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Constituyente Soberana - Construcción participativa de políticas nacionales de tierra, territorio, y recursos naturales en el marco de la asamblea constituyente en Bolivia


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CENDA VIENE ACOMPAÑANDO A LAS COMUNIDADES CAMPESINOS-INDIGENAS Y ORIGINARIAS DE COCHABAMBA-BOLIVIA, EN AQUELLOS PROCESOS DE EMERGENCIA CULTURAL, SOCIAL Y POLITICA, CONCENTRANDOSE EN LA PROBLEMATICA TERRITORIAL, CON LA CREACION E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE USO DE LOS RECURSOS NATURALES, MANEJO DE SUELOS, PISOS ECOLOGICOS, BIODIVERSIDAD, EDUCACION, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONTROL SOCIAL, CLIC AQUI
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29-06-2006 -Bolivia indígena y campesina. Una larga marcha para liberar sus territorios y un contexto para el gobierno de Evo Morales. - Documentos y Materiales de Análisis - Otros Documentos -

Pablo Regalsky

Los discursos de Evo Morales plantean un mito: los indígenas hemos llegado al poder y ahora se inician 500 años de poder indígena; y un hecho: es el primer indígena que, apoyado en los movimientos sociales, llega a la presidencia por medio de elecciones. Su propuesta de un gobierno de inclusión y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para la refundación de Bolivia con la participación de los pueblos indígenas que fueron excluidos desde la fundación de la República criolla hace 180 años será puesta a prueba en el contexto de la confrontación de un pueblo movilizado contra la alianza que formaron los sectores latifundistas con las compañías petroleras.
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La situación que atraviesa Bolivia desde el año 2000 –que Garcia Linera, hoy vicepresidente, y también grupos de izquierda califican como revolucionaria o como una sucesión de crisis revolucionarias- es resultado de un entramado de procesos de los cuales revisaremos tres en el presente artículo. Estos son tres procesos históricos inmediatos, el primero vinculado a la emergencia de los pueblos indígenas, sus organizaciones y su lucha por territorios y autonomía desde los años 80, el segundo la organización hacia 1995 del instrumento político de la CSUTCB (Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia) que luego deriva en el MAS y su proceso hasta las últimas elecciones del 18 de diciembre de 2005. El proceso más general que explica en gran medida a los dos anteriores, se refiere a la territorialización de los movimientos sociales y la consiguiente territorialización de la reacción burguesa en el marco de la globalización y un profunda crisis de los estados nación. Los resultados excepcionales de las elecciones de 2005 se enmarcan en estos procesos y, por supuesto, en una creciente movilización social que no ha cejado en los últimos cinco años.

Otras líneas de análisis de los procesos son tan o quizás más importantes que estos tres en los cuales me concentraré para entender la actual situación de la lucha de clases en Bolivia, pero lo que me decidió a circunscribir este artículo a estos tres ejes es la necesidad de extraer las nuevas enseñanzas del proceso boliviano en curso y de allí entender por donde puede seguir el curso de las luchas latinoamericanas que está encabezando.
Es posible que falte un análisis del proceso de reestructuración económica y del proceso que sigue la nueva configuración de la burguesía y sus lazos con el capital transnacional. Solamente vamos a tocar aquellos aspectos más necesarios para comprender el aspecto clave de la situación que es el surgimiento vigoroso de un actor social, el campesinado indígena que desplaza a la clase obrera de su posición hegemónica y plantea un nuevo proyecto estratégico de cambio del país, en el contexto del levantamiento indígena en varios otros países del continente.

En 1979 emerge la CSUTCB nucleando todo el movimiento campesino boliviano. Forman parte de la misma las nueve federaciones campesinas departamentales y otras tantas regionales que abarcan tanto las regiones altas como las regiones bajas del país. En un principio llegaron a formar parte de la CSUTCB incluso los pueblos amazónicos y la CIDOB, entonces llamada Central Indígena del Oriente Boliviano, pero poco después, a inicios de los 80 la CSUTCB fue quedando circunscrita a las comunidades campesinas aymaras, quechuas y castellano hablantes que son aproximadamente 11.000 con una población total aproximada de 3.500.000 campesinos. Mientras tanto la CIDOB se transformó hacia inicios de los 90 en la Confederación Indígena de Bolivia que abarca a las minorias amazónicas y guaraníes con una población de unas 300.000 personas. Desde entonces se han dado varios momentos de desarticulación paulatina en esas estructuras nacionales campesinas e indígenas lo que, sin embargo, no ha mellado la movilización finalmente expresada en varias semi-insurrecciones urbanas, demostrando la profundidad de este proceso que, también a momentos, fuerza a las organizaciones nacionales y regionales indígenas y campesinas a concertar propuestas de acción comun.

El bautismo de fuego de la CSUTCB tuvo lugar inmediatamente a su fundación cuando, poco después de la caída de la dictadura militar de Banzer, el gobierno provisional de Lidia Gueiler elegido en el Parlamento, decreta un duro paquete económico y la CSUTCB reacciona con el primer bloqueo general de todas las carreteras del país que dejó completamente aisladas las ciudades durante más de una semana en diciembre de 1979. La CSTUCB nace como un organismo afiliado a la Central Obrera Boliviana que, en ese momento todavía dirigida por el difunto Lechín, desplegó todos sus esfuerzos por apagar  el estallido social, fuera de su control y desbordando también a las capacidades de la recién nacida dirección katarista aymara de la CSUTCB.

Ese espectacular bloqueo nacional de 1979, nacido de la demanda de anulación del paquete de medidas monetaristas de la presidenta Gueiler, principalmente demandando la anulación del aumento de la gasolina y de los precios del transporte, dejó entrever que, tras la lucha defensiva clasista por reivindicaciones económicas, se estaba planteando en los hechos la cuestión del control del territorio. Situación en la que el estado deja de ser el garante de la libertad de circulación en el territorio nacional y en la cual las ciudades iban a quedar frecuentemente estranguladas por el candado que ponían las comunidades a toda forma de transporte, incluso de los alimentos básicos a las ciudades, con la declaración de los bloqueos nacionales, a veces, también departamentales o locales. También en ese momento estaba claro que, pese a que la CSUTCB era parte de la COB y los campesinos se consideraban a si mismos parte de la clase trabajadora, existía un cisma entre las organizaciones urbanas y las rurales. Si bien las luchas de la COB y particularmente las huelgas de los maestros fueron a menudo apoyadas activamente por los campesinos, no sucedía la inversa y más bien las reivindicaciones campesinas eran siempre miradas con sospecha desde las filas obreras, mucho peor desde las clases medias urbanas que seguían la situación con temor y las más de las veces con rechazo teñido de racismo.

 

 

El momento del discurso campesino autónomo y de ruptura con el estado paternalista

Esta situación de 1979 es un punto de inflexión sumamente importante ya que marca una ruptura del campesinado con el estado, con un régimen de estado que se conocía en circulos intelectuales como “el estado del 52”, es decir, el régimen que les había devuelto la tierra a través de la reforma agraria de 1953. A raíz de la reforma agraria, el campesinado había pasado a constituirse en soporte activo del estado, tomando parte en milicias armadas rurales que llegan a enfrentarse con las milicias mineras en 1956. Esto se prolonga durante la serie de gobiernos militares y anticomunistas que se suceden desde 1964 hasta 1976 momento en el que aparecen las primeras grietas de lo que se llamara el Pacto Militar Campesino (PMC).


