Proponen una política de recursos hídricos para el manejo adecuado de aguas
• Con este fin se realizarán seminarios en las tres cuencas que comprende Bolivia
Oruro, (EL DIARIO).- La formulación de una Política de Recursos Hídricos para evitar el uso inadecuado y la contaminación de las aguas dulces, se hizo evidente luego que finalizará el primer seminario sobre esta temática en la ciudad de Oruro.
En el encuentro desarrollado en la Prefectura de este departamento, se determinó el rol preponderante del Estado boliviano, sus organizaciones e instituciones para encarar la elaboración de una ley, que garantice la gestión integral del agua y asegure su sostenibilidad.
Esta propuesta discutida en el seminario será incluida en la nueva Política de Recursos Hídricos y en la Ley General de Aguas, la misma que será elaborada a partir de acuerdos alcanzados en los seminarios programados en las tres cuencas que comprende Bolivia, dijo el coordinador técnico del Consejo Interinstitucional del Agua (Coniag), Esteban Llanos.
Los talleres se iniciaron en Oruro, con la participación de los departamentos de la Cuenca Endorreica, con la presencia de La Paz y Potosí, posteriormente se desarrollará en la Cuenca del Plata, en Potosí, con la participación de Chuquisaca, Potosí, Tarija y Santa Cruz; y finalmente el encuentro se realizará en la Cuenca de la Amazonia, en Cobija.
Los encuentros no sólo analizarán la gestión integral de los recursos hídricos sino también su vinculación con los recursos naturales, en función de su explotación y sostenibilidad. “Hay que ver por ejemplo el grado de contaminación de la actividad minera, que afecta irracionalmente las aguas del río Pilcomayo, Desaguadero y otros”, señaló Llanos.
PROPIEDAD Y DOMINIO
El seminario también concluyó que la única propietaria del agua, en el territorio nacional, debe ser el Estado boliviano y su dominio debe ser responsabilidad absoluta de los pueblos indígenas originarios; en función de los usos y costumbres se deben implementar medidas para la prevención del agua, porque a partir de indicadores naturales se puede prever épocas de sequía o lluvias, explicó el coordinador.
Estos principios –dijo- deben estar reflejados en la Ley General de Aguas, para normar y aplicar las sanciones respectivas a las personas, empresas o instituciones que contaminen las aguas o afecten a su calidad de consumo o producción.
Señaló que la explotación irracional y la contaminación de cuerpos de agua deben ser sancionadas, porque incluso la Ley 1333 presenta deficiencias, pues no hace efectiva las sanciones para la contaminación del líquido elemento a pesar de su vigencia y reglamentación hace más de dos años.
“La contaminación limita el desarrollo y la alimentación de las comunidades, esteriliza los suelos y afecta a la producción agrícola. Lo propio sucede con la pesca, porque las aguas contaminadas inciden en la producción piscícola”, remarcó.
El Coniag está conformado por representantes del Poder Ejecutivo, universidades, ONGs, que trabajan en el tema del agua y desde el año 2002 lleva adelante el proceso de formulación de una nueva Política de Recursos Hídricos.
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