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IMPACTOS AMBIENTALES DE LA MINERÍA SOBRE EL TERRITORIO INDÍGENA - Reflexiones desde la experiencia en la Cuenca baja Desaguadero, Uru Uru, lago Poopo
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“La CNE sólo podrá organizar cuatro comicios en 2008”
José Luis Exeni, corte electoral
La Prensa
La democracia no es sólo diálogo, también es confictos que se pueden y se deben resolver con el diálogo y el consenso”
“El referéndum revocatorio no está previsto en la Constitución, por lo que se requiere una ley interpretativa”
“Nuestra prioridad es que la gente pueda ejercer su derecho con la tranquilidad de que se respetará su voluntad”
2008 será el año de las consultas populares. El punto final de la inflexión en esta larga transición iniciada en octubre de 2003 hacia una democracia participativa y deliberativa, en la que la gente decidirá el rumbo y las características del nuevo Estado boliviano.
Técnicamente, 18 referendos son demandados por los diversos sectores políticos y regionales que expresan la actual polarización: un dirimidor sobre el régimen de tierras, un consultivo sobre la nueva Constitución Política del Estado (CPE), cuatro referendos departamentales sobre los estatutos autonómicos (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), un referéndum revocatorio del mandato del Presidente y otros nueve revocatorios de los prefectos departamentales.
A esto hay que sumar una consulta sobre la autonomía de Chuquisaca y otra popular sobre capitalidad plena para Sucre.
Además está la convocatoria a elección del Prefecto de Chuquisaca, que debe llamarse en marzo tras el vencimiento del mandato de la primera autoridad interina.
En total se trata de 19 procesos electorales complejos para definir el futuro político e institucional del país y de las regiones.
No todos los casos se enmarcan, todavía, en la legalidad ni el consenso. Justamente por ello, el diálogo abierto entre el Gobierno y los prefectos y cívicos de la denominada “media luna” se encuentra al borde del fracaso.
Además, la organización de cada proceso electoral demanda, al menos, 120 días, y millones de bolivianos en presupuesto.
Durante esta entrevista con La Prensa, el presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), José Luis Exeni, resalta que esta explosión de pedidos de consulta forma parte de la nueva democracia que comienza a nacer en medio de fuertes dolores de parto. La nueva autoridad, sin embargo, raya la cancha a este proceso. “La Corte podría organizar sólo cuatro procesos: dos nacionales y dos departamentales. Aunque también es posible que varios se puedan cumplir al mismo tiempo. Todo depende del Congreso y de las leyes de convocatoria”.
—Después de La Niña, al país le espera una lluvia de consultas populares en medio de una fuerte polarización entre el Gobierno y las regiones opositoras. ¿Cómo piensa la Corte Nacional Electoral afrontar este proceso?
—Pese a las grandes diferencias que existen entre ambas partes sobre algunos procesos, todas las salidas que se plantean son democráticas. Eso nos da cuenta de una vocación por resolver los conflictos por cauces democráticos e institucionales. En apego al principio de la imparcialidad, no podemos pronunciarnos sobre las posiciones de los actores políticos.
Sin embargo, asumimos que la democracia no todo es diálogo, sino también conflicto y es fundamental avanzar en la lógica de la conciliación de intereses en el marco de la democracia, evitando situaciones de violencia.
Hemos tomado nota de que estamos frente a un año complejo, con enormes desafíos para la democracia boliviana. Pero, lo importante es que ha llegado el momento de tomar decisiones sobre los temas en los que que aún no hay acuerdo. Ha llegado la hora de que el pueblo, en tanto soberano, diga su palabra colectiva sobre los asuntos públicos a través del voto.
—Supuestamente, vamos hacia una democracia más participativa. Sin embargo, la concertación aparece como algo todavía muy difícil de alcanzar...
—Es un momento de aprendizaje muy complejo. Los primeros procesos electorales que están en agenda son completamente nuevos. Nunca antes tuvimos un referéndum consultivo constitucional, nunca antes tuvimos un referéndum revocatorio, nunca antes tuvimos un referéndum departamental sobre estatutos.
Todos forman parte de la ampliación de la democracia boliviana, pensando en lo que sería una democracia de alta intensidad. Ya dimos un salto cualitativo con la reforma constitucional de 2004, cuando se incorporaron el referéndum y la Asamblea Constituyente como mecanismos de democracia directa, participativa y deliberativa, sin que ello implique dejar de lado la democracia representativa. La falacia dice que la participativa va a desplazar a la representativa, siendo que, en realidad, son complementarias. Una complementariedad que puede ser muy difícil.