La importancia de esta ruptura de 1979 consiste en que, al desaparecer el vínculo mediador del PMC entre el estado y el campesinado, no solamente las dirigencias sindicales campesinas dejan de actuar como correa de transmisión de los gobiernos militares. El territorio de las comunidades aparece ahora como un espacio político territorial gobernado por las autoridades tradicionales de las mismas comunidades campesinas andinas que comienzan a hacer paulatina conciencia de esa situación. Aplican para el ejercicio de autogobierno la norma consuetudinaria o lo que denominan sus “usos y costumbres”. Si bien esa ha sido una tradición que no se ha roto y que se mantenía incluso al interior de las haciendas en las que las comunidades estaban “cautivas”, tenían sobre si la autoridad estatal representada en el hacendado y, luego de la reforma agraria, en el coordinador del PMC.

A la ruptura del PMC el estado queda sin presencia de autoridad en esas regiones. El proceso paulatino de reconfiguración de las jurisdicciones comunitarias andinas esta vez se hace desconociendo muchas veces la normativa que hace al derecho positivo y a las autoridades del estado encargadas de su aplicación, como ser, en el caso de la tierra, los jueces agrarios. Paulatinamente, la misma estructura piramidal que había sido constituída por el MNR con el objetivo de subordinación del campesinado al estado, comienza a servir para conformar una estructura de autoridades territoriales paralela al estado que empieza a ejercer ciertas competencias arrebatándolas de las autoridades legales.

Ese es el caso de los jueces agrarios: desde fines de los 80, los conflictos agrarios comienzan a ser resueltos por las propias autoridades campesinas e indígenas principalmente a nivel local, pero también utilizando su estructura en niveles jerarquizados en el caso de la CSUTCB para canalizar recursos de apelación de los afectados por las decisiones que se toman (o que se elude tomar) en los niveles comunitarios, evitando apelar a autoridades judiciales o policiales.

Este punto de inflexión indica el comienzo en la práctica, aunque aún no en el discurso, de un proceso hacia las autonomías en el terreno de las comunidades andinas, es decir, en territorios delimitados donde habita un número de unidades domésticas, que controlan a través de su asamblea comunitaria y de sus autoridades tradicionales o sindicales lo que sucede en el interior de ese espacio.

El eje alrededor del cual se organizan los usos y costumbres y las formas de autoridad es el acceso a la tierra que se ejerce a través de mecanismos y normas generadas colectivamente. En algunos casos, ese autogobierno se empieza a ejercer también a través de las organizaciones de segundo grado, es decir de las centrales campesinas que agrupan a las subcentrales y comunidades y que tienen como jurisdicción sobre el territorio de un cantón o una provincia (el equivalente en la Argentina de un departamento), con una extensión que puede variar de 100 a 1000 km2. Esta es la base social y de hecho (como opuesta a de jure) sobre la que los campesinos andinos quechuas y aymaras empiezan a construir sus espacios jurisdiccionales autónomos, aún antes que el discurso de la autonomía indígena y de la lucha por el territorio tuviera ningún eco en sus organizaciones nacionales.

El momento del discurso indígena: por la tierra y el territorio

La marcha indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990, encabezada por los pueblos indígenas del Beni en el norte amazónico, marca el otro punto de inflexión. Adquiere gran importancia para la recuperación de la iniciativa por los sectores subordinados porque se da en medio de la ofensiva reaccionaria del ajuste estructural. Las políticas de ajuste se comienzan a aplicar en 1985 tras la derrota catastrófica sufrida por la COB en ese año, la caída del gobierno de la UDP (Unidad Democrática y Popular) de Siles Suazo y la ascensión al gobierno de Paz Estenssoro con el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario que encabezó el gobierno luego de la revolución del 52). La clase media urbana fué atraída por esa política que prometía restaurar la autoridad del estado, eliminar todo vestigio de poder dual y posibilitar el proceso de acumulación y bienestar a través de la flexibilización laboral y la eliminación del poder sindical. La burguesía, un sector del cual se ha nutrido del narcotráfico en los 70 y 80, formó entonces

un frente unido muy sólido que atraviesa todas las instituciones para respaldar esa política a través del acuerdo interpartidario denominado la “democracia pactada”. Cualquier lucha obrera o campesina parecía destinada a estrellarse y fracasar contra el sólido muro formado por esa coalición de todos los sectores de la burguesía y la clase media. El gobierno de Paz Estenssoro sólo tuvo que retroceder una vez: cuando intentó imponer un impuesto a la pequeña propiedad en 1986, rompiendo los viejos acuerdos del MNR, incluso respetados también bajo los militares, de no imponer impuestos a la propiedad campesina.

En ese contexto de sólido frente reaccionario, la marcha indígena que recorrió más de 500 km partiendo de la región amazónica y atravesando las altas cumbres que rodean la ciudad de La Paz, logra generar las primeras fisuras en éste con un fuerte impacto mediático y con la simpatía que logra crear en los sectores urbanos: los indígenas amazónicos también existen! Vienen en reclamo de sus territorios y recursos naturales que están siendo arrasados por las empresas madereras y por los ganaderos que se vienen apoderando ilegalmente de tierras con títulos falsificados o simplemente por la fuerza. El gobierno de Paz Zamora (1989-1993) cede ante la gran simpatía y solidaridad que la marcha había logrado en la ciudad de La Paz y promulga varios decretos cediendo territorios a varios grupos indígenas de tierras bajas. Inmediatamente los círculos empresarios reaccionan reclamando ante la supuesta amenaza de desintegración del estado ante lo que ven como aberración jurídica: se empieza a cuestionar el rol del estado como garante de la libertad del capital en todo el territorio nacional.

De hecho, los empresarios bolivianos entienden que la declaración de los derechos territoriales indígenas suponen barreras que restringen la circulación y reproducción del capital y el acceso a los recursos naturales. No obstante la existencia de esos decretos, más de 15 años después, varios de esos territorios reconocidos como indígenas no han recibido sus títulos legales y el capital sigue accionando en algunos de ellos sin muchas barreras, amparado muchas veces en bandas armadas y otras veces en la corrupción de dirigentes indígenas. Sin embargo, el muro de la reacción reaccionaria solidificado detrás de la política de ajuste empieza a fracturarse allí. Sectores de la Iglesia y de la pequeña burguesía muestran su respaldo a los decretos y rechazan la lógica empresarial que entienden que los mismos afectan los derechos individuales consagrados por la constitución al establecer un tipo de propiedad colectiva que legalmente no tenía clara cabida dentro del ordenamiento jurídico existente.


Por otro lado, esta Marcha indígena no sólo empieza a mostrar que el muro reaccionario tiene fisuras sino que genera un importantísimo debate entre todas las organizaciones campesinas e indígenas: en realidad, qué es el Territorio? A qué nos estamos refiriendo cuando reclamamos “la devolución de nuestro territorio”? Los campesinos de comunidades aymaras y quechuas que tienen títulos individuales que han recibido de la reforma agraria del 53, cómo pueden ahora recuperar un dominio territorial? Cuál es la organización política que va a administrar esos territorios? Quien encarnará la nación aymara o la nación quechua cuyas comunidades de base están organizados en sindicatos comunales o en centrales campesinas o en ayllus con jurisdicciones geográficas muy delimitadas, a diferencia de los Chimanes o los Moxeños o Chiquitanos que si pueden tener Consejos o Cabildos que los representan como identidades o como naciones, pero que son minoritarios numéricamente dentro de la República? Quién va a representar a los aymaras o quechuas que viven en las ciudades, donde son la mayoría de la población? Ese debate se empieza a agitar en 1988 , se desarrolló en Congresos nacionales como aquellos de la CSTUCB en Potosí y en Tarija (CEDLA 1989) o como el Encuentro de Corqueamaya donde se reúnen representantes de todas las organizaciones campesinas e indígenas para preparar la conmemoración y protestas para el V° Centenario de la Invasión.

