Se perfila una segunda reforma agraria desde la Asamblea Constituyente. El análisis de la Comisión Tierra y Territorio arroja sus primeras conclusiones, entre ellas, la necesidad de constitucionalizar el concepto de función social y económica de la propiedad de la tierra.
Con ello, surgen duras críticas al latifundio improductivo y ya hay quienes proponen limitar la extensión de la propiedad agraria. Mientras la Asamblea recoge propuestas desde hoy, en Oruro; esta comisión inicia su labor en Trinidad.
Después de 35 audiencias públicas, 140 propuestas recibidas y sendas reuniones con diferentes entidades públicas, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales Renovables, Tierra Territorio y Medio Ambiente, Carlos Romero, resume que los principales temas de deliberación giran alrededor de la estructura de la tenencia de tierras, en base a lo cual surgen tres ejes de análisis.
"¿Cómo podemos proyectar una suerte de segunda reforma agraria desde el ámbito constitucional; cómo integrar la tierra y los recursos naturales en términos de gestión integrada y cuáles son los alcances de derechos propietarios sobre la tierra y los recursos naturales tanto para el Estado como para los actores locales", apunta.
La concepción de una segunda reforma agraria parte de una admisión que el minifundio y el surcofundio son unidades improductivas predominantes en la región andina y subandina y que, en contraposición, hay grandes concentraciones latifundiarias en el oriente del país que tampoco son productivas. De 16,4 millones de hectáreas de tierras de vocación agrícola apenas se cuenta con un cultivo de 2 millones en los últimos diez años.
Según los datos de Romero, investigador en el tema, hay muchas tierras que no están cultivadas, pero además se tiene un sistema de ganadería extensivo que profundiza los niveles de inequidad en la distribución de tierra.
"Tenemos que proyectar políticas redistributivas de tierras que primero, refuercen el principio del trabajo como concepto fundamental, asociado al acceso a la tierra incorporado en la reforma agraria de 1953. Se tiene que constitucionalizar el concepto de función social y función económica social de la propiedad que tiene como pilar el trabajo, y asociar mecanismos claros de ejercicio de derechos a este pilar y de redistribución en la tenencia de tierras también con base en estos principios", explica.
LIMITAR
Adicionalmente, la comisión ha recibido propuestas de limitar la extensión de la propiedad agraria en la nueva Constitución. Hay dos propuestas presentadas al respecto: los movimientos sociales quieren que el límite máximo de una propiedad sea de 5.000 hectáreas, mientras que la Fundación Tierra propone 10.000 hectáreas como máximo.
El entrevistado recuerda que el límite máximo actual es de 50.000 hectáreas, aunque en los hechos hay familias que tienen hasta 120 mil. Si bien el límite de 50.000 hectáreas está fijado para la gran empresa ganadera, se propone reducir esta extensión y determinar una superficie fija en la nueva Carta Magna.
Obviamente, el tema también ha generado opiniones contrarias. Por ejemplo, PODEMOS maneja datos distintos que justifican que no existe un latifundio improductivo masivo; señala que los "mitos" con relación a la tierra han generado sobreexpectativas porque los supuestos acaparamientos de tierras se basan en información "desactualizada" de la reforma agraria antes del saneamiento. "Los latifundios, de existir, son la excepción y éstos pueden ser revertidos ahora mismo al Estado. La tierra en zonas de producción en el oriente es trabajada en más de 80% de su extensión, por tanto, los latifundios improductivos son la excepción y no la regla", versa su diagnóstico preliminar conocido en la comisión.
PROPUESTAS
Los movimientos sociales quieren que el límite máximo de una propiedad agraria sea de 5.000 hectáreas; la Fundación Tierra propone 10.000.
LA DIFICULTAD DE LLEVAR LA PROPUESTA A LA PRÁCTICA
Llevar este asunto a la práctica será bastante difícil. "Tengo la hipótesis de que en el oriente boliviano la concentración de tierras es la que construye el circuito de poder económico, político y cultural", dice el asambleísta Carlos Romero, con lo cual reconoce que la discusión del tema de la tenencia de la tierra también será difícil. Sustenta su hipótesis en la vinculación de grandes créditos bancarios que no fueron invertidos en el agro y el arrendamiento de tierras. Señala que en el país se tiene $us 500 millones de deuda concentrada en 14% de prestatarios con personas que le deben $us 3 millones a la banca; empero, tal monto no sirvió al agro, sino para fomentar capital especulativo.