El otro principio constitutivo de la democracia moderna es la representación política. No se puede pensar una democracia que no sea representativa, como tampoco se puede pensar una democracia que sólo sea representativa. Hay que avanzar en términos de mecanismos de participación y de reconocimiento de otros actores políticos y sociales.
Además, de otras formas de acción colectiva que no sólo sean institucionales. Pensar una democracia que no se limite a los partidos políticos, sino también a otros actores que son fundamentales para el país, los actores sociales, los comités cívicos, las juntas de vecinos y las organizaciones empresariales.
Hay que tomar nota de que también hubo un cambio cualitativo sobre la idea de la gobernabilidad. Vamos hacia una gobernabilidad compleja que tiene que ver no sólo con tener mayoría parlamentaria (democracia pactada y sistémica), sino de una gobernabilidad como relación de poderes, vertical, entre el Gobierno, los departamentos y los municipios, y transversal, con los actores sociales.
Esta complejidad es buena para la democracia y para la legitimidad que deben tener las instituciones. Por eso hay que avanzar más en términos de diálogo y concertación de procesos, pero yo destaco que todo esto forma parte de una ampliación de la democracia que se ha dado, con diversos matices, en estos últimos 25 años.
—¿Cómo destrabar esta madeja de procesos electorales? ¿Cuáles son las condiciones que pone la institución a su cargo?
—La acción de la Corte se enmarcará en los principios constitucionales de imparcialidad, autonomía y transparencia. Además, esta institución no dará un paso que no esté dentro de la Constitución y las leyes. Nuestra labor será técnico-administrativa en el marco de nuestras competencias exclusivas. Por eso, hemos consultado al Congreso sobre si podíamos recibir y verificar los libros de firmas presentados en Santa Cruz, independientemente de la consulta que sea. La idea era blindar estos procesos de consulta popular.
Los contenidos de esos referendos ya no son nuestra competencia sino del Congreso Nacional, y sobre si es necesario o no una ley interpretativa sobre estas consultas. Además, la consulta sobre la constitucionalidad de la pregunta de los referendos debe ir al Tribunal Constitucional.
La resolución del Congreso nos permite asegurar estos procesos y, luego, se ha logrado que el Parlamento tome nota sobre las leyes interpretativas para llevar adelante estos referendos.
El referéndum revocatorio, por ejemplo, no está incluido en la Constitución. Claramente, será necesario que el Poder Legislativo apruebe con dos tercios de sus votos una ley interpretativa, según el artículo 59 de la Constitución, para llevar a adelante el proceso o lanzar una ley de convocatoria.
Sin embargo, la Corte ha señalado a través de un documento que está en capacidad logística y operativa para llevar adelante todos estos procesos electorales que están en agenda.
Hasta ahora todos están en agenda, porque ninguno tiene aún una ley de convocatoria. Ahora, es necesario que se cumplan tres requisitos fundamentales: 1. ley de convocatoria con apego a las leyes y a la Constitución; 2. un presupuesto suficiente; y, 3. plazos razonables para realizarlos. Se requieren 50 millones de bolivianos para un proceso nacional y entre tres y 10 millones, según cifras extraoficiales, para uno departamental.
Para llevar adelante un proceso electoral necesitamos 120 días y para un referéndum se requieren 90 días.
—Teniendo en cuenta la cantidad de consultas que se piensan solicitar y que la ley establece que sólo se puede hacer un referéndum por gestión, ¿cómo se van a compatibilizar las normas con estas demandas?
—Si cada uno requiere 120 días, creemos que en un año se puede pensar en dos procesos nacionales. En la agenda nacional hay tres demandas: el revocatorio de los mandatos, el dirimidor sobre tierras y el ratificatorio sobre la Constitución. Sólo podemos realizar dos de esos tres. Esto por el calendario, pero también por los costos que significa organizar estos procesos. Además, podemos llevar adelante un proceso electoral en cada uno de los departamentos.
Para garantizar la participación informada de la ciudadanía, en algunos casos se pueden realizar procesos concurrentes en dos grandes momentos, tal como se hizo en 2006 con la elección de constituyentes y el referéndum autonómico. Se pueden juntar varios procesos para realizarlos el mismo día. Creemos que así se puede lograr la participación informada de la ciudadanía. En estos procesos se tiene que participar con pleno conocimiento de lo que se está apoyando y no con apego a consignas y mecanismos de presión, sino con apego a consignas, eslogans y mecanismos de presión con información oportuna y plural.