En principio, no quedó clara la respuesta a las preguntas anteriores ni cómo se daría esa lucha por el territorio pero ese Congreso dejó establecido que en 1992 se reuniría una Asamblea de Nacionalidades, que sería el Instrumento Político encargado de la recuperación de la tierra y territorio y planteando que esa sería la instancia que debería solucionar el problema del poder. Ocurrió entonces que en ciertos casos la reivindicación política territorial se transformó en una reivindicación identitaria, de tinte culturalista. Incluso hubo sectores de dirigentes o de activistas, aymaras sobre todo, que empezaron a dar una batalla contra toda forma de organización sindical o de clase, a nombre de la lucha por la recuperación de la identidad como pueblo. Claramente se veía en algunos de estos intelectuales aymaras como Fernando Untoja y otros el intento por recuperar la idea del bloque de clases, un bloque de clases bajo una nueva identidad, esta vez indígena u originaria, pero opuesta a la idea de luchar contra los privilegios de clase, sino más bien definida por la recuperación de su cultura propia suprimida por la civilización occidental. Algunos de estos intelectuales “orgánicos originarios” luego, a mediados de la década del 90, pasaron sin mucho alboroto a ponerse al servicio de partidos tradicionales de la derecha criolla o terminaron predicando un nuevo pacto militar campesino.


De hecho, la tan esperada Asamblea de Nacionalidades no pasó a mayores, gracias a un buen esfuerzo de la Iglesia y las Ongs ligadas a la misma que desplegaron sus mayores esfuerzos para neutralizarla. Es cierto que no había todavía un desarrollo claro del proceso de autonomización de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y eran muchos los espacios que todavía podían aprovechar partidos surgidos de la clase media en conexión con la iglesia como el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) que llega al gobierno en acuerdo con el ex dictador Banzer en 1989 y su fraccionamiento el MBL (Movimiento Bolivia Libre) que se asegura un espacio en el gobierno durante Sanchez de Lozada en 1993. A la vez, se empieza a dar una disociación entre el discurso de la intelligentsia aymara, que reivindica la recuperación territorial de forma abstracta bajo la forma de un bloque de clases y como una demanda cultural, y el proceso que estaba ocurriendo en las comunidades andinas de base, donde se estaba dando la recuperación territorial, dado que esas comunidades estaban ejerciendo jurisdicción sobre el territorio que ocupaban, al margen de la norma y la autoridad del estado.

Esa disociación tiene efecto durante el proceso de Sanchez de Lozada: recordemos que su vicepresidente era el intelectual aymara y ex secretario general de la CSUTCB Victor Hugo Cárdenas. El mismo fué responsable de la elaboración de la propuesta educativa de la CSUTCB, bajo contrato con la UNICEF.  Mientras por arriba se iban dando las reformas estructurales de segunda generación en las cuales participa un sector de los intelectuales aymaras, por abajo, la demanda campesina comunitaria originaria, tenía ya un marco concreto y además tendía a convertirse en un proceso de autonomía de clase, donde los comunarios reivindicaban además su carácter de trabajadores campesinos.

La fusión del discurso campesino de la autonomía y el indígena territorial

Más allá de las intenciones de algunos intelectuales indígenas, el proceso de demanda de reconocimiento identitario empezó a ligarse a las demandas campesinas y de clase, la demanda por la tierra y por el territorio, y poco a poco a la lucha por el control de los recursos naturales. Allí se forjó el proceso que primero se verifica en los movimientos rurales e indígenas y que años después estalla a partir del año 2000 con la Guerra por el Agua como confluencia de los movimientos urbanos con los campesinos.

Se da también a partir de los 90 una confluencia entre los procesos de recuperación y ejercicio de sus jurisdicciones tanto en el control del acceso a la tierra como en la llamada “justicia comunitaria” por parte de las comunidades andinas con la lucha de los pueblos amazónicos y de tierras bajas que procuran lograr el control de sus recursos naturales, en particular el bosque, a través del reconocimiento de territorios indígenas.

Pero, asimilado el fracaso de la Asamblea de Nacionalidades aún debía pasarse por un proceso en el cual el sistema intentó crear formas de mediación utilizando la figura de la interculturalidad y a través de políticas de reconocimiento de la diferencia cultural. La lógica de las políticas interculturales aplicadas a partir del diseño provisto por los organismos multilaterales consiste en evitar que el proceso de reivindicación identitario se combine con procesos de lucha de clases. Tanto la reforma educativa como el proceso de reconocimiento de las comunidades que tuvo lugar en 1994 durante el gobierno MNR de Sanchez de Lozada (1993-1997) tenían el objetivo de establecer un reconocimiento de la diferencia cultural, justamente para establecer un mecanismo de gobierno –democracia- pero por la diferencia. Por otro lado, el gobierno Sanchez de Lozada tenía mucho cuidado en privilegiar su política diferenciando los “verdaderos” indígenas, de aquellos que hacía aparecer como “campesinos”, “cocaleros” o “colonizadores”. Lograba frecuentemente enfrentarlos entre si al privilegiar la negociación con el CIDOB que representa a los pueblos de tierras bajas (minoritarios numéricamente frente a aymaras y quechuas) y a la vez hacía objeto a los campesinos originarios de una política de criminalización, procurando identificar a la CSUTCB como complicada con el narcotráfico por su apoyo a la defensa de la hoja de coca.

Un régimen estatal que gobierne por el recurso a la diferencia cultural, politizándola, naturalmente que significa apartarse mucho de la forma de gobierno por la homogenización cultural y política que supone el establecimiento de los estados nación a principios del siglo XIX (Smith 1986, Friedman 1998). A la vez, esta etnificación de la política, o esta politización de la diferencia cultural, se transforma en el arma principal de los mismos movimientos indígenas en la lucha por la recuperación del acceso a sus recursos tradicionales. Pero la idea tras el concepto de “interculturalidad” como politica de gobierno tampoco es acabar con el estado nación como sistema hegemónico. Solo se trata por el momento de pasar algunas reformas constitucionales que incorporen el reconocimiento de la diferencia, poniendo fin a un sistema educativo enfocado en la homogeneidad cultural como base de la nación. Estas reformas constitucionales se dieron en muchos países de Latinoamérica desde principios de los 90, aún en aquellos donde las poblaciones indígenas tienen un peso numérico aparentemente muy minoritario.

¿Cuál es el propósito de establecer el reconocimiento de la diferencia, visto desde la perspectiva del poder, visto desde la perspectiva de los organismos multilaterales y finalmente, desde la perspectiva de la burguesía en general? Lo dice claramente Bahba (1994): el desarrollo de los instersticios, es decir, establecer la diferencia pero para fortalecer los tejidos que unen, no para levantar fronteras internas en la nación. Lo que se requiere para ello es fomentar la creación de capas sociales intermediarias que surjan de esos sectores culturalmente diferenciados. Es el caso de la ley de reforma educativa y la ley de participación popular. El problema es cuando esa estrategia de mediación no da exactamente los frutos que se propone. El problema es cuando el estado nación realmente empieza a hacer agua.

Contrarrestar la autoridad indígena con la democracia participativa

Las reformas de segunda generación que el MNR enhebró en su segundo gobierno encabezado por Sanchez de Lozada, ex ministro de Coordinación de Paz Estenssoro, fueron precedidas por dos leyes que levantaron una ola de aplausos en el ambiente progresista académico globalizado. Las organizaciones campesinas las calificaron de “leyes malditas” en ese entonces, aunque posteriormente algunos de esos dirigentes se desdijeron y la vieron como un canal para la participación política que tanto buscaban. Se trata de la Reforma Educativa (RE) y la ley de Participación Popular (LPP) promulgadas en 1994. Esta última da reconocimiento jurídico a las comunidades rurales e indígenas en su calidad de “organizaciones territoriales de base” y a la vez establece la extensión de la jurisdicción municipal por sobre los territorios donde esas comunidades están establecidas.
El gobierno de Sanchez de Lozada era muy conciente de la necesidad de neutralizar el autogobierno comunitario como condición para poner en marcha un mercado de tierras funcional. La ley de Participación Popular es un antecedente político importante para la posterior modificación de la ley INRA (ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria), donde se establecen algunas pautas para la contrarreforma agraria recomendada por el Banco Mundial. Al contrario de quienes sostienen que la LPP es un avance para los pueblos indígenas, sostengo que es una base política para la posterior construcción del mercado de tierras y que amenaza el fundamento mismo del sistema jurisdiccional comunitario andina.

