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LOS DERECHOS INDÍGENAS EN LA LEY MINERA
IMPACTOS AMBIENTALES DE LA MINERÍA SOBRE EL TERRITORIO INDÍGENA - Reflexiones desde la experiencia en la Cuenca baja Desaguadero, Uru Uru, lago Poopo
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Redacción Bolpress
La oposición en el Congreso se niega a debatir sobre la legalidad y legitimidad de los estatutos autonómicos y del referéndum organizado unilateralmente en Santa Cruz mientras no se rehaga la Constitución “chuta del MAS”. Los más radicales se resisten a aprobar una ley interpretativa que permita superar la crisis política, como propone el gobierno, e inclusive anuncian que la consulta autonómica cruceña no retrocederá “un milímetro”.
El Vicepresidente Alvaro García Linera aseguró que el Ejecutivo, frente a las “proclamas independentistas”, hará uso de sus prerrogativas constitucionales para preservar la unidad e integridad nacional.
El gobierno ha propuesto compatibilizar las autonomías departamentales con el texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente el 9 de diciembre, el cual garantiza la instalación de gobiernos departamentales autonómicos, y consensuar en el Congreso una resolución o una ley interpretativa que viabilice los referéndums.
Pero Podemos, el principal partido de oposición y representante directo de los grupos de poder que impulsan las autonomías, entiende que el objetivo del gobierno es “meter de contrabando una Constitución absolutamente ilegal e inaplicable porque no tiene las más mínimas condiciones de ser aceptada por el conjunto del país”.
El presidente del Senado Oscar Ortiz (Podemos) opina que antes de discutir la Constitución del MAS (“que no garantiza ni la democracia ni el progreso, y que nos va a llevar a la desintegración y al empobrecimiento de la familia boliviana”), se debe redactar un nuevo texto constitucional “que recoja las demandas de inclusión social, de autonomía, democracia y sobre todo de modernidad para que todos los bolivianos tengamos oportunidades de progresar en nuestro propio país”.
Este trabajo se haría sobre la base de los informes de mayoría y minoría de la Asamblea Constituyente, los cuales deberían ser enviados al Congreso para consensuar una nueva Constitución.
El senador Roger Pinto (Podemos) insiste en que la Constitución “chuta” del MAS se aprobó de manera abusiva, con muertos y heridos, y ahora está en el “limbo”. El diputado Pablo Klinsky (Podemos) afirma que la Constitución masista “manchada con sangre” ha violado 21 veces no solamente la Constitución sino también la ley de Convocatoria y la ley de ampliación de la Asamblea Constituyente.
La oposición objeta que el MAS aprobó la Constitución sin Podemos, pero no sabe responder cuando se le recuerda que los cruceños también aprobaron sus estatutos sin el MAS.
El prefecto de Santa Cruz anunció que recolectaría un millón de firmas para convocar a su referéndum, pero no pudo reunir ni ciento tres mil. El Vicepresidente argumenta que la prefectura departamental no puede convocar a referéndum porque, entre otras cosas, no es un gobierno elegido (el legislativo regional, los consejeros departamentales, fueron elegidos a dedo y no tienen ninguna potestad para redactar un estatuto).
Los legisladores de Podemos evitan responder a estos cuestionamientos porque dicen estar preocupados por la situación de los hermanos benianos y de Santa Cruz afectados por los desastres naturales. “Eso para nosotros es un debate mucho mas profundo que tiene que llevarse adelante”, declara Pinto.
Los legisladores de derecha de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija creen firmemente que después de la Ley del Referéndum de 2004 y de la elección de prefectos los departamentos tienen la capacidad de llamar a referendos autonómicos. Afirman que los procesos regionales son “reales e irreversibles” allá donde ganó el Sí a las autonomías.
El senador Walter Guiteras (Podemos) explica que ante las irregularidades en el proceso de aprobación de la nueva Constitución, las regiones buscaron un mecanismo de defensa que es el estatuto autonómico. “Indudablemente, más allá del tema jurídico, sí hay un problema político instalado que no solamente contrapone la legalidad del estatuto autonómico versus la ilegalidad del proyecto de Constitución”, afirma el legislador beniano.
Klinsky opina que el Congreso no puede interferir en los procesos de autonomías departamentales “porque los estatutos ya están redactados y aprobados por el organismo correspondiente, creado mediante cabildo, conformado por todas las autoridades electas por voto de manera directa e indirecta de representantes del departamento de Santa Cruz”.