—El Consejo Departamental de Santa Cruz ordenó al prefecto Rubén Costas convocar a un referéndum por los estatutos autonómicos en los próximos tres días. ¿Puede un prefecto llamar a una consulta popular?
—Nosotros hicimos lo que nos toca: revisar y verificar las firmas de quienes demandan un referéndum. A partir de eso, son los interesados, en este caso los ciudadanos de los departamentos, quienes tienen que acudir a la instancia competente. La ley del referéndum en su artículo 6 dice claramente que en tanto no existan gobiernos departamentales electos por voto popular, la convocatoria es una atribución del Congreso Nacional.
Puede ser que ese artículo sea objeto de interpretación, por lo que deberá ser el Parlamento el que se pronuncie sobre esa normativa. Efectivamente, se puede pensar que hay un gobierno departamental electo por votación popular que convoque a un referéndum, independientemente del caso de Santa Cruz. Y, la otra interpretación, de que el sólo el Congreso puede convocarlo. Sin embargo, este punto es una atribución del Parlamento. Nuestra tarea será la certificación de las firmas que exige esa consulta y la organización de los comicios con base en las normas constitucionales.
—El Gobierno, empero, interpreta lo contrario para el caso de los referendos dirimidor y consultivo de la Constitución y señala que la resolución de la Asamblea Constituyente habilita al Presidente a convocar a las consultas luego de que venció el plazo otorgado al Congreso para hacerlo. ¿Qué corresponde en este caso?
—Es el mismo caso. Es el Congreso el que debe pronunciarse para ver la legalidad y ver si existen o no vacíos legales, y si esa convocatoria se hizo con apego a las leyes. Y si existe alguna consulta, tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional.
—¿Qué problemas tiene el padrón electoral para encarar estos procesos?
—Para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en estos procesos políticos de elección de representantes o toma de decisiones colectivas, consideramos que el Estado debe garantizar el derecho a la identidad.
No podemos pedir al ciudadano que vaya a votar si ni siquiera tiene certificado de nacimiento. Con el documento en la mano, la gente tendrá más motivación para participar en los asuntos públicos y se integre en los procesos electorales a través del padrón electoral.
Otro desafío es que todos los ciudadanos en edad de votar sean empadronados. Bolivia tiene niveles de participación electoral muy elevados, cerca del 82 por ciento de quienes están inscritos votan.
El objetivo es ampliar el padrón para que todos los potencialmente inscritos puedan votar. El tercer elemento es dar la certidumbre muy clara de que todos nuestros sistemas y procedimientos informáticos son fiables bajo el principio de que la voluntad popular va a ser respetada.
En segundo lugar, se adoptó la decisión de que la inscripción al padrón sea permanente. A esto se suma la depuración del sistema, que se hace contrastando el padrón con datos del registro civil, por ejemplo, con las lista de personas fallecidas que, luego, son retiradas del padrón electoral.
—¿Cuántas personas falta que se integren en el padrón?
—El padrón tiene un volumen de 3,2 millones de personas. Un poco menos de 900 mil personas aún deben obtener el documentación que les permita participar en los procesos.
—Surgieron algunos problemas e irregularidades en los padrones de registro de militantes de partidos políticos. ¿Cómo han afrontado este problema?
—Estamos avanzando en la digitalización de todos los militantes de partidos políticos para poner la información a disposición del público. Luego, lograr que todos los errores e irregularidades de fraude se subsanen.
—¿Cómo piensan garantizar el voto de los bolivianos que viven en el extrajero?
—Hemos avanzado en la parte operativa de lo que sería la organización de la votación de los bolivianos en el exterior, pero hace falta una ley aprobada por el Congreso para regular todo el proceso. Ésta es una asignatura pendiente del Estado para con quienes tienen tanto peso en nuestra vida económica y social.
El tema está en tratamiento en las comisiones y para ello se requiere una ley.
En una primera etapa está previsto que se realicen comicios en cinco países: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Estados Unidos. El lugar donde más se ha avanzado es en Argentina, donde hay una organización muy avanzada con autoridades y residentes. Sin embargo, es un asunto de mediano plazo. Pero si no hay ley, no se podrá seguir adelante con estos procesos.
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