La visión de país, las autonomías y la política de la tierra que plantea el MAS dan sentido a la Ley educativa “Siñani-Pérez”
Miguel Lora Ortuño
Bolpress
Los informes por mayoría sobre la visión de país, las autonomías y la política agraria que plantea el MAS encajan como las piezas de un rompecabezas con la ley educativa. Los oficialistas que proponen separar la consideración de los informes en la Constituyente de la Ley en cuestión preparan una nueva trampa para terminar en la traición. Los dirigentes nacionales de los normalistas y del magisterio rural están comprometidos.
La visión de país y la educación
El MAS describen a Bolivia como un conjunto de culturas, de “pueblos originarios”, de mestizos asentados en los centros urbanos y de blancoides dominantes que hasta ahora han monopolizado el poder económico y político y privado a los demás de su derecho a tomar parte en las decisiones sobre el destino del país. Plantea que la constituyente declare oficialmente a Bolivia como un “Estado multinacional y multicultural”, donde se “reconozcan” y “valoricen” los usos y costumbres, los “saberes”, las tradiciones, los derechos, etc., en igualdad de condiciones, sin diferencias económico – sociales, de todos los componentes del nuevo Estado.
En este propósito, la educación descolonizadora, comunitaria, incluyente, democrática, etc., debe transformar las conciencias de los hombres.
Decir que Bolivia es un conjunto de nacionalidades y culturas es una perogrullada que no aporta nada nuevo. El tremendo error es tratar de borrar de un plumazo, con la mera aplicación de leyes, las profundas diferencias de desarrollo material, económico, social y cultural que impera entre ellas.
Por estas diferencias, desde antes de la colonia, unas nacionalidades han dominado a las otras y han estado en permanente confrontación entre ellas.
Así se explica que, un siglo antes de que llegaran los españoles, los quechuas dominaran a los aymaras en el occidente de esta parte del continente. Durante la colonia, a pesar de la dominación de los chapetones, los enfrentamientos de comunidades por un pedazo de tierra, por los pastizales, por los arroyos de agua, etc., siguieron vigentes.
Durante la república, la lucha entre comunidades por la posesión de tierras se acentuó en la medida que el poder feudal usurpaba todas las tierras cultivables, expulsando a las comunidades a las alturas improductivas o a las recónditas zonas de las selvas orientales.
Es subjetivo en extremo el tratar de concebir un país idílico, donde las culturas y nacionalidades, en armónica “complementariedad” y sin diferencias de ninguna naturaleza, puedan convivir reconociéndose y respetándose mutuamente.
De pronto, el MAS, nos promete un país ideal y justo sin haber tocado para nada las causas estructurales de las diferencias sociales y culturales, tales como la supervivencia de la gran propiedad privada de los medios de producción que hace que sus dueños concentren poder en sus manos; la dominante pequeña propiedad privada de la tierra que impide el ingreso de la ciencia y la tecnología en la producción agraria y mantiene al trabajador del campo en la miseria y el atraso; la concentración de tierras en manos de pocos latifundistas en el Oriente boliviano; la existencia de grandes masas de campesinos sin tierra, etc.
La Constituyente puede aprobar todas las elucubraciones subjetivistas de la “mayoría”, pero, cuando llegue la hora de su aplicación práctica chocará con la realidad y terminará como un mero enunciado constitucional, como tantos otros que hemos tenido en el país. La educación por sí sola no podrá suplantar la necesidad de transformaciones estructurales como la liquidación de la propiedad privada en todas sus formas y, por tanto, del latifundio en el agro, para posibilitar la anulación de las diferencias sociales y económicas en el país.
Las autonomías y la educación
La gran disputa entre la media luna y el gobierno radica en que la primera exige el cumplimiento del referéndum vinculante mayoritario en toda la zona oriental, incluida Tarija, mientras que el gobierno busca la disminución del poder de las autonomía departamentales incorporando las autonomías de los “pueblos originarios”, de los ayllus y otras estructuras económico sociales menores, en el mismo nivel que las departamentales y municipales. No cabe duda de que este enfrentamiento tiene una connotación extremadamente mezquina: el problema es saber quién maneja la plata para potenciarse políticamente frente al oponente.
Los de la media luna dicen reconocer las autonomías de los pueblos originarios, de las regiones, las capitanías, etc., pero subordinadas a las departamentales. Su interés radica en que el gobierno entregue los recursos que corresponden al Departamento a las prefecturas para que éstas, a su vez, los distribuyan a los municipios, pueblos originarios, etc. Por su parte, el gobierno, cuando plantea que las autonomías de los pueblos originarios… deben estar en el mismo nivel que las departamentales, está señalando que será el Estado quién distribuya los recursos directamente, sin pasar por las prefecturas.
Ambos planteamientos en disputa significan, igualmente, una descentralización administrativa del manejo de los recursos que el Estado genera por concepto de impuestos, regalías y otros. Hecho que apunta a que las prefecturas, municipios, pueblos originarios, regiones, capitanías, ayllus, etc. asuman responsabilidades de administrar los servicios.
La mayor parte de la torta que genera el Estado, siempre miserable para el tamaño de las necesidades materiales del país, pasan a manos de ellos para que, con las tajaditas que les toque, asuman la responsabilidad de atender el conjunto de las necesidades de su jurisdicción. El Estado central les dirá “esto es todo lo que podemos dar, ahora vean cómo resuelven Uds. el financiamiento de la educación, la salud, el servicio del agua potable, el alumbrado público, los caminos vecinales”, etc.
