¿Los estatutos autonómicos son más legítimos y legales que la Constitución?
Redacción Bolpress
El Presidente Evo Morales y los nueve prefectos del país, seis de ellos opositores, se reúnen por segunda vez en Palacio de Gobierno para allanar diferencias en tres temas capitales: la redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para financiar la Renta Dignidad, la Constitución Política del Estado y los estatutos autonómicos de cuatro regiones. A diferencia de lo que ocurrió en el primer encuentro celebrado la semana pasada, ahora reina el pesimismo en torno a un futuro acuerdo.
El pasado lunes 7 de enero, Morales y los prefectos acordaron que comisiones técnicas busquen una solución concertada. La comisión económica trabajó tres jornadas intercambiando información y proponiendo alternativas de solución al diferendo por la redistribución de los recursos del IDH para financiar la renta, que requiere anualmente de unos 205 millones de dólares. Pero en una semana de debates no se pudo llegar a ningún acuerdo.
A partir del 1 de enero de 2008 está en vigencia la renta Dignidad de 2.400 bolivianos para los mayores de 60 años que no perciben ningún ingreso, y de 1.800 bolivianos para quienes gozan de una renta (La Ley 3791 promulgada por Morales).
Dicha renta se financiará en parte con el 30 por ciento de los recursos que genere el IDH y que se asigna a las prefecturas, municipios y el Tesoro General de la Nación (TGN). La otra parte se financiará con la rentabilidad que generen las empresas capitalizadas en el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC). La medida beneficiará a 676.009 adultos mayores, 226.409 personas más que el Bonosol.
Las prefecturas no aceptan el fondo de 113 millones de dólares para los próximos tres años ofrecido por el gobierno como compensación por el recorte presupuestal del IDH. Este fondo, del que se haría cargo el Ejecutivo, se financiaría con un crédito de un organismo internacional.
Los gobiernos departamentales del Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba proponen usar los recursos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sin reparar que la estatal petrolera financia no solo parte de la renta sino que tiene la obligación de cubrir futuros proyectos energéticos nacionales.
El senador de Podemos Oscar Ortiz dijo que el Presupuesto 2008 toma como base un precio del petróleo de 66 dólares, cuando debería estar cerca de 100. “Solo esta diferencia en materia de ingreso para el TGN ya le da al gobierno más de 200 millones de dólares de ingresos adicionales, y por lo tanto sólo con esta fuente podrían pagar la renta Dignidad”, dijo el legislador opositor.
Las prefecturas plantearon además invertir recursos del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y el 1 por ciento del Presupuesto General Agregado, fuentes de financiamiento que técnicamente no son sostenibles en el tiempo, explicó el ministro de Hacienda Luis Arce antes de la reunión con los prefectos. Y aunque las propuestas opositoras presentan “serios problemas”, no serán desechadas.
Autoridades de la Prefectura de Cochabamba anunciaron estar dispuestas a ceder 25 millones de bolivianos de las regalías petroleras y mineras para financiar la renta y así evitar un recorte de sus ingresos por IDH. La prefectura de Cochabamba percibe más de de 253 millones de bolivianos por concepto de regalías de Hidrocarburos y Minería. El IDH representa el 60 por ciento de inversión de la Prefectura y con el “recorte” se estarían postergando 75 proyectos de riego y desarrollo regional.
Por otro lado, el secretario general de la Prefectura de La Paz Alejandro Zapata sugirió buscar una solución equilibrada manteniendo al menos 50 por ciento de los recursos del IDH para las prefecturas.
“Todos estamos de acuerdo con la voluntad de que se pague la renta Dignidad, pero sin quitar a los recursos que son principales para las regiones como el IDH cuando sabemos que hay los fondos para este bono”, declaró el prefecto cruceño Rubén Costas. El prefecto de Tarija Mario Cossío afirmó que hay la voluntad de encontrar un acuerdo que viabilice el pago de la renta, “pero por la ruta correcta”.
Estatutos vs. Constitución
El retroceso del diálogo es más notorio en la discusión sobre la Constitución y los estatutos autonómicos. El prefecto cruceño, influenciado por el presidente del Comité Cívico Branco Marinkovic, propuso el absurdo de que el nuevo texto constitucional se adecue a los estatutos autonómicos. A ese exabrupto, el jefe de la bancada masista Román Loayza respondió calificando a los cívicos como “tránsfugas de la Segunda Guerra Mundial”. Loayza comentó que es una “traición a la patria” el intento de “compatibilizar” ambos proyectos, como en su momento propuso el Jefe de Estado.