Pero además, de yapa, la LPP crea las condiciones de la fragmentación de las grandes organizaciones campesinas, particularmente la CSTUCB, a través de la posibilidad de incorporar a los líderes campesinos a la administración del estado en sus niveles bajos, es decir, en la administración municipal.  Un año después de la primera elección municipal (diciembre 1995) ya se desatan los primeros conflictos al interior de las federaciones campesinas que forman parte de la CSTUCB, a causa de la lucha por el control de las alcaldías municipales rurales. Aquí es donde comienza la historia del MAS, que se inicia bajo el nombre de “Instrumento Político Tierra Territorio” en el Congreso de la CSUTCB que se lleva a cabo en Santa Cruz en marzo de 1995. La pauta de organización del IP era el mandato del Congreso de Tarija de 1989 que mencionamos arriba, por el cual se determinaba organizar un Instrumento Político para la recuperación de la Tierra y Territorio, bajo la forma de la Asamblea de Nacionalidades.

En 1995, las condiciones han variado, la Asamblea ha fracasado, la LPP había sido ya aprobada pese a dos bloqueos nacionales convocados por la CSTUCB para impedir su aprobación y la de la ley de Reforma Educativa y ya han sido convocadas las elecciones municipales bajo el nuevo escenario jurisdiccional y normativo que la LPP establecía. La decisión que el Congreso de Santa Cruz toma, de organizar el Instrumento Político ASP (Asamblea por la Soberanía de los Pueblos) y buscar personería jurídica para participar en las elecciones municipales de diciembre de 1995, es a todas luces una decisión defensiva, para evitar que los partidos políticos “tradicionales” se hagan fuertes en el nuevo escenario municipal rural y lleguen a controlar el espacio de las comunidades. El ASP llega a un acuerdo político con la Izquierda Unida, hasta entonces una agrupación política controlada por el Partido Comunista que le cede su personería en forma prácticamente incondicional.

El estreno de esa fuerza política que se ensaya en el departamento de Cochabamba es auspicioso: se consiguen triunfos en 14 municipios y se logra tomar las alcaldías en 10 de esas secciones municipales pese a la oposición frontal de todos los partidos políticos y el gobierno. Tres de esas secciones municipales son en el Chapare, la región controlada por las cinco Federaciones del Trópico Cochabambino que han formado una coalición desde 1989: la mayor de ellas, la FTCTC, afiliada a la CSTUCB, es el espacio donde crece Evo Morales, las demás son parte de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB). Las Federaciones del trópico en las tierras bajas  al norte de Cochabamba, a diferencia de las organizaciones agrupadas en la CSUTCB son el resultado del desplazamiento de los campesinos de sus comunidades de origen al Chapare, donde cultivan principalmente la coca y son designados como “colonizadores” por el estado que les asigna tierras a través del Instituto de Colonización. A diferencia de la estrategia de seguridad alimentaria que se despliega en las comunidades altas en los Andes, en las zonas bajas se requiere producir para vender: el clima tropical no permite conservar ningún tipo de alimento. A los colonizadores chapareños se les unen los mineros relocalizados durante la gestión de Paz Estenssoro en la segunda mitad de los 80 y la población crece hasta unas 40.000 familias.

La organización de los cocaleros se ha hecho muy conocida por su combatividad y disciplina, que tuvo mucho que ver con el tipo de organización que le imprimieron los mineros campesinizados. Sin embargo, la base de esa organización son los campesinos pioneros que tienen las mejores tierras cercanas a las carreteras y son los que contratan mano de obra campesina recién llegada para labores de cosecha, y que también se emplea en el pisado de la coca para su industrialización. Los sindicatos del Chapare reúnen características de los sindicatos campesinos de tierras altas en el sentido que controlan el acceso a la tierra, pero a la vez difieren en que mantienen una íntima conexión con el mercado a través de la producción de coca y frutos tropicales. Las relaciones que se establecen a nivel de sindicatos ha motivado una estructuración mucho más férrea de las estructuras piramidales al interior de las Federaciones que contrasta con la figura de mayor autonomía en las organizaciones comunitarias andinas de base en las Federaciones que forman parte de la CSTUCB y que no permiten un desarrollo piramidal tan verticalizado. Sin embargo, el concepto de jurisdicción indígena originaria que es tan patente en las comunidades de altura, no se deja ver claramente en las tierras de colonización, posiblemente por esa relación tan cercana con el mercado y la influencia minera.

Las Federaciones cocaleras, que tan a menudo han recurrido a los bloqueos de carreteras y que pusieron en jaque a la capacidad del estado de garantizar el libre tránsito en su territorio, sin embargo no tuvieron nunca una política territorial. Peor aún, aún cuando la ley INRA abre un espacio para establecer cierta construcción territorial indígena como son las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), los cocaleros permanecieron cerradamente opuestos a esa provisión. Lo concebían como un relicto de los indios, y los indios en cierta medida eran una barrera que se oponía a la expansión de la coca y de los cultivos comerciales, como es el caso de los grupos indígenas Yuquis y Yuracarés que han logrado el reconocimiento de sus territorios como TCO en el Parque Isiboro  Sécure, están ubicados en plena región del Chapare y en constante conflicto con los colonizadores que avanzan y ocupan tierras al interior de dichos territorios.
Por estas y otras razones, la ASP conformada en el Congreso de la CSTUCB de Santa Cruz se fragmenta durante las elecciones de 1997, donde los cocaleros deciden hacer voto cruzado, evitar de esa manera que salga elegido el dirigente de la Federación de Campesinos FSUTCC que representa a las comunidades andinas y en cambio sale elegido por primera vez Evo Morales como diputado.
Mientras tanto, el proceso que tuvo lugar al nivel de las alcaldías donde habían participado los campesinos con sus candidatos propios elegidos a nivel de asambleas provinciales, va tomando forma.

 

Participación Popular y las nuevas jurisdicciones urbano-rurales

Los aspectos centrales de la Ley de Participación Popular promulgada en abril de 1994 se resumen de la siguiente manera:

  1. Define una nueva jurisdicción territorial de los municipios, ampliándola a todo el ámbito de las secciones de provincias. Hasta ese momento, las alcaldías municipales tenían como ámbito los espacios urbanos, mientras que las comunidades rurales caían bajo la jurisdicción de agentes cantonales y corregidores que a su vez estaban bajo la tutela de los subprefectos y tenían muy debil relación con la administración central del Estado. Desde entonces se unifica el espacio urbano y rural en una sola jurisdicción político administrativa y en un solo plan de desarrollo local.

 

  1. Otorga a las alcaldías el 20% de los ingresos del tesoro nacional en calidad de coparticipación tributaria en los impuestos internos, de los cuales el 90% debe ser utilizado en inversión y no puede usarse en gastos corrientes ya que busca “mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano con una más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos” (art.1).
  1. Reconoce la personería jurídica de las “organizaciones territoriales de base llamadas en adelante OTB’s”: “reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país” (art.1).   Dos años después un decreto supremo dispone que se siga reconociendo por su nombre a las comunidades y pueblos indígenas, es decir, que las personerías otorgadas por las prefecturas departamentales deberán especificar si se tratan de comunidades campesinas o indígenas, etc. y no englobarlas bajo el nombre de OTB’s. Las OTB’s eligen un representante por cada distrito o cantón para conformar un Comité de Vigilancia ante el municipio.