En cuanto al arrendamiento de tierras, el investigador detalla que hay un promedio de 800 mil hectáreas cultivadas con soya en Santa Cruz; la mitad está controlada por brasileños y el saldo, por menonitas y pequeños empresarios bolivianos.
"Hay inversiones brasileñas y paraguayas en el área integrada de Santa Cruz, porque las áreas de producción soyera en Paraguay y Brasil prácticamente son desertificadas en el mercado internacional a diferencia de las bolivianas. Hay gente que vive de arrendar la tierra o vender tierra que han obtenido gratis a brasileños o, sino, hacer engordar la tierra, es decir, inversiones públicas alrededor de esas tierras y entrar a la compra venta", detalla el masista.
Para PODEMOS, en el oriente se consolidó un sector productivo (74% de pequeños propietarios, medianos y empresas agropecuarias) que aporta al país con empleos, divisas y en seguridad alimentaria, utilizando tecnología mecanizada a través de asociaciones o federaciones con personal calificado. En cuanto a la realidad agropecuaria, PODEMOS define que este sector produce anualmente más de $us 1.000 millones, exporta $us 500 millones, tiene invertidos más de $us 3.000 millones y absorbe más del 70% de la población.
Esta agrupación contrapone su opinión a la del oficialismo cuando señala que el simple acceso a la tierra no es suficiente para luchar contra la pobreza. Las demás organizaciones políticas con presencia en la comisión también tienen posiciones propias, no obstante, las más contradictorias son las del MAS y PODEMOS.
Sin duda, el debate está abierto aunque hay coincidencia en la necesidad de definir que la nueva Constitución debe generar un proyecto de desarrollo rural que garantice un empresariado fuerte y también atienda demandas indígenas originarias.
LEY POSTERIOR
El Presidente de la Comisión de Tierra y Territorio reconoce que para normar todas estas contradicciones se requerirá una legislación específica, aunque considera que los principios fundamentales deben establecerse en la Constitución, sin entrar al detalle para que la Constitución no sea enciclopédica (como la de Brasil), pero tampoco siendo muy genéricos.
CRONOGRAMA PROPIO CONTINÚA HOY, LUNES, EN TRINIDAD
Por la complejidad del tema, el trabajo de esta comisión ha adquirido una dinámica distinta a los demás grupos de trabajo. Tras confrontaciones con la directiva de la Asamblea, la comisión ha establecido un cronograma de actividades propio. Hoy, lunes, inaugurará su encuentro territorial en Trinidad, el miércoles en Cochabamba y el fin de semana en Cobija. La próxima semana en San Julián, el lunes en Santa Cruz, luego Tarija y Rurrenabaque. Esta comisión presentará su informe final hasta la tercera semana de abril, un texto normativo proyectado, socializado y validado; la última semana del próximo mes, se dedicará a la difusión.
Destacan organización y participación de potosinos en foro territorial
Potosí, 24 mar. (ABI).- El foro territorial de Potosí está demostrando mayor organización de la Asamblea Constituyente para poder comunicarse con la población, brindarle información y recoger propuestas, según la evaluación preliminar del primer vicepresidente de la Asamblea, Roberto Aguilar, al cabo del primer día de ese encuentro.
En Potosí se realiza desde ayer viernes y hasta el final de la tarde de este sábado el foro territorial de la Asamblea Constituyente con presencia de cerca de 200 asambleístas llegados desde Sucre.
Según el criterio del directivo, es donde se habría mostrado mayor participación ciudadana en comparación con los foros territoriales ya realizados en Cobija, La Paz y El Alto.
No obstante, no está en esta ciudad toda la Asamblea. La mesa directiva dejó en Sucre a dos de sus representantes para atender asuntos administrativos; tres asambleístas pidieron licencia expresa por motivos médicos para no trabajar en Potosí ni Oruro, debido a las complicaciones que les podría acarrear la altura, y también se ha notado la ausencia de otros asambleístas que sin licencia ni justificativo alguno no acudieron a Potosí.
