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De acuerdo a la actual distribución; los departamentos de la media luna se quedan con la mayor parte del IDH y de las regalías
LOS DERECHOS INDÍGENAS EN LA LEY MINERA
IMPACTOS AMBIENTALES DE LA MINERÍA SOBRE EL TERRITORIO INDÍGENA - Reflexiones desde la experiencia en la Cuenca baja Desaguadero, Uru Uru, lago Poopo
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Insurgente - Marzo 2008
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS se ha visto en el país la profundización de un conflicto, con el enfrentamiento entre el proyecto de una nueva Constitución Política del Estado (CPE), y los planes autonomistas de los grupos oligárquicos de la Media Luna.
Desde que la Asamblea Constituyente (AC) aprobó el proyecto de nueva CPE en diciembre pasado, la derecha se ha dado a la tarea de criticar el trabajo de la AC, declarando que “no reconoce el Referéndum de autonomías”, que “su aprobación fue ilegal”, que “no respeta las minorías”, etc. en una campaña de deslegitimación para evitar su aprobación en consulta popular.
En medio de estas acciones la prefectura cruceña en coordinación con otras de la Media Luna, ha convocando a un referéndum autonómico, para la aprobación de los Estatutos Autonómicos de Santa Cruz, mientras el MAS ha impulsado la aprobación en el Congreso de la convocatoria a Referéndum constitucional. Referéndum autonómico y referéndum por la nueva constitución
A finales del 2007, el gobierno inició un proceso de diálogo en busca de consensos con los prefectos. Uno de los temas más problemáticos, fue la disminución de recursos de IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) para las prefecturas y destinados al pago de la Renta Dignidad.
En contra de las prefecturas este problema se resolvió aplicando el D.S. de redistribución de recursos, que destina mayores ingresos a los municipios, al pago de la Renta Dignidad y deja sólo el 30% en manos de los prefectos.
Además de este tema los prefectos de la oposición exigieron la anulación de la aprobación del proyecto de nueva CPE y el reconocimiento de los Estatutos Autonómicos. La propuesta del gobierno fue la de dar recursos de compensación a las prefecturas y abrir la posibilidad de modificar el texto constitucional, compatibilizándolo con los Estatutos Autonómicos.
Pero ante la negativa de prefectos las negociaciones se suspendieron sin resultados. Mientras tanto en el mes de febrero el proyecto autonomista de la Media Luna, dio un paso más, cuando el Prefecto cruceño, Rubén Costas emitió una resolución prefectural convocando a un Referéndum Autonómico para el 4 de mayo, con el objetivo de aprobar los Estatutos Autonómicos en una consulta departamental.
Frente a esta nueva estrategia de la derecha para imponer su proyecto autonomista, el gobierno ha declarado la total ilegalidad del Referéndum Autonómico, pero en ausencia de un Tribunal Constitucional es el Congreso Nacional, el que debe pronunciarse al respecto.
El texto constitucional aprobado en Oruro por la AC, será sometido a un referéndum dirimitorio referido a las extensiones de la propiedad agraria y a otro referéndum final para la aprobación del texto completo (Leyes 3836 y 3837); el Congreso también ha aprobado y el presidente Morales ha promulgado la Ley Nº 3835, norma interpretativa referida a la convocatoria de referéndum departamental. Entre enfrentar a la derecha o entenderse con ella
En todo este largo y conflictivo proceso se ha visto la intención de los gobiernos departamentales, los comités cívicos y los partidos de oposición de imponer a como de lugar las autonomías departamentales desde sus propios intereses, desconocer el proyecto de nueva CPE y desestabilizar al gobierno de Evo Morales.
Por el otro lado, hasta hace poco se ha visto al gobierno dispuesto a conciliar con estos sectores e impulsar en la AC la modificación de la nueva CPE, para compatibilizarla con los Estatutos Autonómicos. En esa línea, se había conformado una Comisión Especial de Concertación del Congreso, cuya función es la de llegar a acuerdos entre los congresistas y asambleístas del MAS y la oposición y el Ejecutivo, que impliquen la convocatoria a Referéndum constitucional y las autonomías departamentales.
Cabe aclarar que la compatibilización de los Estatutos Autonómicos con la nueva CPE no es posible sin eliminar los avances de los movimientos sociales reconocidos en la nueva CPE, permitiendo la concentración del poder y los recursos regionales en manos de las oligarquías de la Media Luna.
La derecha a la ofensiva La convocatoria a Referéndum Autonómico hecha en Santa Cruz es un llamado al desconocimiento del Estado y de la Asamblea Constituyente en un intento divisionista de la oligarquía cruceña, que viene haciendo campaña y movilizando a grupos de choque para imponer su propio proyecto regional.
Ante la incapacidad del Congreso y frente a las acciones de la derecha, las organizaciones sociales populares cercaron el Congreso hasta que este aprobó el mecanismo de consulta que permita a la nueva CPE entrar en vigencia.
Es entre estas dos fuerzas y proyectos en los que se encuentra actualmente el país. Queda claro que las intenciones de la oligarquía son las de llevar al enfrentamiento al país en su objetivo divisionista, y por otro lado presionar al MAS, para modificar las reformas más importantes de la nueva CPE.