 

  1. “Transfiere la infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, microriego, con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla” (art.2, inc.b). La ley de Diálogo Nacional del año 2001 también transfiere los gastos corrientes (personal) de educación y salud que estaban centralizados en la administración del gobierno nacional derivándolos al presupuesto municipal sin que esté claro la forma de financiamiento de los mismos.

 

Desde la corriente ideológica principal del gobierno se planteaba la ley de Participación Popular, en primer lugar, como un instrumento de generalización de la ciudadanía en desarrollo y equidad. Desarrollo concebido desde una perspectiva de equidad ya que se trataba de redistribuir recursos a regiones que apenas habían recibido hasta entonces algún aporte del presupuesto general de la Nación. Se planteaba como parte de una estrategia que apuntaba al “municipio productivo” que, aunque tal concepto nunca llegó a ser aclarado, parecía marchar en el sentido de “urbanizar el campo”, es decir, hacer llegar a las regiones rurales los progresos de la civilización urbana . En segundo lugar, se planteaba que los mecanismos de participación establecidos a través de la ley significaban un claro reforzamiento de la sociedad civil y el poder local (De La Fuente 2001).

En otra vertiente de interpretación desde el mismo gobierno, un importante líder indígena aymara, ex secretario general de la CSUTCB ahora convertido en Vicepresidente de la Nación, Víctor Hugo Cárdenas promovía la ley desde un discurso que invoca la suerte de los pueblos marginados. En su interpretación se estaba pasando “de una democracia del voto a una democracia social, étnica, cultural y económica” cuya  base “es el reconocimiento legal de la personería jurídica de las organizaciones llamadas territoriales de base y que “tras ese reconocimiento legal está la apuesta por la sociedad” (Cárdenas 1997:21-25). Ello no obstaba para que remarcara al mismo tiempo y en el mismo documento: “lo seguiremos diciendo, la democracia que vivimos es una democracia colonial, colonialista, excluyente y el Estado que surge de esa realidad es un Estado colonialista y excluyente”. Un testimonio paradojal que reflejaba una doble presión; la de su cargo y aquella otra presión que partía desde las organizaciones campesinas originarias principalmente aymaras que interpretaron a un principio el ascenso de Cárdenas por un lado, como expresión de sus propias posibilidades de ascenso como ciudadanos asimilados en una sociedad dominada por los criollos y a la vez como posibilidad de reconocimiento de las características propias del aymara como sujeto social colectivo.

 

Mi lectura se basa no tanto en los aspectos retóricos que acompañaban dicha reforma que aparentan ir en el sentido del reconocimiento de lo indígena, como en su significado práctico, el cual anticipamos ya ese mismo año de su promulgación: “En nuestra opinión, las ONGs ya han abierto –consciente o inconscientemente- un amplio margen de acción para que el Estado plantee su control sobre el espacio jurisdiccional que hasta ahora era propio de la comunidad campesina” (Regalsky 1994:161). El mismo Cárdenas plantea que lo que la LPP ha parido es la reconstrucción del “estado local”, es decir, lo que se convertiría en el  mecanismo neutralizador del mini-estado indígena paralelo que ven Carter y Albó (1988) en la comunidad aymara de los años 80.

Las organizaciones campesinas, tanto federaciones departamentales como la misma CSUTCB, inmediatamente interpretaron el proyecto de ley como un intento de socavar las organizaciones y comunidades en sus formas propias de organización y de control del espacio. Lo vieron como un intento de socavar su autonomía e intentaron oponerse a la aprobación del proyecto apenas fue publicitado. Los movimientos sociales se lanzaron contra el proyecto de ley –parte de lo que se denominaba “las tres leyes malditas”: de participación popular, de reforma educativa y de capitalización- y fracasaron, pese a que la convocatoria a bloqueos fue acatada por buena parte de las comunidades campesinas sobre todo en la región cordillerana quechua. Lo único que se logra es negociar cambios en el decreto reglamentario que reconoce el nombre propio de cada una de las organizaciones de base. Desde entonces, una actitud ambivalente de las comunidades deja en confusión a la dirección de sus propias organizaciones matrices que sigue manteniendo el reclamo de derogación de estas leyes en su orden del día hasta principios del siguiente año 1995. Después de su promulgación, muchas comunidades del altiplano y de tierras bajas empiezan entonces a organizarse para obtener la personería jurídica como OTB’s. Inmediatamente después les siguen las comunidades de valle.

Se genera a partir de la puesta en vigor de la LPP una carrera competitiva entre las comunidades que inaugura todo un período de creciente faccionalismo local. En primer término, hay una competencia que se inicia entre comunidades organizadas en sindicatos, ayllus y a veces también por parte de asociaciones y juntas vecinales que pugnan por obtener la personería jurídica y así obtener el reconocimiento, dentro de determinados límites geográficos, respecto a la representatividad relativa a una determinada población, a veces a expensas de otras organizaciones o comunidades. La pugna por la delimitación territorial tanto municipal como entre las mismas organizaciones y comunidades se convierte a la vez en una complicada fuente de conflictos. Las organizaciones territoriales que se reconocían no obedecían a las mismas delimitaciones geográficas que tenían las jurisdicciones administrativas dentro de las cuales eran reconocidas, y aparecen numerosas organizaciones cuyo territorio cae bajo la jurisdicción de dos o más secciones municipales diferentes, inclusive de provincias diferentes. En el caso de tierras bajas en el Oriente boliviano hay territorios indígenas demandados por los pueblos como Tierras Comunitarias de Origen que aparecen repartidos entre 4 provincias (Orellana 1999).

En segundo término se desata una competencia por conseguir “obras municipales” entre comunidades que pertenecen a una misma Central o Subcentral y que son parte de una jurisdicción municipal. Esta competencia intercomunitaria debilita la capacidad de negociación comunitaria y favorece a los vecinos del pueblo donde tiene su asiento la autoridad municipal que logran acceso privilegiado a los escasos recursos municipales. El municipio de Mizque, siempre presentado como el caso modelo de la participación popular, destinó el 90% de sus recursos de inversión al desarrollo de ornato y alcantarillado para los 2000 habitantes del pueblo, mientras que para los restantes 30.000 habitantes de las más de 150 comunidades campesinas quedó el 10% restante (Rivero 2001). Este asunto comienza a complicarse desde 1996, cuando asumen sus funciones las nuevas administraciones municipales en función de la LPP y la ley orgánica de Municipalidades de 1985.

Estos dos temas anteriores, nos llevan al aspecto que nos interesa aquí: el de la vigencia de una jurisdicción propia campesina andina -que existía de hecho y sin reconocimiento legal- y que da lugar a una superposición de jurisdicciones con la nueva administración municipal urbano-rural creada por la LPP. La autoridad comunitaria entra en competencia y en un juego contradictorio de fuerzas con la autoridad municipal. La municipalización del área rural en un diseño urbano-rural único y rígido para todo el país que ya vimos que debilita a las comunidades rurales en los dos aspectos que ya señalamos, trae además a cuestión el tema de la autodeterminación indígena a la que se refiere Cárdenas y que tiene que ver con las implicancias de estas reformas en términos de políticas interculturales. La municipalización y electoralización de la autoridad (en términos de aparición de la mediación obligatoria de los partidos políticos para la elección de autoridades locales) mella la autonomía comunitaria aún cuando los campesinos inmediatamente diseñaron una respuesta en términos de “instrumento político” que intervendría en el escenario electoral a la par de los partidos políticos del “sistema”.