Aguilar anunció que se realizará descuentos al sueldo que perciben estos asambleístas y se les pedirá devolver viáticos, si acaso los hubieran recibido para ir a Potosí.
La afluencia ciudadana a las 21 comisiones instaladas en ambientes del edificio central de la Universidad Autónoma Tomás Frías fue notable a juzgar por la cantidad de personas que hablaron el primer día a nombre de diversas organizaciones sociales.
Las comisiones de Economía, Autonomías, Poder Judicial, Tierra y Territorio, Ciudadanía, Nacionalidad y Nacionalidades, entre otras, fueron las que mas concitaron la atención.
Sin embargo, la comisión de Minería, que en la jornada de ayer llevó a cabo un seminario regional con la presencia de algunas autoridades del rubro de minería, es la que merece mayor atención de parte de mineros cooperativistas, de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y de ciudadanos en general que reclaman una reactivación minera que beneficie a la ciudad y al departamento.
Las comisiones de Amazonía, Fronteras Nacionales y Relaciones Internacionales y del Poder Ejecutivo no concitaron mucha atención de los potosinos.
Previendo este aspecto, la Asamblea sólo envió a una parte de sus representantes para informar a los interesados. El resto, según informaciones de la mesa directiva, se encuentran preparando su intervención para los departamentos de la Amazonia, para Oruro y Cochabamba.
Roberto Aguilar destacó el apoyo desinteresado recibido por parte de autoridades y alumnos de la Universidad Tomás Frías, que ayudaron en la instalación de las 21 comisiones en sus predios.
Sdl/Lcr/ABI
Román Loayza desmiente rumores sobre sustitución del Cerro Rico en el escudo
Potosí, 24 mar (ABI).- El jefe de la bancada nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) dentro de la Asamblea Constituyente, Román Loayza, desmintió categóricamente en Potosí a quienes difundieron el rumor de que él habría sugerido que se sustituya en el escudo nacional con la imagen del cerro de Potosí por hojas de coca u otras imágenes.
Loayza, indignado por esos rumores, los calificó como "enredos políticos con los que personas interesadas quieren generar un clima de hostilidad hacia el partido en actual función de gobierno y hacia sus propuestas para la refundación del país".
"Esos rumores me preocupan muchísimo, son rumores orquestados políticamente cuando el MAS está gobernando, cuando yo estoy como jefe de bancada. Quieren destruir nuestra bancada nacional", explicó el asambleísta.
En horas de la mañana del viernes, cuando llegaba la comitiva de asambleístas desde Sucre para inaugurar el foro territorial de la Asamblea Constituyente en Potosí, algunas personas portando banderas potosinas a las puertas del teatro IV Centenario (lugar donde se llevó a cabo la inauguración del foro) reclamaron que Loayza se fuera del lugar, "por ser enemigo de los potosinos", dijeron.
Esas actitudes agresivas impidieron que el jefe de la bancada del MAS entrara a las instalaciones del teatro para dar su versión sobre el tema.
"No me explico muy bien quién dijo esas mentiras, pero cuando llegamos esta mañana estaba todo preparado en mi contra. Yo siempre he defendido a los pobres y seguiré defendiendo a los pobres del campo y la ciudad hasta que tengamos un cambio total en Bolivia", dijo.
Loayza señaló que él, como todos los bolivianos, reconoce el enorme valor simbólico del Cerro Rico.
"Durante muchos años, este cerro ha mantenido a los nueve departamentos de este país, de paso a los europeos los ha enriquecido y gracias a nosotros allá están ricos; y en reconocimiento a ello los países nos ayudan", dijo.
El asambleísta señaló que en su bancada y dentro de la Constituyente seguirá defendiendo el escudo nacional, el himno y los demás símbolos patrios, pero no descartó que en la nueva Constitución Política del Estado se incorpore otros símbolos, como la hoja de coca o la whipala.
Recalcó que esas incorporaciones serán producto del debate dentro de la Asamblea y con toda la sociedad civil, y no será por obra y gracia de un solo asambleísta.
Sdl/Lcr/ABI
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