Este legislador derechista, que fue uno de los encargados de redactar el estatuto cruceño, enfatiza que “ni el Vicepresidente ni ningún miembro del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo tienen la competencia ni la facultad para determinar la legalidad o ilegalidad del proceso autonómico”
“No vamos a ceder un solo milímetro en el referéndum convocado, porque si es que hoy día el MAS esta tratando de aprobar una ley interpretativa, las leyes no son retroactivas; el proceso electoral ya está convocado y los cruceños y todos los bolivianos que vivimos en el departamento de Santa Cruz no vamos a permitir que este gobierno nos amordace y no nos permita asistir a las urnas a poner en vigencia este estatuto”, dice Klinsky.
En otras palabras, para la derecha el único camino que queda es que el MAS convoque a la Asamblea Constituyente para rehacer el “panfleto” constitucional, mientras los estatutos federalistas cruceños se ratifican en un referéndum departamental el 4 de mayo.
¿Dónde queda el “Estado de derecho”?
El senador de Podemos Luis Vásquez anunció que enviará una carta al Vicepresidente sugiriéndole la necesidad impostergable de retornar al concepto de estado de derecho porque sin él no hay democracia; “sin leyes no hay democracia y sin el respaldo colectivo de una comunidad hacia un sistema comúnmente reconocido, no existe sistema republicano”.
En criterio de Vásquez, el país atraviesa un momento en el que la legalidad se ha conflictuado con la legitimidad, es decir que hay un divorcio entre legalidad y legitimidad que solo se produce en Estados sumidos en una profunda crisis.
“Normalmente, en Estados democráticos, la legalidad es una expresión de la legitimidad porque las autoridades que administran la legalidad nacen del proceso legítimo del voto ciudadano. Cuando la legitimidad está en contra de la legalidad se produce una crisis conceptual de fondo en el sistema democrático y esto amenaza valores básicos como por ejemplo, la unidad de los bolivianos y la supervivencia del Estado nacional”.
No es pintar al diablo en la pared para asustar, advierte el senador opositor, pero la división del poderoso Estado yugoslavo en varios países y la independencia de Kosovo son mensajes que no pueden dejarse de lado.
“Los pueblos y las Repúblicas son como los hombres, transcurren en un tiempo, y hay un tiempo en el que si ya no pueden continuar juntos, se dividen”. Vásquez opina que el gobierno está jugando peligrosamente con la unidad nacional, un tema que jamás estuvo en debate en el país. “Al parecer, hoy estamos en los albores de un debate de este tipo”, presagia.
El Vicepresidente García Linera tiene claro qué debe hacer el gobierno frente a la “locura” del Comité Cívico y de la Prefectura de Santa Cruz de consolidar su independencia vulnerando la Constitución y las leyes vigentes.
“Tengan la seguridad que jamás lo permitiremos en base a la legalidad y en base a las prerrogativas que nos brinda la Constitución Política del Estado y el compromiso moral de uno con su Patria, su tierra, con su historia, sus muertos y con su familia a defender cada milímetro de la unidad nacional”, declaró el mandatario a radio Erbol.
¿A qué se refiere García Linera? La Constitución actual define que toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya la soberanía del pueblo comete el delito de sedición. La ley de leyes encarga al Presidente la conservación y defensa del orden interno y la seguridad exterior de la República.
En casos de grave peligro por causa de conmoción interna, el jefe del Poder Ejecutivo puede declarar estado de sitio en la extensión del territorio nacional que fuera necesario.
En ese caso, las personas sindicadas de tramar contra el orden público pierden momentáneamente sus derechos y garantías, pueden ser arrestados e inclusive confinados.
Con estos mecanismos el Estado neoliberal de los últimos 20 años acalló a dirigentes sociales y descabezó al movimiento popular. Ahora García Linera da a entender que se procederá de igual manera con los “traidores” que parecen dispuestos a provocar un conflicto de competencias entre el gobierno central y las administraciones departamentales.
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El Estatuto Autonómico de Santa Cruz se sitúa a sí mismo por encima de la Constitución (Art. 1).
Se arroga definiciones de política internacional (Art. 3, Inc. II y III).
Reduce a los pueblos originarios a la condición de pueblos oriundos del departamento (en contra de las declaraciones de la OIT y de la ONU), negando toda posibilidad de autonomías indígenas (Art. 2, Inc. II).
Le atribuye al gobierno departamental competencias exclusivas respecto del régimen electoral, de la administración de justicia (otorgándole supremacía a la Corte Departamental), de la educación en todos los niveles, de los regímenes laboral, de tierras, aguas, bosques, áreas protegidas, biodiversidad, biocombustibles, ordenamiento territorial (Art. 6, inc. I).
Pretende que las disposiciones del gobierno departamental tengan preferencia respecto de las nacionales (que pasarían a ser subsidiarias) (Art. 6 Inc. II), incluyendo la potestad tributaria. (Art. 135, 136 y 137).
Aspira al control de las instituciones del Estado en el departamento, obligando a la designación de sus autoridades de ternas presentadas por la Asamblea Departamental (Art. 36 y 34). |