El electoralismo campesino e indígena

Las primeras elecciones municipales bajo este nuevo régimen municipal se realizaron en diciembre de 1995. Para entonces aparece un nuevo actor político, que es el llamado “Instrumento político” organizado por la CSUTCB en marzo de 1995 por resolución del Congreso nacional llevado a cabo en Santa Cruz.
Esto significó un aparente giro de 180º respecto a las posiciones que había asumido la CSUTCB a partir de 1989, cuando se estaba acercando el Quincentenario de la Colonización.

El electoralismo campesino e indígena no era reciente. En las elecciones de 1993 el MNR había incorporado en sus listas a varios candidatos con mucha trayectoria en el movimiento campesino e indígena y esto no hacía más que retomar una tradición movimientista de cooptación de los dirigentes agrarios surgidos en la revolución de 1952. Otro partido componente de la coalición que va a gobernar a partir de 1993, el MBL (Movimiento Bolivia Libre) había incorporado en sus listas a varios representantes indígenas, entre ellos el presidente de la CIDOB , Marcial Fabricano. Las organizaciones campesinas reaccionan y expulsan a dirigentes que se comprometen con partidos sin haber consultado con sus bases en primer término, como sucede en la provincia Campero en 1989. En otras provincias los dirigentes toman distintos caminos a través de toda la variedad de partidos, pero tienen la precaución de consultar primero a las asambleas de sus centrales o comunidades, de una manera más o menos “orgánica”.

Sin embargo, el electoralismo que iba tomando fuerza entre dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas, y el hecho de que varios de ellos estaban afiliados a distintos partidos políticos de los llamados “tradicionales” por esas mismas organizaciones, es un fenómeno diferente y que no se debe confundir con la participación “orgánica” de esas mismas organizaciones en los procesos electorales y, por tanto, con las consecuencias que tiene esa participación. Tampoco puede confundirse con un proceso que lleva mayor profundidad histórica y que es la reestructuración de las formas de autoridad y de organización territorial en el área ocupada por las comunidades andinas que tiene lugar a raíz de la implementación de la LPP. La participación orgánica comienza a tener vigor como resultado del Congreso Campesino realizado en 1995 por la CSUTCB, arriba mencionado.
En los hechos, habrá una combinación de todos estos factores, entre los cuales juega un rol fundamental el desempeñado por la cooptación y el clientelismo político que desarrollan los partidos de la “democracia pactada” al interior de las organizaciones sociales. Pero el clientelismo por sí solo no explica la trascendencia de los cambios que aparecen en el horizonte de las comunidades campesinas andinas. También la participación “orgánica” y los procesos de burocratización que aparecen en consecuencia dentro de las mismas organizaciones campesinas tienen su peso en los cambios.

No sólo se trata de un giro de las organizaciones campesinas, en las direcciones de segundo y tercer grado que en forma orgánica empiezan a intervenir en las campañas electorales. No sólo se trata de que las organizaciones campesinas, que tenían hasta entonces un accionar reivindicativo y en una perspectiva de autodeterminación, que pasan ahora a desempeñarse en campañas electorales donde adquiere peso el componente de “seducción” y “promesa” que implica hacer campaña. Esto supone un vuelco en el tipo de accionar de esas organizaciones y una especie de segmentación interna. Hay un nivel de mayor profundidad histórica que es afectado por la LPP pero que sólo empieza a sentirse una vez pasada la borrachera electoral:

“La LPP ha impactado fuertemente y lo sigue haciendo de forma creciente en las comunidades campesinas, comunidades tradicionales. Ellas más que ningunas otras realidades, junto con las organizaciones de los pueblos originarios del Oriente y del Chaco están siendo impulsadas a integrarse en la nueva sociedad democrática boliviana, a la formación de nuevas formas de ciudadanía. La expresión de la nueva sociedad está todavía en un proceso de definición y transición (o emergencia) desde viejos sistemas de valores y jerarquías sociales, en busca de nuevas formas de integración en su relación con el Estado y la política, y quienes han sido más afectados por estos cambios han sido los campesinos al verse amenazados sus sistemas de organización tradicional, su ordenamiento territorial y sus formas de relación con el Estado vigentes desde 1952.”  (Blanes 1999:3)

A partir de la aparición de los candidatos campesinos a los municipios en 1996 se consolida lo que Blanes considera un “proceso irreversible” que conduce a:

“Enfrentamientos y faccionalismos han existido siempre en las comunidades del altiplano, tanto aymara como quechua. La novedad en el caso de la implementación de la Ley (PP) es la abundancia de situaciones, motivos y oportunidades para ello. El caballo de batalla no son estrategias diferenciadas de desarrollo sino el acceso a obras” (Blanes 2000:69)

En suma, la LPP debilita la autoridad de las comunidades y refuerza el faccionalismo, contribuye así a desarticular la jurisdicción de las comunidades sobre la tierra. De allí que la propuesta contenida en la LPP no sólo se refiere a una modernización en las formas de la administración pública, a la descentralización y a la equidad en el acceso a los fondos públicos. Se relaciona estrechamente a una estrategia de transformación productiva que logre dinamizar la agricultura comercial y desbaratar la agricultura de seguridad alimentaria en base a resolver la relación íntima de las comunidades campesino-indígenas con la tierra: dicho de otra forma, separar los indígenas de su tierra y consolidar lo que el MNR pretendía con la Reforma Agraria de 1953: establecer el capitalismo en el campo.
El campo político de la localidad parecía entonces el terreno fácil hacia el cual era posible derivar las agudas tensiones políticas y sociales de carácter nacional que dejaba planteada la propuesta de autodeterminación nacional de los pueblos originarios. El municipio y sus tentaciones facilita la fragmentación de los movimientos sociales nacionales en cientos de peleas de gallos locales. Paradójicamente, aquí también es donde se concentra con mayor fuerza el desprestigio de los partidos de la democracia pactada por el grado de corrupción que los acompaña.
La respuesta política de las organizaciones campesinas camina sobre un delicado equilibrio con varios peligros. El Instrumento político, inicialmente campesino, ha pasado en 2002 del nivel de la representación local y de la intervención en elecciones municipales a lograr, inesperadamente para todos, un gran peso en el nivel nacional, inclusive llegando a disputar la presidencia de la república en esas elecciones nacionales donde Evo Morales saca un inesperado segundo puesto. Las intromisiones de la embajada norteamericana, que ataca a Morales en forma directa, juegan a favor del candidato campesino.
Ya en ese momento se ha producido un cambio fundamental al interior del Instrumento político organizado por la CSUTCB, ahora conocido solo por sus siglas electorales como MAS. En el lapso ocurrido entre 1997 y 2001 se ha invertido la relación: el MAS deja de ser el brazo político de la CSTUCB, cuyas orientaciones son fijadas en los Congresos Nacionales campesinos. Hasta entonces se podía decir que así como, a nivel local, el poder territorial de las comunidades se ejercía en paralelo al de las instituciones estatales, también dentro del MAS había una especie de poder dual: las organizaciones tenían a nivel territorial sus Direcciones de Instrumento Político que tomaban resoluciones y elegían sus candidatos a las diputaciones y alcaldías, por arriba los funcionarios electos del MAS empezaban a estructurar un partido al estilo autoritario tradicional. Continuamente se daba la tensión entre ambas estructuras, aunque la autoridad personal de Evo ayudaba a consolidar el paulatino predominio del aparato. Ahora las decisiones las toman los ampliados del MAS, compuestos exclusivamente por los diputados, alcaldes y concejales electos y la CSTUCB queda reducido al rol de un participante más pese a ser el principal proveedor de votos. Es más, mientras en las elecciones de 2002 participaron en las listas del MAS y fueron electos al parlamento unos 18 dirigentes indígenas, en cambio en las listas para las ultimas elecciones de 2005 si hubo algún dirigente indígena fue a nivel de suplente como es el caso de Carlos Cuasase en Santa Cruz, mientras solo unos cuantos dirigentes campesinos, aquellos más destacados por su lealtad personal a Evo, consiguen figurar en la lista.

