Evo termina con AISA y anuncia nuevas rupturas
(La Razón).- El presidente Evo Morales oficializó ayer la rescisión del contrato de operaciones, en La Paz y El Alto, de la empresa Aguas del Illimani S.A. (AISA), filial de la francesa Lyonnaise des Eaux, y anunció que otras entidades que administran los recursos naturales del país correrán igual suerte.
El anuncio fue hecho en el hall del Palacio de Gobierno con la presencia del ministro del Agua, Abel Mamani, y ante los representantes de las organizaciones sociales de La Paz y El Alto (juntas vecinales y gremiales, en especial), aunque en ausencia de los alcaldes de ambas ciudades.
En su discurso, el Mandatario valoró “la lucha del pueblo alteño y otras fuerzas sociales que no ha sido en vano”, refiriéndose a las movilizaciones del 2004 y 2005 exigiendo la expulsión de AISA.
Minutos antes, el presidente de la Fejuve de El Alto, Nazario Ramírez, declaró que el próximo objetivo de los alteños será “sacar a Electropaz por sus cobros excesivos y también tenemos que luchar contra la comunicación como es Entel que es transnacional y las comunicaciones tienen que pasar a manos del Estado”.
A su turno, y citando uno de los decretos emitidos el 1 de enero, el cual busca regular las tarifas de las telefónicas, Morales sostuvo que “el abuso de estas empresas ha terminado”. Luego agregó que “nos abocaremos a otro tema, como decía nuestro compañero hace un momento tenemos Entel, hay muchas cosas que hacer, pero cuando atacamos de manera conjunta, en uno solo, nos hacemos problemas con algunos compañeros”.
El Jefe de Estado admitió problemas en las negociaciones con la ex prestadora de los servicios de agua potable y alcantarillado, por la probabilidad de que los organismos de financiamiento le nieguen nuevos créditos al Estado boliviano. “Para nosotros, era difícil operar rápidamente la salida de Aguas del Illimani, o tal vez hubiese sido sencillo. Finalmente, la COR, la Fejuve, el Gobierno (habríamos dicho) afuera Aguas del Illimani, pero, ¿qué consecuencias hubiéramos tenido? Tal vez no hubiera habido crédito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o la CAF (Corporación Andina de Fomento) a la nueva empresa”.
El ministro Mamani —que fue llevado en hombros, a sólo horas de iniciarse la evaluación del gabinete y cuando varios sectores pedían su salida— recalcó que las negociaciones dan seguridad jurídica a las inversiones.
Llamó la atención que el decreto que consolida la salida de AISA y otro acerca del fideicomiso acordado con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para la administración temporal del patrimonio de la empresa, no hayan sido presentados, pero más tarde Mamani aseguró a este medio que los documentos ya fueron firmados.
En lo operativo, a partir de hoy y por el lapso de seis meses, el FNDR se hace cargo del trabajo que ejecutaba AISA, apoyado por seis comisiones interinstitucionales, que verán aspectos como operaciones, finanzas y contratos, producción y saneamiento, planificación y regulación y otros.
Consultado sobre la compensación que recibió la empresa para dejar de operar, el titular del Agua explicó que de los $us 46 millones que ésta invirtió en 10 años (el contrato preveía 30), el Estado asumirá las deudas por concepto de créditos obtenidos para realizar nuevas conexiones. Esta cifra llega a $us 9,6 millones, a lo que se suman $us 5,5 millones que se pagarán a los accionistas bolivianos de AISA. Con ello, el país evita pagar —aseguró— $us 24 millones más.
Además, recordó que la nueva empresa pública del agua en La Paz y El Alto arranca con un capital de $us 5,5 millones provenientes de la Unión Europea y el Gobierno de Venezuela.
Según Mamani, ahora que “los paceños y alteños somos dueños del cien por ciento de las acciones de AISA”, el Gobierno garantizará agua para todos y nuevas plantas de tratamiento.
“A la comunidad internacional le decimos que hemos actuado con responsabilidad, bajo principios legales y le pedimos apoyo”. (Mamani).
La salida de AISA en cifras
46
millones de dólares es la suma que AISA habría invertido en casi 10 años de operación, informó el ministro Mamani en base a la auditoría ejecutada.
15,1
millones de dólares es la deuda que asume el Estado para su salida: 9,6 en créditos que obtuvo del BID y la CAF, y 5,5 para pagar a los accionistas bolivianos.
5,5
millones de dólares es el monto inicial para la nueva empresa (es dinero de Venezuela y la Unión Europea). Para el primer quinquenio precisa 35 millones.
El caso de Aguas del Tunari
La salida de Aguas del Tunari de Cochabamba, a principios del 2000, no dejó ningún daño económico para el Estado, recordó ayer ejecutivo de la Coordinadora del Agua, Óscar Olivera.
El dirigente, que encabezó la salida de esa empresa, explicó que tras la movilización popular el consorcio no tuvo más remedio que irse del país y que no se pagó ninguna indemnización por parte del Estado.
“En un momento quisieron cobrar una indemnización de 25 a 50 millones de dólares, pero hicimos una campaña internacional a todo nivel, al final no se pagó ni un solo centavo y es más, Aguas del Tunari terminó vendiendo el 80 por ciento de sus acciones al Estado por el precio simbólico de dos bolivianos”.
Explicó que la única pérdida que tuvo el Estado fue el pago de los honorarios a un bufet de abogados que se hizo cargo del caso, pero no precisó la cifra.
El sindicalista criticó al gobierno de Evo Morales y dijo que sus actitudes “poco transparentes con la salida de Aguas del Illimani” le recuerdan a la gestión del ex presidente Hugo Banzer quien tampoco informó nada a las organizaciones sociales cuando Aguas del Tunari dejó el país.
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