José de la Fuente Jeria
Son múltiples los factores para un resultado de proporciones casi catastróficas para la suerte inmediata y de largo plazo del país, tanto porque en su fracaso habrían intervenido las principales instancias y mecanismos políticos nacionales, cuanto que si así fuese se cerraría la posibilidad de afrontar la grave crisis estatal que nos llevó a plantearnos su realización, como la única alternativa democrática y de conjunto para intentar una impostergable reorganización estatal de fondo.
Es difícil ponderar los errores políticos que se sucedieron para llevarnos al virtual colapso de la constituyente, pero a riesgo de equivocarse debemos identificarlos y ser consecuentes con nuestras ideas. Esos errores, tomando en cuenta el peso de la responsabilidad de cada actor y la capacidad de decisión política en juego, de lejos los principales fueron los cometidos por el partido de gobierno. Primero, porque no se explica de otra manera que el MAS, con semejante respaldo político electoral nacional y una aplastante mayoría de constituyentes no pueda gobernar y conducir la Asamblea Constituyente hacia una reforma total de la Constitución Política, condición esencial del cambio ofrecido y exigido mayoritariamente con su voto por el pueblo boliviano.
Segundo, porque, la verdad es que los operadores políticos gubernamentales se equivocaron desde un principio por exceso de confianza y coqueteo político, como cuando fijaron en la ley de convocatoria el famoso criterio de aprobación de 2/3 –inexistente en ninguno de los procesos constituyentes cercanos al país– que vulnera el elemental principio democrático del predominio de las mayorías sobre las minorías. Idéntico traspié fue lo sucedido con la ilegal declaratoria de vinculante de los resultados del referéndum autonómico respecto de la Asamblea –instancia soberana y máxima autoridad legislativa– y, lo que ya no sólo fue un error de comprensión del proceso sino también de cálculo político, haber regalado la bandera de las autonomías pese a tratarse de un histórica reivindicación del movimiento indígena y un extendido sentimiento nacional.
Sin embargo, descontando semejantes despropósitos de inicio, los posteriores errores en la conducción de la Asamblea todavía son mayores por sus consecuencias, como cuando por falta de comprensión del proceso de reforma constitucional y exceso de discurso se hizo cuestión de estado en la declaratoria de originaria y fundacional, siendo que la asamblea está constitucionalmente investida de la atribución de una reforma total.
Todavía fue peor, cuando luego de dos virtuales acuerdos políticos al interior de la asamblea respecto del fundamental art. 70 del procedimiento legislativo, no pudo concretárselos por falta de la elemental comprensión de que la constituyente es por principio una asamblea nacional que apunta a una reforma constitucional para todos y que la perspectiva de un monólogo masista dentro de la constituyente era inviable para ellos mismos.
Pero si remarcamos los errores de la principal fuerza política del país, tampoco podemos dejar de apuntar que, en descargo, el oficialismo tuvo en la oposición una descarnada actitud retrógrada y reaccionaria, particularmente del principal grupo opositor. La oposición, en sus distintas variedades, está lejos de entender el monumental mensaje de cambio expresado en las urnas y puso todas sus fuerzas en sabotear el desarrollo de la constituyente.
Posiciones típicamente conservadoras que se resisten a comprender lo elemental de que la urgencia de cambio es del país y su Estado o que, si el proceso está dirigido por un líder social es porque los tradicionales grupos de poder fracasaron en esenciales responsabilidades estatales, al medio de un obcecado entreguismo e ilimitada corrupción.Tales son sus dificultades para comprender los cambios políticos sucedidos en los últimos cinco años, que se resisten a valorar la Asamblea Constituyente como la legítima coronación de un lustro de intensas movilizaciones sociales y reclamos étnicos por una reconfiguración estatal que corrija la histórica exclusión de indígenas y campesinos, la injusta distribución de tierras y de elementales servicios públicos, la ineficiente y corrupta mediación de los partidos políticos, etc.
La miopía llega al extremo de no entender que saboteando la Asamblea Constituyente están cerrando el único camino a una salida democrática y pacífica a la crisis, arraigándola y volviéndola cada vez más violenta. Al sabotearla se ponen a la tarea ignominiosa, reaccionaria y antihistórica de impedir el debate democrático de una inaplazable reforma estatal que todos necesitamos para volver a creer en un destino común.
Salvar la denostada Asamblea Constituyente es un imperativo ciudadano, que debe estar por encima de cualquier criterio político partidario. O, nos preguntamos, ¿alguien cree seriamente que hay otro escenario democrático para resolver la cuestión de las autonomías, con todas sus implicancias para la organización estatal en su conjunto? Cuando por el contrario, colapsar la constituyente, aparte de dar razón a los grupúsculos reaccionarios y racistas, significará para el gobierno perder su apuesta estratégica más importante.
También, que la oposición, cerrando la posibilidad de un cambio en democracia, pierda la oportunidad de recuperar legitimidad en los distintos y mayoritarios colectivos étnicos y sociales, donde hoy es casi un insulto. Y, finalmente, que todos los ciudadanos, sin alternativas democráticas de participación tengamos que asumir el atroz desafío de dirimir la situación en las calles.
Queda algo de tiempo, pero puede escurrirse fácilmente… la historia lo dirá
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