En contra de estas intenciones algunos sectores ya han comenzado a movilizarse exigiendo el respeto al texto constitucional aprobado en la AC y se le ponga freno a los afanes separatistas de la oligarquía. Bolivia: entre la nueva constitución y el proyecto autonomista “No hay cuestionamiento al contenido del Estatuto Autonómico” Vicepresidente Alvaro García Linera
Autonomía y estatutos apunto de consolidarse
CÍVICOS, PREFECTOS Y POLÍTICOS de la CONALDE dieron un ultimátum, exigiendo el retroceso de la nueva Constitución. El Prefecto Costas y el Cívico Branco Marinkovich, anunciaron para el 4 de mayo, un referéndum que impondrá su Estatuto Autonómico
desconociendo la Constitución aprobada en la Asamblea y en desacato de la actual que no
reconoce la Autonomía. El Vicepresidente García Linera, ha dicho que “no hay cuestionamiento al contenido del Estatuto Autonómico” sino sólo a la forma en que se la quiere imponer. Lo cierto es que el Estatuto Autonómico es incompatible con la Constitución porque usurpa a ella el papel de Norma Fundamental de la que nacen todas las leyes y entrega a los Departamentos competencias de Estado para decidir sobre asuntos que son estratégicos en la unidad de Bolivia y sobre los recursos estratégicos y que pertenecen al pueblo.
-El Estatuto da potestad a los gobiernos departamentales para crear un propio sistema educativo, un propio currículum y privilegiar a la educación privatizada.
-Permite a la Corte Departamental Electoral y a la Superior de Distrito, actuar al margen de las Cortes Nacionales, convirtiéndolas en máximas autoridades electorales y de administración de justicia en el departamento.
-Entrega a la autonomía departamental competencia para repartir la tierra a su antojo, definir la extensión del latifundio y la función económica social para privilegiar a la empresa agropecuaria privada, incluyendo la exención de impuestos hasta por 15 años como incentivo a la productividad.
-Faculta al gobierno departamental a firmar contratos de riesgo compartido con capitales privados y extranjeros, incluyendo transnacionales.
-Permite la concesión de bosques, suelos y servicios dentro del departamento.
-Da a las reparticiones departamentales de instituciones descentralizadas (INRA, Superintendencias, etc.) competencia mayor en la jurisdicción autónoma y dispone la designación obligatoria de sus autoridades en el departamento de ternas propuestas por el gobierno autónomo.
-Dispone de empresas del Estado como el Mutún.
-Suplanta la representación directa de municipios en la Asamblea Legislativa Departamental con la elección de delegados provinciales que en representación de municipios y en calidad de legisladores dictarán leyes, planificarán, ejecutarán y administrarán recursos de inversión pública que les son transferidos junto a competencias por la misma Asamblea de la que son integrantes.
-Faculta al gobierno departamental a compartir con el municipal la potestad de dictar leyes, regular y controlar la prestación de servicios públicos básicos en el municipio (luz, agua, telefonía, transporte etc.) sin estar impedido de privatizar esos servicios pues no está sujeto a control de leyes de Estado.
-El Estatuto elimina la Autonomía Indígena. Pueblos originarios y campesinos son reducidos a “pueblos oriundos”. Sus derechos culturales y socioeconómicos son limitados en un Régimen Indígena que apenas preserva la lengua y que impone una visión de desarrollo que privilegia la iniciativa privada empresarial y los derechos individuales sobre los colectivos.
De esta forma el Estatuto Autonómico pretende la continuidad de la exclusión de los sectores populares; fragmenta al país y rompe la unidad de lucha del pueblo boliviano.
Permitir el retroceso de las incipientes reformas contenidas en la nueva Constitución es dar marcha atrás en el proceso de lucha por las aspiraciones del pueblo.
Tambien puede interesarle saber que:
El Estatuto Autonómico de Santa Cruz se sitúa a sí mismo por encima de la Constitución (Art. 1).
Se arroga definiciones de política internacional (Art. 3, Inc. II y III).
Reduce a los pueblos originarios a la condición de pueblos oriundos del departamento (en contra de las declaraciones de la OIT y de la ONU), negando toda posibilidad de autonomías indígenas (Art. 2, Inc. II).
Le atribuye al gobierno departamental competencias exclusivas respecto del régimen electoral, de la administración de justicia (otorgándole supremacía a la Corte Departamental), de la educación en todos los niveles, de los regímenes laboral, de tierras, aguas, bosques, áreas protegidas, biodiversidad, biocombustibles, ordenamiento territorial (Art. 6, inc. I).
Pretende que las disposiciones del gobierno departamental tengan preferencia respecto de las nacionales (que pasarían a ser subsidiarias) (Art. 6 Inc. II), incluyendo la potestad tributaria. (Art. 135, 136 y 137).
Aspira al control de las instituciones del Estado en el departamento, obligando a la designación de sus autoridades de ternas presentadas por la Asamblea Departamental (Art. 36 y 34). |