El viceministro de Coordinación Gubernamental Héctor Arce considera que las propuestas autonómicas son “la más seria amenaza a la unidad del país” y carecen de representatividad porque fueron elaborados por un “grupo de amigos” que responden a sectores políticos de oposición en los departamentos de Tarija, Pando, Beni y Santa Cruz. En criterio de la autoridad, el objetivo final de los opositores es entorpecer el proceso de cambios democráticos impulsado por el Presidente Morales.
La bancada de asambleístas del MAS y sus aliados pidieron a los cívicos y prefectos opositores demostrar la “legitimidad” de sus estatutos redactados “por un reducido grupo de personas en las ciudades de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz”, y adecuarlos a la nueva Constitución Política del Estado, pues son ilegales, anticonstitucionales e incompatibles con el nuevo texto constitucional.
Antes de la reunión, el prefecto cruceño Costas pidió al Presidente que abra realmente la nueva Carta Magna, y afirmó que no se dará un paso atrás en la tramitación de los estatutos. “No hay por qué dar un paso a tras en los estatutos autonómicos porque estos provienen de una Constituyente que ha fracasado y que no ha respetado el referéndum vinculante sobre las autonomías”, aseveró. La autoridad regional afirmó que continuará la recolección de firmas para validar un referéndum departamental que apruebe los estatutos aprobados en Santa Cruz en el cabildo del 15 de diciembre.
Según varios observadores, el estatuto autonomista cruceño es un “engañabobos federal y anticonstitucional” aprobado entre gallos y media noche por una “comparsa de levanta manos, similar a la folclórica Asamblea Constituyente”, aunque hay enormes diferencias entre unos y otros.
Los “levanta manos” de la Asamblea Constituyente, en su mayoría indígenas semi analfabetos, fueron elegidos por voto, inclusive en Santa Cruz, expresamente para redactar la nueva Carta Magna, y contaron con una buena cantidad de opositores de Podemos y de otras fuerzas políticas que, incapaces de encarar el debate ideológico, sabotearon las sesiones desde el principio.
En la Asamblea Constituyente, oficialistas y opositores como Samuel Doria Medina de Unidad Nacional, otros representantes del MNR y algunos disidentes de Podemos concensuaron el 85% de la Constitución. El texto de la nueva Carta Magna fue redactado y aprobado en grande, en detalle y en revisión en base a las propuestas de organizaciones sociales y la sociedad civil presentadas en foros territoriales y audiencias públicas. Todo esto otorga al texto legalidad política mayor, inclusive, a la legalidad que tuvo la elección de prefectos aprobada por el ex presidente Carlos Mesa.
Por su parte, los “levanta manos” cruceños, igualmente ignorantes en materia de legislaciones autonómicas, fueron nombrados prácticamente a dedo y usurparon funciones.
“Entre amigotes de comparsas carnavaleras y logias”, diputados, senadores y concejales mayoritariamente de Podemos, sin consensos reales y sin ninguna oposición masista, salvo el senador disidente del MAS Guido Guardia, aprobaron en 40 horas de discusión un estatuto federal y separatista, como lo reconoció uno de sus autores, el abogado Juan Carlos Urenda. Algunos analistas creen que el estatuto es, inclusive, una especie de estatuto de un estado asociado como Puerto Rico.
Por añadidura, el estatuto plagiado del estatuto catalán cínica y descaradamente por el presidente de la Asamblea Autonómica Pablo Klisnky Fernández (dos conocidos especialistas en materia constitucional y autonómica comentaron en un programa de Amalia Pando que el plagio le dio cierta coherencia a los confusos y ambiguos proyectos cruceños originales) no indica claramente si el gobernador puede ser reelegido o no.
Este punto es clave para la discusión política actual, pues la pandilla de cívicos y prefectos de la media luna se opone a la reelección de Evo, pero en sus regiones bien que quisiera una reelección indefinida de gobernadores. Klinsky y sus seguidores no incluyeron este asunto en los estatutos de manera maliciosa y tramposa.
Según muchos analistas, el estatuto autonómico cruceño es absolutamente ilegal e inconstitucional en el fondo y en la forma por su alegre aprobación. Su finalidad principal y encubierta es proteger a los grandes latifundistas como Marinkovic, el máximo representante de la burguesía cruceña que mando manifestantes a Sucre buscando muertos-bandera para usarlos en su campaña política contra el gobierno, el que frustró un acuerdo con el Comité Interinstitucional de Chuquisaca, y el que lideró un movimiento de ganaderos y agroindustriales del oriente para provocar de manera artificial el aumento de la inflación.
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