 

Octubre rojo fue el resultado de una agregación molecular a partir de los conflictos locales
Tiene razón Prada (2005) cuando llama la atención sobre el proceso molecular subyacente al paulatino ascenso de las movilizaciones sociales. Poco encuadradas en organizaciones nacionales que ya habían perdido su capacidad de convocatoria, los movimientos indígenas del 2000 y el estallido semiinsurreccional de octubre 2003 aparecen a los ojos poco advertidos como un acontecimiento, como la aparición de la “multitud” (García Linera 2000). En cambio este ascenso y los combates que libran las masas se estructuran sobre bases organizativas locales bien sólidas que se van agregando a medida que la tensión crece, como fue ya evidentes en el caso de la Guerra del Agua de Cochabamba en el año 2000 que deriva en la creación de la famosa Coordinadora del Agua y la Vida. Surgida a consecuencia de ese agregamiento molecular, la Coordinadora canalizó ese proceso con éxito durante varios meses. Una vez que el agregamiento social se detuvo, ya obtenido el objetivo de la movilización (anulación del contrato con la multinacional Bechtel), la coordinadora quedó sólo con el nombre y, claro, la fama.


Los primeros momentos del cataclismo social que derrocó al presidente Sanchez de Lozada en octubre de 2003 estuvieron marcados por conflictos municipales donde la población masivamente destituye al alcalde electo por acusaciones de corrupción y nombra otro en asamblea general, acompañándolo con bloqueos para exigir el reconocimiento de esta nueva designación que viola las normas de elección de autoridades. A la vez se presenta un conflicto encabezado por el dirigente aymara Felipe Quispe “Mallku” que busca liberar a un dirigente de una comunidad lacustre encarcelado porque se había aplicado la justicia comunitaria a dos abigeos. No se salvaron de esta reacción violenta en el nivel local aquellos representantes campesinos que, habiendo sido promovidos a funcionarios de estado por el “Instrumento Político” habían sido luego comprados o corrompidos por agentes del aparato de la “democracia pactada” de los partidos “tradicionales” y se habían pasado al oficialismo como sucede en el caso de la provincia Morochata en Cochabamba.

El accionar del MAS que buscaba ubicarse en el escenario político con el rechazo a la venta del gas a través de puertos chilenos,  organizando marchas pacíficas en diversas ciudades, permite que la movilización social que inicialmente se presenta fragmentada encuentre un punto de unificación en una demanda nacional. Los dirigentes urbanos de La Paz, la federación campesina aymara de La Paz y la COB se negaron a alinearse tras el MAS que pretendía sacar rédito propagandístico de las movilizaciones pero coincidieron en la demanda del rechazo a la venta del gas y a la vez, buscaron sobrepasar el marco en el cual el MAS quería mantener las movilizaciones. La posterior represión en Warisata, una población famosa por haber sido la sede del primer instituto de formación de profesores indigenales y la indignación consiguiente en todo el país permiten vertebrar el movimiento a escala nacional rápidamente. Viene entonces el cerco a La Paz que reedita en el imaginario popular la epopeya de Tupak Katari. La ciudad queda desabastecida, inclusive los organismos de represión carecían de combustible para sus movilidades. La represión militar de las masivas manifestaciones en El Alto con más de 60 muertos sacude al país, se rompe el frente gubernamental y todo ello permite terminar las jornadas en triunfo con la caída del régimen de Sanchez de Lozada.


El Alto es una ciudad obrera con predominio de la actividad “informal” que es la norma del sistema productivo y comercial nacional. Un par de semanas antes de la sublevación, El Alto había albergado una movilización popular contra la imposición de un impuesto municipal que tuvo que ser suspendido. Las organizaciones vecinales de los barrios que albergan miles de pequeños talleres artesanales actúan generalmente junto con las asociaciones de pequeñas comerciantes. Ellas ocupan las calles de la ciudad alteña y se trasladan también al hoyo de La Paz a vender en pequeños puestos que ocupan menos de un metro cuadrado en las veredas y también en plena calle. Otros miles de alteños y alteñas se trasladan semanalmente o diariamente a la hoyada para buscar trabajos temporarios.

Los más afortunados tienen trabajo en alguna de las fábricas que se han instalado en la zona alteña aprovechando la abundancia de mano de obra y la cercanía de las carreteras y el aeropuerto, así como el fácil acceso a las fronteras con Chile y Peru. La COB vivió un ligero despertar durante las movilizaciones de octubre pero la fragilidad de sus estructuras la hizo vacilar inmediatamente después. El liderazgo recayó en la dirección de las juntas vecinales que se asoció a la coordinadora del agua de Cochabamba para iniciar inmediatamente después una lucha por la expulsión de la empresa francesa concesionaria de los servicios de agua.

La crisis de Estado

Pero la movilización popular no explica sola, a secas, la crisis de estado. El hecho es que los de arriba ya no tienen la capacidad de gobernar y los de abajo ya no quieren ser gobernados. La crisis de estado quedó al desnudo en el mal bautizado “febrero negro” que sirvió de prolegómeno a las jornadas de octubre 2003. El enfrentamiento armado entre los grupos especiales de la Policía con la guarnición militar del Palacio de Gobierno del cual debió huir el presidente Goni Sánchez de Lozada estalló a raíz del anuncio del aumento de impuestos a los asalariados. Ya los policías se habían amotinado en 2001 durante las movilizaciones del altiplano a raíz de las condiciones de trabajo y salariales.

El incumplimiento de los convenios firmados en ese entonces y la amenaza de la reducción del salario determinó la rabieta que derivó en decenas de muertos, incluyendo civiles que se sumaron a la rebelión. ¿Qué explica esta condición casi permanente de crisis de estado que vivió Bolivia desde el año 2000 y que recién parece dar un respiro tras las elecciones de 2005 donde triunfa Evo? La explicación corriente es la exclusión y el agravamiento del abismo que separa las dos Bolivias, la Bolivia indígena y la Bolivia urbana mestiza y blanca. Se suma a este elemento histórico la crisis coyuntural causada por la descapitalización del estado generada por las políticas de desnacionalización de la minería, el petróleo, y las empresas nacionalizadas en general que abastecían el prespuesto nacional y proveían de mano de obra en la Bolivia post 52.

La recuperación de los recursos naturales estratégicos desnacionalizados se ve como la condición para la recuperación de esta crisis y esa tarea se le ha encomendado por mandato electoral al gobierno de Evo. Pero hay un elemento más general que corre por detrás de ambos factores –uno histórico-cultural y otro coyuntural económico- ya mencionados. La globalización se anuncia como heraldo de un sistema de dominación imperial y de una transformación en el sistema hegemónico mundial que permitiría al capital superar la crisis del modelo de acumulación resultante del agotamiento del ciclo keynesiano. Sin embargo, la globalización es no solo el intento de superación de la crisis, es también en si misma el anuncio y la consecuencia de la crisis. Implica, como nos explica muy bien Friedman (1998), la crisis de hegemonía de un sistema basado en los estados nación.

Lo explica el hecho de que los capitales, encerrados en la crisálida de las naciones, no ven la manera de conservar tasas de ganancia suficientemente altas. Se ha cerrado el ciclo tecnológico cibernético sin que los anuncios de nuevos ciclos económicos movidos por las innovaciones de la ingeniería genética y la nanotecnología asomen como salida a la crisis de la tasa de ganancia. El único motor de la economía mundial es ahora el recurso de la mano de obra semi esclavizada china que, sin embargo, ya está mostrando signos de rebelión. La caída del salario en los países imperialistas no ha logrado crear condiciones para la reanudación de los ciclos de expansión del capital. Así parece que esta crisis de los estados nación y la creciente consolidación monopólica evidenciaran el anuncio de una crisis civilizatoria global, siendo la dominación mundial de la cultura de coca cola y macdonald’s el canto de cisne de la civilización burguesa nacida de la revolución industrial. Expresada en la ideología del predominio de las libertades individuales por encima del derecho colectivo, la individualización y fragmentación social como modelo de progreso, esa civilización está ahora en cuestión desde afuera y desde adentro.

