales, causan estado y son irrevisables, salvo por la autoridad judicial competente, permitiendo su inscripción en el Registro de Derechos Reales”.
Autonomías por la ventana
Las autonomías de los empresarios entran por la ventana, y no por la puerta ancha, echando por la borda una lucha social autonómica de toda una vida, opina el viceministro de Coordinación Gubernamental Héctor Arce. Y todo porque pequeños grupos de poder vinculados a la agroindustria (la Cámara Agropecuaria del Oriente – CAO y el mismo presidente del Comité Cívico Branco Marinkovic) están dispuestos a descuartizar la soberanía económica y política del país para mantener a buen recaudo sus propiedades.
No solo se arriesgan a fragmentar la nación sino que promueven la confrontación violenta entre bolivianos. Algunos legisladores de derecha que responden a los grupos de poder advirtieron a las autoridades nacionales responsables de la política de tierras que si “quieren atropellar” haciendas “van a tener violencia, nos vamos a constituir en una fuerza que quizá lleve a desencadenar un episodio que no quisiéramos”.
La tristemente célebre Unión Juvenil Cruceñista que acalla a palos, puñetes y explosivos a los disidentes de Santa Cruz no es el único grupo de choque irregular al servicio de los patrones. En Tarija apareció el “movimiento montonero Chapacos de Uriondo” apoyado por los prefectos de la media luna, denunció el senador Jaime Ramírez (MAS), quien pidió al ministro de Defensa, comandante de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que investiguen.
El legislador mostró una carta enviada por el prefecto de Tarija Mario Cossio el 28 de enero al “movimiento montoneros Chapacos”, donde manifiesta que “la seguridad del fiel cumplimiento de nuestra determinación y voluntad de defender la unidad y los intereses del departamento, como prefecto, junto a las organizaciones e instituciones regionales como el movimiento Chapaco constituido en bastiones de la integridad y patrimonio departamental”.
Lo preocupante es que estos grupos de choque de derecha radicalizan a los soldados del bando contrario. El presidente del Comité Cívico de Potosí Alejandro Gutiérrez opina que tendrá que estallar un “enfrentamiento armado” para cambiar estructuralmente el país.
Los dirigentes Tulio López y Casimiro Tamba, chiquitano y guarayo respectivamente, de la localidad de Ascensión y de San José de Chiquitos dijeron a activistas del Movimiento Bolivia 14 Departamentos que la paciencia se les está acabando.
La juventud cruceñista y del Comité Cívico “nos golpean, molestan a nuestras mujeres, al mejor estilo del KKK, nos amenazan para que votemos por el estatuto de autonomía amenazando con borrar a nuestros ancianos de los padrones para que no cobren el Bono Dignidad”, denunció López. “Sabemos que Cristo sufrió y murió por nosotros, a manos de los poderosos.
Ahora el Pueblo Indígena Chiquitano y Guarayo son el Cuerpo de Cristo que sufre a manos de hombres malvados. Pero que no se equivoquen, les decimos a los cruceñistas que solo tenemos dos mejillas, y a las dos nos las han reventado.
No tenemos más que ofrecer que nuestras propias vidas, para ejemplo de nuestros hijos e hijas. Si tenemos que morir enfrentando a los servidores de Satanás, lo haremos para que sepan que tenemos dignidad, orgullo y valor. Preferimos morir que ser esclavos de la ciudad de Santa Cruz”, afirmó Tamba.
Ambos líderes temen que si los cruceñistas siguen negando su derecho a la tierra no podrán parar a los jóvenes guarayos, chiquitanos y guaraníes. Los dirigentes aclaran que su movimiento no tienen ninguna relación con el “Ejército de Liberación de Chiquitania” que quemó públicamente las boletas del proyecto de autonomía de Santa Cruz.
La apronta empresarial en la capital oriental no solo radicaliza a las clases sociales más bajas sino que también crea las condiciones para un previsible desgobierno departamental. Pronto proclamarán la creación de un Nuevo Departamento “Chiquitano-Guarayo”, donde convivirán en armonía y justicia aborígenes y no- aborígenes, y cuya capital sería San José de Chiquitos. Ya tienen bandera, escudo e himno en los cuatro idiomas, incluido el castellano.
El dirigente de la Cidob Adolfo Chávez anunció que en los próximos días presentarán los estatutos autonómicos indígenas en el marco de la actual Carta Magna, respaldos por el artículo 6 de la Ley 1257 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según la cual los pueblos indígenas deben ser consultados cuando se emita una resolución administrativa o legislativa departamental.
El Comité Cívico y la Prefectura no preguntó a este sector para redactar el estatuto, y por eso “no le damos importancia porque los recursos naturales están en territorios indígenas”.
Los indígenas llegan fortalecidos a la “pugna autonómica” que se avecina dentro de Santa Cruz, apoyados por legislación nacional e internacional. Naciones Unidas reconoce el derecho indígena a su autonomía, en tanto que el artículo 290 de la nueva Constitución señala que la autonomía indígena originaria campesina es la expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y de los pueblos indígena originarios, y las comunidades campesinas, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.
Este derecho indígena está íntimamente ligado a la reivindicación territorial (contraria a los intereses de la elite latifundista), y forma parte de una nueva identidad nacional que reconoce distintos sistemas culturales con gobierno, competencias, sistemas educativos, salud y sistemas de producción propios, interdependientes unos de otros.
Según la nueva Constitución, las autonomías indígenas no tienen capacidad legislativas, igual que las autonomías departamentales, pero sí pueden designar a sus autoridades según sus usos y costumbres, definir la administración y control de su territorio, de su presupuesto y los mecanismos de control fiscal interno, como un paso en el camino a la autodeterminación de los pueblos y la reconstitución de sus naciones.
La reivindicación autonómica indígena en tierras bajas tiene el apoyo decidido de organizaciones comunitarias de tierras altas. Ejemplo de ello es que todos los ayllus y markas de las provincias Pacajes, Ingavi y Pando del departamento de La Paz comenzaron a consensuar estrategias de defensa de los derechos indígenas reconocidos por la nueva Constitución.
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