Esta manera de administrar el país, que no es otra cosa que la repetición de la concepción neoliberal de achicar el Estado para convertirlo simplemente en un ente normativo que garantice seguridad jurídica para los inversionistas privados porque éstos cumplirán el papel fundamental de socios del Estado en la explotación de una parte de los recursos naturales, no tiene nada de novedoso.
Al igual que en el pasado, quieren hacer creer que la desconcentración de la administración es la “profundización de la democracia” y, algo peor, que el reconocimiento de los pueblos originarios es poner en manos de los explotados del agro el destino de la política nacional y el futuro del país.
Es en este contexto que adquiere sentido el carácter descentralizador de la educación en la Ley “Siñani – Pérez” y los campesinos – originarios razonan que, por primera vez, estará en sus manos el destino de la educación nacional.
La descentralización significa una mayor degradación de la calidad educativa
En la actualidad, debido a muchos factores que hacen a la crisis estructural del sistema social capitalista, la educación se encuentra en una crisis universal que se expresa como una educación repetitiva, mecánica y memorística debido a la separación del sujeto social e históricamente determinado con el verdadero objeto del conocimiento en permanente cambio y transformación.
Se trata de una educación que no alcanza el conocimiento y frena el desarrollo integral de todas las potencialidades dormidas en el ser humano, una educación que se orienta a la super especialización y a la robotización del hombre como consecuencia del modo de producción capitalista, etc. A esto se suma las consecuencias de la crisis económica que priva de alimentación, seguridad, etc., a la familia, al alumno y a los maestros.
La descentralización, por ser la educación un fenómeno super estructural, reflejará, de manera natural, las particularidades regionales. Ya hemos dicho que en este país coexisten, lado a lado, el atraso y el desarrollo, modos de producción primitivos que sobreviven del pasado y la aplicación de la tecnología más avanzada en el sector de la economía capitalista (minas, hidrocarburos, industrias en los centros urbanos, etc.). Esta realidad económica y social compleja se reflejará en la naturaleza y la calidad educativas, surgirán formas educativas de primera clase en los centros urbanos, de segunda en las provincias y de tercera en el campo.
En las regiones más alejadas y atrasadas obligadamente se impondrá la concepción animista, que consiste en dar vida y espiritualidad a los fenómenos de la naturaleza, que desemboca en una religión panteista.
La ley “Siñani – Pérez” en su “participación comunitaria popular” “empodera” (aumenta poder) a los “consejos comunitarios” en todos los niveles del sistema educativo y les reconoce capacidad no sólo de intervenir y decidir sobre los aspectos administrativos sino también de incorporar al currículo los usos y costumbres, las manifestaciones culturales y las concepciones animistas de la realidad.
Las decisiones que tomen serán de cumplimiento obligatorio por parte de la administración educativa y de los docentes. Por este mecanismo, sobre todo la educación en el campo, sufrirá una caída en su calidad en perjuicio del conocimiento y de la ciencia universal.
La concepción de la “intra e interculturalidad”, que revaloriza lo nuestro para luego conocer lo demás y complementarse con sus “saberes” y culturas, amarra el proceso educativo al pasado y a la tradición que no es otra cosa que la reproducción del atraso precientífico en el campo.
Para el planteamiento educativo del MAS, la autoafirmación de las naciones originarias significa mantenerlas congeladas en sus tradiciones y formas de producción atrasadas, causa de la miseria actual del explotado del agro. Se trata pues de una concepción conservadora y retrógrada.
Normalistas firman un convenio capitulador
Los dirigentes nacionales de los estudiantes normalistas han sostenido reuniones con autoridades del Ministerio de Educación, las mismas que han culminado en la firma de un convenio donde el gobierno se compromete de manera hipócrita falaz como acostumbra, a no descentralizar la educación, a no declarar profesión libre al magisterio y a respetar el Escalafón Docente. Por fuentes fidedignas conocemos que los estudiantes, antes de firmar el convenio, han consultado con los dirigentes nacionales de los magisterios urbano y rural. También tenemos información fidedigna que la respuesta a los normalistas ha sido de total conformidad con el convenio.
Estas maniobras de los dirigentes oficialistas de los tres sectores, que inicialmente firmaron un pacto para realizar movilizaciones nacionales conjuntas, se realizan al margen de las bases.
El propósito es desmovilizar para que el gobierno tenga el camino libre en su objetivo de imponer la ley antieducativa y antidocente. Los dirigentes traidores de ambos magisterios usarán el convenio de los normalistas para justificar que no hay condiciones para continuar en la lucha.
Lo que debe quedar claro para el magisterio y los explotados en general es que el gobierno no puede cumplir con sus promesas de no descentralizar la educación y de respetar el Escalafón porque la visión de país que tienen y porque su planteamiento de las autonomías hasta los “pueblos originarios”, capitanías, marcas, ayllus, etc., señalan explícitamente que todos los servicios, entre ellos la educación, deben ser manejados y financiados de manera descentralizada.
Los dirigentes que firman estos convenios no son ingenuos ni tontos útiles, son descarados traidores que saben bien lo que están haciendo. Sobre la marcha, en el proceso de la movilización, debemos ajustar cuentas con esta gente. La experiencia nos enseña que para lograr victorias en nuestras luchas es preciso depurar de nuestras organizaciones sindicales a los oficialistas y traidores.
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