El resurgimiento de aquellas civilizaciones derrotadas por el capitalismo, la civilización islámica en primer término vivida como un enfrentamiento religioso, y las culturas indígenas de América casi a la vez, vividas más bien como un proceso de recuperación territorial y ambas reclamando la primacía de los derechos colectivos por encima del individuo, son la evidencia indirecta de esta declinación civilizatoria global. Por dentro, la posibilidad de un nuevo ciclo tecnológico basado en la bioingeniería está cuestionada por las propias clases medias de los países imperialistas que lo ven como un peligro para la supervivencia de la vida en el planeta tal como la conocemos. Si este es el caso, estaríamos a las puertas de un proceso de crisis en cadena de los estados nación. Francia recientemente dio una campanada en ese sentido, no entendida por sus dirigentes conservadores, que se niegan a dar una válvula de escape a esta situación a través de las políticas de la interculturalidad cuyo ensayo, hemos visto, fracasó ya en primera instancia en Bolivia. El actual proceso boliviano es, ante quien quiera escuchar y ver, un pre-anuncio de los nuevos tiempos.

Elementos adicionales para ubicar las elecciones de diciembre de 2005

Si tenemos en cuenta el proceso de la crisis de hegemonía que hemos pintado someramente en la sección anterior, quizás sea más fácil entender cómo es que los sectores más reaccionarios de una burguesía latifundiaria, que ya ha empezado a armar sus grupos paramilitares para defender sus tierras malhabidas, pueda haber aceptado con muy débiles protestas la instalación en el gobierno de su peor enemigo, el jefe de los cocaleros. Pero hay un elemento adicional que es necesario también tomar en cuenta para entender lo que hoy está pasando y lo que probablemente pueda suceder en el Palacio Quemado de La Paz y en las calles y los campos y que forma parte de la caracterización que esa burguesía se ha hecho de Evo Morales.

  1. En mayo y junio de 2005 se repitieron las jornadas de octubre de 2003, volvió a instalarse el mismo cerco a La Paz, con el agregado de que esta vez se inició también un cerco a Santa Cruz. El comité civico de Santa Cruz que agrupa a los sectores más fuertes de la burguesía boliviana aliada a las multinacionales petroleras tiene en parte su fuerza del hecho de que en Santa Cruz la población no ha podido aún organizarse. Hay un flujo enorme de población del occidente del país, de las zonas llamadas “collas” por los propios cruceños, proveyendo por un lado mano de obra barata a la agricultura, y asentándose como colonos en tierras situadas al norte de la ciudad. Tambien han afluído a la ciudad y a su conurbano miles de pequeños comerciantes paceños y cochabambinos constituyendo una especie de “clase media” colla en medio de la urbe cruceña. Estos sectores empezaron a movilizarse en 2005: los colonos del norte de Santa Cruz establecieron un bloqueo de carreteras que tuvo aislada la ciudad del resto del país. Peor aún, por el lado sur sus exportaciones se vieron también bloqueadas, esta vez por las organizaciones de la Asamblea del Pueblo Guaraní que reclaman la creación del 10° departamento que se escindiría de Santa Cruz formando el Gran Chaco. Estos desafíos ya empezaron a alarmar a esta burguesía acostumbrada a la prepotencia e incluso al genocidio de cualquier pueblo que se le ponga por delante. ¿Quién ayudó a superar el susto? Nada menos que Evo. Cuando la movilización se ponía más fuerte demandando la inmediata nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la asamblea constituyente, incluso llegando a la ocupación de los pozos petroleros en Santa Cruz, fue justamente el dirigente cocalero el que planteó el adelantamiento de las elecciones y la renuncia de Carlos Mesa. Esta propuesta fue rechazada por el resto de los sectores populares, pero ya la demanda hecha por Evo y el MAS había dado una salida que los sectores más lúcidos del sistema inmediatamente tomaron, con el apoyo militante de la Iglesia Católica y la prensa. De esa manera la movilización termina diluyéndose sin conseguir sus objetivos, pues un gran sector de la población acepta el planteo: llevaremos a Evo al gobierno y solucionamos los problemas. Se abre entonces la posibilidad de que el sistema político se reagrupe y relegitime sus instituciones en las elecciones generales. Este es un importante aspecto a resaltar del resultado del 18 de diciembre. Por un lado, hay el tremendo y conmovedor hecho que vimos en Tiwanaku: la simbología aymara con la que se rodea la subida al gobierno del primer presidente indio de America. Pero la otra cara de la medalla es la recomposición del sistema político, la recuperación de la confianza de una gran masa del pueblo en las instituciones de la democracia burguesa. Y esa es la razón por la cual los sectores más reaccionarios del empresariado mafioso cruceño estuvieron dispuestos a recibir en su sede y con aplausos, el 3 de febrero de 2006, a quien fuera su enemigo jurado.

Esto no disminuye la importancia de los resultados electorales de diciembre 2005. Son el reflejo del terremoto que viene sacudiendo aquellos estados naciones construidos durante el siglo XIX por las burguesías criollas sobre territorios conquistados militarmente. Hay un ciclo de hegemonía que parece estar llegando a su fin. Si bien el propio gobierno de Evo puede resultar siendo parte de la receta “multicultural” para prolongar la agonía de estos regímenes, el propio carácter del remedio puede también significar un trago amargo para los sectores dominantes. El gobierno de Evo está hoy en la cuerda floja puesto que los movimientos sociales a quienes quiso subordinar a través del MAS han recuperado cierta iniciativa con la consolidación del “Pacto de Unidad de las organizaciones indígenas y originarias” en la cumbre social que se realizó en la ciudad de Santa Cruz este 15 al 17 de febrero de 2006. El hecho  importante es que la marcha de los indígenas por la recuperación de su territorio está lejos de haber sido interrumpida, y hoy han decidido acometer tareas muy complicadas, como las que plantea la próxima Asamblea Constituyente a punto de ser convocada.

 

Bibliografía

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1986                                  The Ethnic Origin of Nations. Oxford: Blackwell.

CENDA, Cochabamba. Email <pabloa@albatros.cnb.net>

Esto tiene que ver con la formulación de la estrategia global de “lucha contra la pobreza”, en este caso del PNUD, que basa sus indicadores de medición en parámetros de tipo urbano.

Confederación Indígena del Oriente Boliviano, que agrupa a las etnias de tierras bajas, poco numerosas pero de gran peso político durante la época de las reformas a las que nos estamos refiriendo.

 



 


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09-08-2006 - ANTE PROYECTO: NUEVA LEY DE EDUCACIÓN - “AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PEREZ”

29-06-2006 - Referéndum antes de la Asamblea Constituyente - La reglamentación de la Reforma Constitucional: Ley de gobiernos departamentales y los Estatutos de autonomía 41 UNITARISMO, FEDERALISMO

05-11-2005 - Ciudadania etnico cultural - Xavier Albo

15-06-2005 - Autonomías indígenas y estado multicultural Una lectura de la descentralización regional a partir de las identidades culturales.- Álvaro García Linera - FES-ILDIS

18-02-2005 - TERRITORIOS INDÍGENAS EN COLOMBIA-Teoria y práctica - Juan Houghton

15-02-2005 - LA DEMANDA AUTONOMISTA Y LA CONCENTRACION DE LA PROPIESTAD DE LA TIERRA EN EL ORIENTE BOLIVIANO.- Miguel Urioste - Febrero 2005 - Director Fundación Tierra

 

 

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